Informe del Colegio Oficial de Farmaceuticos de Madrid

 

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Asunto: consulta sobre responsabilidad de un Jefe de Servicio de Farmacia respecto de los medicamentos dispensados en el Servicio y sobre la posibilidad de dar orden a los farmacéuticos de guardia de que no se dispense ni se proporcione el producto Postinor, del que, se dice, no es un medicamento sino un producto abortivo.

 

Conforme a la indicación efectuada por esta Vocalía, se facilita la información en Derecho solicitada por un miembro de la misma sobre el asunto de referencia:

 

  1. Respecto a la responsabilidad de un Jefe de Servicio sobre los medicamentos que se dispensan en un Servicio de Farmacia.

 

El artículo 3.1 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, previene que:

 

“Los … servicios de farmacia … están obligados a suministrar o a dispensar los medicamentos que se les soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas”.

 

Y, en relación con el uso racional de los medicamentos en la atención hospitalaria, el artículo 91.2 y 3ª de la misma ley atribuye a los servicios de farmacia hospitalaria, entre otras funciones,

c) formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan ser útiles sus conocimientos para la selección y evaluación científica de los medicamentos y de su empleo.

d) establecer un servicio de información de medicamentos para todo el personal del hospital, …

g) colaborar con las estructuras de Atención Primaria y Especializada de la zona en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 87(g. la dispensación de medicamentos a los pacientes … con plena responsabilidad profesional y de acuerdo con la prescripción, informándoles, aconsejándoles e instruyéndoles sobre su correcta utilización)

h) realizar cuantas funciones pedan redundar en un mejor uso y control de los medicamentos.

 

Las funciones definidas de la c) a la h) del punto anterior serán desarrolladas en colaboración con farmacología clínica y demás unidades o servicios clínicos del hospital”

 

por otra parte y en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, por el articulo 93 de la referida Ley del Medicamento (que es norma básica en materia de competencia exclusiva del Estado conforme al artículo 149.1.1º y 16º de la Constitución Española), se reconoce:

“el derecho de todos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional …, sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la utilización de los medicamentos que pueda adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá acordar las condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.”

 

Dentro de este marco general normativo, en la Comunidad de Madrid se debe tener presente lo establecido en el Título III de la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, sobre la ordenación y atención farmacéutica en los hospitales y, en concreto, lo dispuesto en el artículo 50.5 y 9, así como en el artículo 51, sobre responsabilidad, adquisición y disponibilidad de medicamentos en los Servicios de Hospitales y funciones de los Servicios de Farmacia de Hospitales.

 

Así, el artículo 50 dice:

” 5. los servicios de Farmacia de Hospital estarán bajo la titularidad y responsabilidad de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria,…

9. la disponibilidad de los medicamentos estará prevista y organizada las veinticuatro horas del día,…”

 

y el artículo 51.4:

“son funciones de los Servicios de Farmacia de Hospital las siguientes:

 

a)      garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, …, cobertura de necesidades, … y dispensación de los medicamentos … precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una particular vigilancia, supervisión y control”.

  1. Dispensación de Postinor.

 

En la consulta efectuada se asegura que el preparado Postinor, por ser un producto abortivo, no cumple los requisitos de un medicamento –curar o prevenir una enfermedad-.

 

En el artículo 8.1 de la Ley del Medicamento se define qué se ha de entender por medicamento:

Medicamento: toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en las personas o en los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser administrados a personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos”.

 

A la vista expresada definición legal y de lo dispuesto en el título II, capítulo I y II de la referida Ley, sobre medicamentos legalmente reconocidos (entre los que se reconocen, como tales medicamentos, las especialidades farmacéuticas) y atribución de competencia al ministerio de Sanidad y Consumo para resolver sobre la condición de medicamento de determinadas sustancias o productos, así como para su evaluación, autorización, registro y fijación de condiciones de dispensación, se entiende que, al figurar registrado el preparado Postinor como una especialidad farmacéutica con acción e indicación reconocida legalmente en España, sujeta a previa prescripción facultativa en receta médica, aunque con exclusión de oferta a la Seguridad Social, no procede la valoración que técnicamente se hace por la persona que consulta, al negar la condición de medicamento a un producto farmacéutico autorizado y registrado como una especialidad farmacéutica.

 

Cuestión distinta es que la especialidad farmacéutica Postinor, al estar excluida de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social,  no sea dispensable por el Servicio de Farmacia hospitalario conforme al Real Decreto 946/1978, de 14 de abril, por el que se establece el procedimiento de evaluación y control de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social y el Real Decreto 83/1993, de 22 enero, regulador de la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud.

 

En base a todo ello y de no proceder la adquisición por el Servicio de Farmacia hospitalaria de la referida especialidad, el Jefe de Servicio no tendría que dar orden alguna por un suministro no previsto en el ámbito hospitalario.

 

  1. la posibilidad de que un Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria dé órdenes de no suministro por tal Servicio de productos “abortivos”.

 

Con esta concreta cuestión se plantea la legitimidad del ejercicio de derecho a la objeción de conciencia, en el sentido de no cumplimiento de un deber jurídico (que existiría si estuviese previsto el suministro hospitalario de tales “productos abortivos”) por resultar incompatible con las convicciones morales de quien está obligado jurídicamente a tal cumplimiento.

 

La Constitución Española se refiere a la objeción de conciencia de forma expresa en relación con el deber de prestar el servicio militar (arts. 30 y 53).

 

No obstante, tanto la doctrina como el derecho comparado han venido considerando la objeción de conciencia como una especificidad de la libertad de conciencia y, por tanto, como un derecho a formar libremente la propia conciencia y a acomodar el canon de vida de un individuo a lo que prescriba su convicción, sin verse obligado a hacer cosa alguna contraria a ella (Sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo de 29 de Junio de 1988) y, por tanto, como derecho explícita e implícitamente reconocido por el Ordenamiento constitucional español, además de garantizarlo en el art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, como uno de los derechos fundamentales del individuo.

 

El Tribunal Constitucional, en sentencias de 23 de abril de 1982 y 11 de abril de 1985 que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamenta a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16, párrafo 1 de la Constitución y del que por sus creencias y convicciones morales, se opongan a prestar su concurso a la producción de un aborto en los supuestos declarados no punibles por la Ley, con lo que no es posible compeler a un facultativo objetor a participar en actos tendentes a producir un aborto.

 

Pero el Tribunal Constitucional, en la primera de las citadas sentencias, hace las siguientes importantes precisiones al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia:

 

“a diferencia de lo que ocurre con otras manifestaciones de la libertad de conciencia, el derecho a la objeción de conciencia no consiste fundamentalmente en la garantía jurídica de la abstención de una determinada conducta …, pues la objeción de conciencia entraña una excepcional exención de un deber … que se impone con carácter general … y que con este mismo carácter debe ser exigido por los poderes públicos. La objeción de conciencia introduce una excepción a ese deber que ha de ser declarada efectivamente existente en cada caso, y por ello el derecho a la objeción de conciencia no garantiza en rigor la abstención del objetor, sino su derecho a ser declarado exento de un deber que, de no mediar tal declaración, sería exigible bajo coacción”.

 

Según ello, la objeción de conciencia, al ser un derecho reconocido al individuo, es un derecho personalísimo coherente con la conciencia del que lo ejerce y que, por tanto, sólo ampara a la persona que lo ejerza y siempre que se produzca con las debidas garantías para el ejercicio de otros derechos que, consecuentemente, puedan entrar en conflicto, como serían los derechos del paciente de obligada tutela por el correspondiente centro hospitalario, lo que implica que el acto personal de objeción no pude tener más trascendencia que, en su caso, la de liberar al objetor del cumplimiento de su obligación, lo que en ningún caso permite imponer tal objeción a terceros por el hecho de que sean subordinados jerárquicamente del objetor.

 

Conforme al artículo 3 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, los servicios de farmacia de hospitales “están obligados a suministrar o a dispensar los medicamentos que se les solicitan en las condiciones legal o reglamentariamente establecidas”. Este es el deber jurídico cuyo incumplimiento podría conllevar la aplicación de sanciones conforme a lo previsto por la propia Ley en función del tipo de infracción al que corresponda el hecho sancionable (art. 108), aunque, conforme al párrafo 2.b) 15ª adel citado artículo de la Ley del Medicamento, la negativa a dispensar medicamentos no sería sancionable como falta grave cuando existiese causa justificada para ello, y la objeción de conciencia, en este caso de medicamento con posibles efectos abortivos, sí podría entenderse como causa que justificase la negativa a dispensarse el medicamento por el objetor de conciencia.

 

A la certeza de la previsión leal del deber del profesional farmacéutico de suministrar los medicamentos en las condiciones previstas en el referido artículo 3 de laa Ley 25/1990, sólo es oponible que por tal profesional se haya ejercido, previa y públicamente, su derecho a la objeción de conciencia por razón del tipo de medicamentos abortivos a suministrar por el Servicio de Farmacia.

 

El Código de Ética Farmacéutica y Deontología de la Profesión Farmacéutica, aprobado por la Asamblea General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con fecha de 14 de diciembre de 2000, contempla la facultad del farmacéutico para ejercer su derecho a la objeción de conciencia “respetando la libertad y el derecho a la vida y la salud del paciente”a, como ejercicio de su responsabilidad y libertad personal en sus relaciones con la sociedad, siempre que comunique al Colegio de Farmacéuticos “su condición de objetor de conciencia a los efectos que considere procedentes”, en cuyo caso “el Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria”.

 

De la misma manera, el Código Deontológico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, aprobado por su Asamblea General el 30 de marzo de 2004, previene:

 

III. Ejercicio Profesional

 

12.- El ejercicio profesional del farmacéutico le faculta para que en la práctica de su actividad pueda ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El farmacéutico al que se condicionase o impidiese el ejercicio de este derecho, recibirá de la organización colegial el asesoramiento legal y, en su caso, la ayuda necesaria para la defensa del mismo.

 

  1. como conclusión, de conformidad con cuanto se ha expuesto y dada la información facilitada en la consulta, se entiende que, ante la dispensación de un medicamento autorizado y registrado legalmente al que se le atribuyen propiedades abortivas, el profesional farmacéutico, obligado a suministrar los medicamentes que se le soliciten en las condiciones legal o reglamentariamente establecidas, puede oponer su derecho a la objeción de conciencia si así ala ha declarado y le ha sido reconocido.

 

En ningún caso podrá el objetor de conciencia obligar a otro profesional a no dispensar o suministrar medicamentos, contrariando o tratando de impedir el cumplimiento del deber  profesional de otro, máxime si el suministro del medicamento estuviese previsto en el ámbito hospitalario y concurriese la especial situación de que el objetor de conciencia no es el profesional responsable directo de realizar la guardia hospitalaria, siendo otro farmacéutico el que respondería de la prestación del servicio de farmacia del hospital durante la misma.

 

Es criterio de esta Asesoría Jurídica que se somete a cualquier opinión mejor fundada en Derecho

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