El derecho a la impunidad. Ignacio Aréchaga

El derecho a la impunidad.

Ignacio Aréchaga

 

            Hace pocas semanas, por primera vez en España, un empresario catalán fue encarcelado para cumplir condena por un delito “ecológico”: su empresa había vertido residuos contaminantes en un río. De nada sirvieron las peticiones de indulto procedentes de los trabajadores de su fábrica, que veían peligrar sus puestos de trabajo, y de otras instancias. Frente a las voces que solicitaban el perdón, se elevaron otras que pedían coherencia: las leyes están para cumplirlas, y si queremos defender el medio ambiente no podemos hacer la vista gorda ante un vertido ilegal, aunque se haya hecho para mantener en marcha una empresa.

            Ahora, dos médicos de Barcelona condenados por sentencia firme por un aborto ilegal han estado a punto de ingresar en prisión. Y algunos grupos políticos y medios de comunicación han hecho de su caso una bandera: la culpa no es de los que han infringido la ley, sino del que los denunció, del gobierno que no les ha concedido automáticamente el indulto y de los tribunales que se obstinan en que la sentencia se cumpla.

            Por tratarse de la ley del aborto, algunos sectores se permiten hacer afirmaciones que en cualquier otro caso sonarían como un disparate jurídico. El PSOE pide al gobierno que aclare sus motivos para negar el indulto, cuando ni tan siquiera hay un informe favorable de los tribunales: ¿y por qué no pedir explicaciones en los demás delitos? La diputada Cristina Almeida declara que “la inseguridad jurídica puede provocar que los médicos se nieguen a asistir a las mujeres, con lo que volveremos al aborto clandestino”. Hasta ahora siempre se había pensado que lo que daba seguridad jurídica era hacer cumplir la ley, pero parece que aquí la seguridad consiste en garantizar la impunidad a quienes la incumplen. El País destaca que la inmensa mayoría de las denuncias por aborto ilegal son de novios despechados y maridos separados, como si lo decisivo fuera de quién procede la denuncia y no si se cumple o no la ley.

            Como siempre ocurre en estos casos, el mero hecho de que se exija el cumplimiento de la ley lleva a que los partidarios del derecho al aborto digan que es preciso “ampliarla” por ser demasiado restrictiva. Pero, curiosamente, justo en estos días reportajes publicados en la prensa extranjera hablaban de que Barcelona se ha convertido en uno de los destinos donde buscan un aborto fácil las europeas de otros países cuyas leyes son más restrictivas. Y es que, como dice el Washington Post, España “ha pasado de tener la más severa legislación sobre el aborto a contarse entre las más indulgentes”, con abortos hasta las 22 semanas.

            Pero toda restricción es incómoda para los que propugnan el derecho al aborto y se rasgan las vestiduras cuando alguien es castigado por infringir la ley. Si todo aborto está justificado por el hecho de que la mujer desee abortar, sobra toda regulación sobre indicaciones y plazos. El único modo de que nadie sea castigado por el aborto, es admitirlo en cualquier circunstancia.

            Ahora que ninguna mujer va a la cárcel por abortar, hay que hacer unas pobres víctimas de los médicos que “se prestan a ayudarlas”. Aunque como en este caso sean estajanovistas del aborto a 34.000/70.000 pesetas, todo incluido. Eso sí, cuando se trata de hacerse una foto para la prensa ante la Audiencia, el médico responsable de más de 10.000 abortos, y especialista en los de más de 12 semanas, vendrá con su hija pequeña en brazos, pues en el fondo es un padrazo.

            Un padrazo, un profesional concienzudo, que afirma sentirse perseguido. Es verdad, reconoce, que realizó aquel aborto por “riesgo para la salud psíquica de la mujer” sin el preceptivo informe del psiquiatra. Pero con un impecable razonamiento jurídico: “En este caso pensábamos que podríamos sentar un precedente jurídico… Creíamos que se modificaría la ley del aborto”. En cualquier caso, la cárcel en su caso no serviría para su regeneración: “Con la cárcel -dice- no van a conseguir que me haga de Pro Vida”. Como podría haber dicho el empresario condenado por delito ecológico: “Con la cárcel no van a conseguir hacerme de Greenpeace”.

 

 

 

 

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