Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y
DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

 

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Versión 14 de mayo de 2008.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sexualidad y la capacidad reproductiva son manifestaciones consustanciales a la
naturaleza humana y cauce de expresión y afirmación de la propia persona. Hoy existe
un amplio consenso expresado en distintos instrumentos internacionales acerca de la
contribución esencial de ambas al bienestar individual de las personas y en
consecuencia sobre la necesidad de que los poderes públicos integren la atención a
estas áreas en las políticas públicas de salud.
El desarrollo de la sexualidad y de la capacidad de procreación está directamente
vinculado a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad y es
objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de
aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar.
La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos
y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito
esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no
interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones
para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo
precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.
La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación
para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad, son hechos que afectan
profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos
de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de
manifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas,
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de
diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que “Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se
refieren a la planificación de la familia.”. Posteriormente, la Plataforma de Acción de
Beijing, acordada por 189 países en la IV Conferencia mundial sobre la mujer
celebrada en 1995, ha reconocido que “los derechos humanos de las mujeres incluyen
el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad,
incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”.
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la
Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta
materia en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los
Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y
educación sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación
de la enorme desigualdad que sufren las mujeres europeas en el acceso a los
servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del
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embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Convención sobre los Derechos de las
Personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España, que
dispone la obligación de los Estados Partes la obligación de respetar “el derecho de
las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el
número de hijos que quieren tener […] y a tener acceso a información, educación
sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan los
medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”, así como que
“mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás”
La finalidad de la presente Ley es adecuar nuestro marco normativo al consenso de la
comunidad internacional en esta materia, mediante la actualización de las políticas
públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y
reproductiva. La ley parte de la convicción, avalada por el mejor conocimiento
científico, de que una educación sexual adecuada, la mejora del acceso a métodos
anticonceptivos y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y
reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes,
las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos.
La Ley pretende abordar la protección y garantía de los derechos relativos a la salud
sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las
definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud
reproductiva y prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el
ámbito sanitario como en el educativo. Establece asimismo una nueva regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal y que, siguiendo la pauta
más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural, busca garantizar
adecuadamente los derechos de autonomía y libertad de las mujeres sin descuidar el
interés en la protección de la vida prenatal.
II
El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas
relaciones ha de regular, procurando siempre que la innovación normativa genere
certeza y seguridad en sus destinatarios, pues la libertad sólo encuentra refugio en el
suelo firme de la claridad y precisión de la ley. Ese es el espíritu que inspira la nueva
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problemas social de los abortos
clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y
atendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los
derechos de las mujeres en relación con la maternidad, despenalizó en ciertos
supuestos la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma del Código Penal
supuso, ciertamente, un avance al posibilitar el acceso a las mujeres a un aborto legal
y seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave
peligro para la vida o la salud psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera
consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves
malformaciones físicas o psíquicas en el feto. A lo largo de estos años, sin embargo, la
aplicación de la ley ha generado incertidumbres y falta de seguridad, con
consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para la
eficaz protección del bien jurídico penalmente tutelado.
En un ámbito tan singular como éste, la ley debe extremar la claridad y precisión con
el fin de que la autonomía personal en la toma de decisiones sobre la propia persona,
quede salvaguardada del error o la incertidumbre. La necesidad de reforzar la
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seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido
enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de
marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que “en este tipo de situaciones las
previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la
posición jurídica de la mujer embarazada” y, por otro lado, que “un vez que el
legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que
se limiten las posibilidades reales de obtenerlo”.
En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco
de opciones abierto por la Constitución, desarrollar los derechos fundamentales de
acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. La
experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente, el avance del
reconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres, tanto en el ámbito
público como en su vida privada, así como la tendencia normativa imperante en los
países de nuestro entorno, abogan por una regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadas
tanto la autonomía de las mujeres, como la eficaz protección del bien jurídico
representado por la vida prenatal. En este sentido, la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, ha declarado el derecho
de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y
a la libre disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última de
recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha
invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de
gestación razonables.
Teniendo en cuenta el marco constitucional, la Ley ha armonizado los derechos y
bienes en juego, estableciendo unas condiciones para la práctica de la interrupción
voluntaria del embarazo progresivamente más exigentes a medida que avanza el
período de gestación.
Se ha optado así, por un modelo en el que dentro de las primeras catorce semanas, se
garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la
interrupción del embarazo, sin participación de terceros, porque en esa fase de la
gestación prevalece el derecho de autodeterminación de las mujeres. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través
de políticas activas de apoyo al embarazo y la maternidad a las que pueda tener
acceso la mujer embarazada. La tutela del interés en la vida prenatal se articula a
través de la voluntad de la mujer embarazada y no frente a ella, facilitando que la
decisión sea adoptada con toda la información relevante sobre las ayudas y
prestaciones de apoyo al embarazo y la maternidad y tras un plazo de al menos tres
días, una vez se le ha hecho entrega de esa información por escrito y en sobre
cerrado. La Ley garantiza así la neutralidad de esa información y que su entrega se
realice en un ambiente exento de presión para la mujer.
Junto a la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer, la Ley prevé
ciertos supuestos de interrupción por causas médicas cuando, dentro de las primeras
veintidós semanas, exista un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer
embarazada o un riesgo de graves anomalías en el feto, y después de las 22
semanas, sólo será posible cuando se diagnostiquen en el feto anomalías
incompatibles con la vida ó una enfermedad extremadamente grave e incurable en el
momento del diagnóstico. Estos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo de
carácter médico, se regulan con las debidas garantías a fin de acreditar con la mayor
seguridad posible la concurrencia de la indicación. A tal fin se exige, con carácter
general, que así conste dictamen emitido por dos médicos especialistas, salvo que se
trate de una enfermedad extremadamente grave e incurable, supuesto en el que el
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nivel de garantías se eleva al exigir que sea un comité clínico pluridisciplinar quien tras
la confirmación del diagnóstico autorice a la vista del caso la interrupción del
embarazo.
La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a la
prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo y a la protección de la
intimidad y confidencialidad de las mujeres. Con estas previsiones legales se pretende
dar solución a los problemas de inequidad en el acceso y vulneración de la intimidad a
que había dado lugar el actual marco regulador.
Se ha dado nueva redacción a algunos apartados del artículo 145 del Código Penal,
con el fin por un lado de dar carta de naturaleza a la situación de inexigibilidad de otra
conducta que concurre en la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los
casos permitidos por la Ley, mediante la previsión de la posibilidad de reducción de
pena en los casos en que así lo aprecie razonadamente el juez o tribunal. Por otro
lado, se ha introducido la penalidad correspondiente de las conductas de quienes
practican una interrupción del embarazo, dentro de los casos contemplados por la ley,
pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella.
Finalmente, se ha dado una nueva redacción a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente con el fin de que la prestación del
consentimiento para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo se sujete
al régimen general previsto en esa Ley.
III
La Ley se estructura en un Título preliminar, dos Títulos, una disposición adicional, una
disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El Título Preliminar establece el objeto, las definiciones, los principios inspiradores de
la Ley y proclama los derechos que garantiza.
El Título Primero, bajo la rúbrica “De la salud sexual y reproductiva, se articula en
cuatro capítulos en los que se fijan los objetivos y medidas de las políticas públicas en
materia de salud sexual y reproductiva. El capítulo II contiene las medidas en el ámbito
sanitario y el capítulo III se refiere a las relativas al ámbito educativo. El capítulo IV
tiene como objeto la previsión de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva como instrumento de colaboración de las distintas
administraciones públicas para el adecuado desarrollo de las políticas públicas en esta
materia.
En el Título Segundo se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del
embarazo y las garantías en el acceso a la prestación.
La disposición adicional única mandata que la Alta Inspección verifique el
cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley.
La disposición derogatoria deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido en
el Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fue
mantenida por el Código Penal de 1995.
La disposición final primera da nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4 del artículo
145 del Código Penal y la disposición final segunda modifica el apartado cuarto del
artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
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del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica. Finalmente, las restantes disposiciones finales se refieren al fundamento
constitucional de la Ley, su carácter, la habilitación al Gobierno para su desarrollo
reglamentario y a la entrada en vigor que se fija en cuatro meses desde su
publicación, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su plena
aplicación.
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
Constituye el objeto de la presente ley orgánica garantizar en un entorno libre de
coerción, discriminación y violencia, los derechos fundamentales en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del
embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.
b) Salud sexual: el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado
con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y
violencia.
c) Salud reproductiva: la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en
los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se
pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo
tenerlos.
Artículo 3.- Principios y ámbito de aplicación.
1. En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas
las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida
sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de
las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes.
2. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida.
3. Ninguna persona podrá ser privada del acceso a las prestaciones y servicios
previstos en esta Ley por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u
opinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
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4. Los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a
cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía
de la salud sexual y reproductiva.
Artículo 4.- Garantía de la equidad.
En el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección, el Estado velará por la
equidad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema
Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley.
TÍTULO PRIMERO
DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CAPITULO I
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Artículo 5.- Objetivos de la actuación de los poderes públicos.
1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y
sociales promoverán:
a) Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito
de la salud sexual y la adopción de programas educativos especialmente
diseñados para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales.
b) El acceso universal a la información y la educación sexual.
c) El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva.
d) El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad.
e) La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las
personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará su derecho a
la salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos necesarios en
función de su discapacidad.
2. La promoción de la salud sexual y reproductiva en el ámbito sanitario irá dirigida a:
a) Proporcionar educación sanitaria integral y con enfoque de género sobre salud
sexual y salud reproductiva.
b) Promover la corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la
orientación sexual.
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c) Proporcionar información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que
prevenga los embarazos no deseados y las enfermedades e infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH.
Artículo 6.- Acciones informativas y de sensibilización.
Los poderes públicos desarrollarán acciones informativas y de formación sobre salud
sexual y salud reproductiva, con especial énfasis en la prevención de embarazos no
planificados, dirigidas, principalmente, a la juventud y colectivos con especiales
necesidades.
CAPITULO II
MEDIDAS EN EL ÁMBITO SANITARIO
Artículo 7.- Atención a la salud sexual y reproductiva.
Los servicios públicos de salud garantizarán:
a) La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de
estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible.
b) El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la
reproducción, proporcionando métodos anticonceptivos adecuados a cada
necesidad.
c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas
durante el embarazo, el parto y el puerperio.
d) La atención perinatal, centrada en la familia y en el desarrollo saludable.
Artículo 8.- Formación de los profesionales de la salud.
La formación de los profesionales de la salud se abordará con un enfoque de género
e incluirá:
a) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares
de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud.
b) La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva.
c) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo
largo del desempeño de la carrera profesional.
CAPITULO III
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Artículo 9.- Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al
sistema educativo.
El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva,
incluyendo un enfoque integral que contribuya a:
a) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial atención a la
prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales.
b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
c) El desarrollo armónico de la sexualidad.
d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y
especialmente la prevención del VIH
e) La prevención de embarazos no planificados.
Artículo 10.-Actividades formativas.
Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de
actividades formativas relacionadas con la educación sexual, la prevención de
infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados, facilitando
información adecuada a los padres y las madres.
CAPITULO IV
ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Artículo 11. Elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva.
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley el Gobierno, con las
Comunidades Autónomas aprobará un Plan que se denominará Estrategia Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades
científicas y profesionales y las organizaciones sociales.
La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional
de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales
necesidades.
La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de
evaluación bienal que permita la valoración de resultados y en particular del acceso
universal a la salud sexual y reproductiva.
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TÍTULO II
DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
CAPÍTULO I
CONDICIONES DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
Artículo 12.- Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Se reconoce y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las
condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el
modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la
mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad
ideológica y a la no discriminación.
Artículo 13.- Condiciones comunes de obligado cumplimiento.
Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:
Primero. Que se practique por un médico o bajo su dirección.
Segundo. En centro público o privado acreditado.
Tercero. Con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su
caso, del representante legal.
Este consentimiento se prestará de conformidad con lo establecido en la normativa
legal sobre autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Podrá prescindirse del consentimiento expreso
en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante si ésta no se encuentra en
condiciones de prestarlo.
Artículo 14. – Interrupción del embarazo a petición de la mujer.
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación
a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:
a) Que se haya entregado a la mujer embarazada información por escrito y en sobre
cerrado, relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la
maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17
de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, entre la entrega de la
información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.
Artículo 15. – Interrupción por causas médicas.
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
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a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave
riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido
con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la
practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá
prescindirse del dictamen.
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo
de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a
la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un
dictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas, distintos del que
practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad
extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un
comité clínico, al que corresponderá en este caso autorizar la interrupción a solicitud
de la embarazada.
Artículo 16.- Comité clínico.
1. El comité clínico al que se refiere el artículo anterior estará formado por un equipo
pluridisciplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o
expertos en diagnóstico prenatal, uno de ellos elegidos por la mujer, un pediatra y un
psicólogo clínico.
2. El comité deberá pronunciarse sobre la solicitud de la intervención con carácter
urgente. La mujer tendrá derecho a ser escuchada. Confirmado el diagnóstico,
procederá la intervención cuando el comité así lo autorice.
3. En cada Comunidad Autónoma habrá al menos un comité clínico en un centro de la
red sanitaria pública. Los miembros designados por las autoridades sanitarias
competentes, lo serán por un plazo no inferior a un año.
4. No podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a la
práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Artículo 17.- Contenido de la información previa al consentimiento de la
interrupción voluntaria del embarazo.
1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción
voluntaria del embarazo recibirán con carácter previo a la prestación de su
consentimiento, información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo,
las condiciones para la interrupción previstas en esta ley y las condiciones para su
cobertura por el servicio público de salud correspondiente.
2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en
el artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá la siguiente
información:
a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura
sanitaria durante el embarazo y el parto.
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b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones
y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios
fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.
c) Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre
anticoncepción y sexo seguro.
d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente
asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.
Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en
los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la
información en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de la
fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada
reglamentariamente por el Gobierno.
3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b del artículo 15 de
esta Ley, la mujer recibirá además de la información prevista en el apartado primero
de este artículo, información por escrito y en sobre cerrado sobre los derechos,
prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas
con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia
social a estas personas.
4. La información prevista en este artículo será clara, comprensible, accesible a todas
las personas con discapacidad y neutral.
CAPÍTULO II
GARANTÍAS EN EL ACCESO A LA PRESTACIÓN
Artículo 18.- Garantía del acceso a la prestación.
Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias,
aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de
la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos
establecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 19.- Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud
1. Con el fin de asegurar la equidad y calidad asistencial de la prestación a la
interrupción voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentes
garantizarán los contenidos básicos que el Gobierno reglamentariamente determine.
Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con
independencia del lugar donde residan.
2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en
centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.
Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la
prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a
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acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito
de asumir directamente el abono de la prestación.
3. Las intervenciones contempladas en la letra c del artículo 15 de esta Ley se
realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública.
Artículo 20- Protección de la intimidad y confidencialidad.
1. Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo asegurarán la
intimidad de las mujeres y la confidencialidad de sus datos de carácter personal.
Con este fin establecerán los mecanismos apropiados de automatización y
codificación de los datos de identificación de las pacientes atendidas, en los términos
que reglamentariamente se determinen.
Los datos de identificación comprenderán, el nombre, los apellidos, el domicilio, los
datos telefónicos y de correo electrónico y cualquier documento que revele su
identidad, física o genética.
2. Los centros prestadores del servicio deberán acreditar la existencia de sistemas de
custodia activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantar
medidas de protección máxima para el tratamiento de los datos de carácter personal.
Artículo 21.- Tratamiento de datos.
1. En el momento de la solicitud de información sobre la interrupción voluntaria del
embarazo, los centros, sin proceder al tratamiento de dato alguno, habrán de informar
a la solicitante que los datos identificativos de las pacientes a las que efectivamente
se les realice la prestación serán objeto de codificación y separados de los datos de
carácter clínico asistencial.
2. En el momento de la primera recogida de datos de la paciente, se le asignará un
código que será utilizado para identificarla en todo el proceso.
3. Los centros sustituirán en la historia clínica de la paciente sus datos identificativos
por el código, de forma que no pueda producirse, con carácter general, el acceso a los
mismos.
Artículo 22.- Acceso y cesión de datos de carácter personal.
1. El acceso a los datos codificados de la historia clínica de la paciente únicamente
será posible en los casos previstos en las disposiciones legales reguladoras de los
derechos y obligaciones en materia de documentación clínica. Este acceso se
realizará mediante autorización expresa del órgano competente en la que se motivarán
de forma detallada las causas que la justifican y se limitará a los datos estricta y
exclusivamente necesarios.
2. No será posible el tratamiento de la información por el centro sanitario para
actividades de publicidad o prospección comercial. No podrá recabarse el
consentimiento de la paciente para el tratamiento de los datos para estas actividades.
Artículo 23.- Cancelación de datos.
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1. Los centros que hayan procedido a una interrupción voluntaria de embarazo
deberán cancelar de oficio la totalidad de los datos de la paciente una vez
transcurridos cinco años desde la fecha de alta de la intervención. No obstante, la
documentación clínica podrá conservarse cuando existan razones epidemiológicas, de
investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, en
cuyo caso se procederá a la cancelación de todos los datos identificativos de la
paciente y del código que se le hubiera asignado como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo anterior.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio por la
paciente de su derecho de cancelación, en los términos previstos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Disposición adicional única. De las funciones de la Alta Inspección.
El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del
cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta ley en todo
el Sistema Nacional de Salud. A tal efecto el Ministerio de Sanidad y Política Social
elaborará un informe anual de situación en cada servicio de salud que se presentará al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Disposición derogatoria única. Derogación del artículo 417 bis del código penal.
Queda derogado el artículo 417 bis del texto refundido del Código Penal publicado por
el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, redactado conforme a la Ley Orgánica
9/1985, de 5 de julio.
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
1. El apartado 2 del artículo 145 del Código Penal queda redactado de la forma
siguiente:
“2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo
cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de
multa de seis a veinticuatro meses.”
2. Se añaden los apartados 3 y 4 al artículo 145 del Código Penal, que tendrán la
siguiente redacción:
“3. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación
especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a
dos años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique una
interrupción del embarazo sin dar cumplimiento a alguno de los requisitos
siguientes:
a) haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a
los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad;
b) haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación;
c) contar con los dictámenes previos preceptivos;
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d) practicado en centro acreditado.
4. La embarazada no será penada a tenor del apartado anterior de este
precepto ni cuando se incumpla el requisito de ejecutar la interrupción del
embarazo en un centro público o privado acreditado.”
3. Se suprime el inciso “417 bis” de la letra a) del apartado primero de la disposición
derogatoria única.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía de paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.
El apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, tendrá la siguiente redacción:
“4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana
asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de
edad y por las disposiciones especiales de aplicación”
Disposición final tercera. Carácter orgánico.
La presente Ley Orgánica se dicta al amparo del artículo 81 de la Constitución.
Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, el Título I, el capítulo II del Título II, la
disposición adicional única y las disposiciones finales segunda, cuarta y quinta no
tienen carácter orgánico.
Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Gobierno aprobará o modificará las disposiciones reglamentarias necesarias para
la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
En tanto no entre en vigor el desarrollo reglamentario referido, mantiene su vigencia
las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La ley entrará en vigor en el plazo de cuatro meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
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