Soria, ministro de Sanidad.

Rafael Cobo

En mitad del fragor del debate promovido por el Gobierno sobre el aborto libre, ayer se conocieron las cifras de aborto oficiales de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en España en 2007, que ascienden a 112.138.

Con respecto a 2006, siempre hablando de datos del Ministerio de Sanidad —se estima que los clandestinos pueden ser varios miles más—, los abortos crecieron casi un 10% (10.546), pero si se mira unos años atrás,  desde el año 1998, se puede concluir que los abortos se han duplicado en 9 años.

La propia ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reconocía ayer el fracaso de las políticas de prevención, y a la vez justificaba por la misma razón la necesidad de una nueva ley acompañada de una estrategia que evite tener que recurrir "a algo tan traumático como es el aborto".

Los datos de Sanidad reflejan que la mayoría de los abortos fueron solicitados mujeres de hasta 29 años, casi 15.000 de ellos por menores de edad. El perfil no es unitario, hay solteras (67%), asalariadas (62,9%), sin hijos (48%). Un 33% ya había interrumpido un embarazo anteriormente y en una abrumadora mayoría, el 96,93%, las mujeres adujeron como motivo para abortar el supuesto legal de "riesgo para la salud física o psíquica de la madre".

Este es el conocido como supuesto coladero que, unido al hecho de que el 87,36% de las interrupciones se llevaron a cabo en clínicas privadas, alimenta, según numerosos expertos, la realidad de una verdadera industria del aborto en España. El cierre de las clínicas del doctor Morín en Madrid y Barcelona desveló una trama de certificados médicos falsos que justificaban abortos sin ni siquiera haber examinado a las embarazadas. El sector de clínicas de abortos se reparte, según datos de 2004, más de 30 millones de euros.

Incongruencias del Gobierno
La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) afirmó ayer que "mientras no se tomen medidas serias a favor de la mujer, el drama en España seguirá creciendo". AVA llamó la atención sobre el hecho de que  un 33% de las mujeres que se sometieron a un aborto ya habían abortado anteriormente, lo que significa que la interrupción se utiliza "como un método anticonceptivo".

Las víctimas del aborto denunciaron que "no es congruente que por un lado se acepte que ninguna mujer quiere abortar, que el aborto es un drama para la mujer y un fracaso de las administraciones y que por otro lado, lo único que interese sea plantear la reforma de una ley que sólo favorece a los centros de aborto y no toma en cuenta a las víctimas".

Hoy continúa sus trabajos la subcomisión del Congreso encargada de revisar la actual Ley del Aborto que escuchará, entre otros, a Esperanza Puente, una "víctima de un aborto provocado hace 13 años". Puente, que ahora trabaja en la organización de apoyo a la mujer embarazada Redmadre, explicó ayer, en declaraciones a Europa Press, que ella no fue libre porque le dieron 24 horas para decidir y no le ofrecieron ninguna alternativa.