Los obispos alemanes aplazan la solución sobre los consultorios católicos para mujeres que quieren abortar

Los obispos alemanes aplazan la solución sobre los consultorios católicos para mujeres que quieren abortar

 

Han presentado al Papa una propuesta, que no han hecho pública

 

            Sigue pendiente la solución al problema de los consultorios católicos alemanes para mujeres que se plantean el aborto. Los obispos tenían que hallar una salida para que esos centros siguieran asesorando a las embarazadas, pero sin expedir el certificado exigido por la ley para que se pueda abortar (ver servicio 20/98). En su asamblea plenaria de la semana pasada, la Conferencia Episcopal adoptó una propuesta, que no ha hecho pública, y la ha remitido al Papa para que decida.

            La ley alemana exige a la mujer que desea abortar someterse a un asesoramiento previo. Este paso debe hacerle ver que el derecho del hijo a la vida le impone continuar con el embarazo a no ser que esto le suponga un sacrificio superior al exigible. La consulta ha de servir también para informar a la madre de las ayudas económicas y sociales disponibles para llevar a término la gestación. Pero la mujer no está obligada a colaborar con los asesores, mientras que estos tienen que facilitarle un certificado de que ha realizado la consulta. Con ese documento, la mujer puede abortar legalmente. En la práctica, pues, el asesoramiento puede muy bien ser un mero trámite, y el aborto es libre (dentro de los tres primeros meses).

            El asesoramiento ha de llevarse a cabo en centros oficialmente reconocidos. Cuando se instituyó el sistema, la Iglesia católica -al igual que la evangélica- decidió poner sus propios consultorios, autorizados por el Estado, a fin de contribuir a evitar abortos. Pero, dadas las condiciones legales del asesoramiento, se planteaba si los consultorios católicos no estarían siendo cómplices de abortos al dar certificados. Por este motivo, un obispo -Mons. Johannes Dyba, de Fulda- decidió que los consultorios de su diócesis no expidieran el documento, lo que suponía sacarlos de la red de centros reconocidos. Pero entonces, según la opinión de otros obispos, la Iglesia perdía la oportunidad de persuadir a las mujeres que acudían al asesoramiento con la decisión de abortar ya tomada.

            Los obispos realizaron consultas con la Santa Sede para resolver este dilema. Finalmente, el año pasado, Juan Pablo II les envió una carta en que les invitaba a buscar una solución para que los consultorios católicos dejaran de expedir el certificado. La razón, explicaba la carta, es que “existe una ambigüedad que oscurece la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia y de sus consultorios”. La cooperación al aborto que prestan estos consultorios -de hecho y contra su intención, precisaba el Papa- es motivo de escándalo, añadía la carta. A la vez, el Papa subrayaba que la solución que se adoptara debía permitir a la Iglesia seguir asesorando a las embarazadas que buscan ayuda.

            A raíz de la carta del Papa, los obispos alemanes se dieron un año para encontrar una salida. Decidieron constituir una comisión que estudiara el asunto y propusiera una solución. La comisión entregó su dictamen -que no se hizo público- en enero pasado. Finalmente, la Conferencia Episcopal adoptó por mayoría la decisión que ha remitido al Papa. Según Mons. Karl Lehmann, presidente de la Conferencia, se ha actuado así “no sólo por delicadeza, sino porque, en definitiva, es el Papa quien debe decidir”.

            No se sabe en qué consiste la propuesta, pero Mons. Lehmann dijo que “la mayoría de los obispos desea seguir en el sistema actual”. Se cree, pues, que la solución preferida consiste en dar a la mujer un documento donde se diga que ha tenido lugar la consulta y, además, otro papel: una lista de los derechos que le asisten y de todas las ayudas con las que puede contar. Al parecer, eso es lo que propuso la comisión.

            Si tal fuera la solución adoptada, el objetivo sería que los consultorios católicos siguieran dentro de la red de centros reconocidos, para no perder la ocasión de aconsejar a las mujeres que quieren abortar. La duda es si ese documento sería un verdadero certificado que permitiera abortar. Algunos políticos han advertido que, si no lo fuera, los consultorios católicos perderían su reconocimiento oficial. Por otro lado, hay obispos que creen, según se ha dicho, que expedir el documento perpetuaría la confusión actual y no sería realmente una solución, sino que equivaldría a dejar las cosas como están.

            Ahora falta la respuesta del Papa para que los obispos decidan de forma definitiva. Pero, según parece, hay división de opiniones entre los obispos sobre un punto. Unos creen que la decisión final -adoptada de acuerdo con la Santa Sede- ha de ser única para todos, mientras que, según otros, cada obispo debe resolver, también a tenor de lo que di-ga el Papa, qué hacer en su diócesis.

            Cualquiera que sea la decisión final, el mismo planteamiento del dilema incomoda a muchos, políticos en especial, que preferirían que el aborto no fuera motivo de polémica y el sistema continuara funcionando sin ruido. La difícil reflexión de los obispos no afecta sólo a la Iglesia católica: ha servido para remover las aguas, que es lo último que algunos quisieran.

Con informaciones de José Gabriel de la Rica desde Essen.

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