Irlanda: el aborto, en el centro del debate político

Irlanda: el aborto, en el centro del debate político

El gobierno va a buscar una fórmula que permita consultar al pueblo la posible legislación

 

            Desde 1983, la cuestión del aborto ocupa un lugar destacado en la agenda política irlandesa. Tras dos referendos y una sentencia del Tribunal Constitucional, el problema ha quedado en una ambigüedad que no satisface ni a partidarios ni a adversarios de la legalización. Tras la publicación el pasado septiembre del informe encargado a una comisión de estudio, que ha sugerido diversas posibilidades legales, el gobierno deberá tomar la iniciativa.

            El aborto nunca ha sido legalizado en la República de Irlanda. En 1983 los irlandeses aprobaron por una mayoría de dos tercios una enmienda constitucional en la que “el Estado reconoce el derecho a la vida del niño no nacido, teniendo en cuenta el mismo derecho de la madre a la vida”.

            En 1992, una chica de 14 años, que había quedado embarazada y que alegó haber sido violada, aseguró que se suicidaría si no se le permitía abortar. Este caso límite fue utilizado como palanca para cambiar la legislación. El caso llegó al Tribunal Supremo, el cual dictaminó que “si se establece la probabilidad de que existe un riesgo real e importante para la vida -y no tan sólo para la salud- de la madre, que sólo puede ser evitado con la interrupción del embarazo, el aborto sería admisible” (cfr. servicio 34/92).

            La sentencia sorprendió tanto a los partidarios como a los adversarios de la legalización del aborto. Nadie había sospechado que la enmienda constitucional de 1983 pudiera interpretarse así.

            En noviembre de 1992, el gobierno sometió a referéndum tres cuestiones relacionadas: la licitud de recibir información y de viajar al extranjero para abortar, cuestiones que fueran aprobadas; y la legalización del aborto en ciertos casos restringidos, lo que fue derrotado (65% contra 35%), rechazo en el que coincidieron tanto los opuestos al aborto como un sector que consideraba demasiado restrictiva la propuesta del gobierno (cfr. servicio 1/93).

            Desde entonces, los grupos pro-vida han pedido a los sucesivos gobiernos que den al pueblo la oportunidad de definirse en referéndum sobre una enmienda constitucional que impida la interpretación dada por el Tribunal Supremo. A su vez, los partidarios de la legalización del aborto quieren que el gobierno apruebe una legislación en consonancia con la sentencia del Tribunal.

            En 1998, el gobierno constituyó una Comisión de Estudio sobre el aborto cuyo cometido era redactar un “Libro Verde” que sugiriera las opciones legislativas posibles para resolver la confusión actual. La comisión solicitó opiniones de todos los interesados, grupos y particulares, y recibió más de 10.000. La gran mayoría pedía otro referéndum para restaurar la protección constitucional del no nacido.

            El “Libro Verde”, publicado el pasado septiembre, sugiere hasta siete opciones legales; una de ellas es la celebración de un nuevo referéndum, mientras que las otras seis permitirían la legalización del aborto en diversos grados y circunstancias. Ahora, la Comisión de Revisión Constitucional valorará el “Libro Verde” y hará recomendaciones al Gobierno. Este deberá pronunciarse después sobre el modo en que piensa resolver el asunto.

            Diversas encuestas de opinión realizadas en los últimos años han confirmado que más del 70% de los irlandeses desean resolver la cuestión mediante un referéndum que plantee a los electores una pregunta claramente formulada. El actual primer ministro, Bertie Ahern, ha declarado en distintas ocasiones que no se legislará sobre el aborto sin consultar al pueblo. Pero también ha dicho que será necesaria alguna legislación, pues una cuestión tan compleja no puede resolverse sólo mediante un referéndum.

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