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La píldora, el año siguiente, Ignacio Zabala

La píldora, el año siguiente

Ignacio F. Zabala

Aceprensa, 12 marzo 2003.

 

Marzo de 2001. El Ministerio de Sanidad hace poco que ha publicado los datos sobre abortos en España correspondientes a 2000. Los datos generales son demoledores: 63.756 abortos, un 9% más que en 1999, y una tasa de 7,14 abortos por mil mujeres en edad fértil. Récord desde la despenalización del aborto. Pero lo que más escuece es una cifra terca, empeñada en subir todos los años más que las otras: los abortos de menores de 20 años crecen un 11% y la tasa de 7,49 por mil supera a la general. Después de unos sencillos cálculos se comprueba que a lo largo de los noventa, el total de abortos sube un 57%, pero entre las menores de 20 años el ascenso ha sido del 74%.

Siglo XXI; la era de la información; millones gastados en campañas para extender el uso de preservativo –a cual más ingeniosa–; tasa casi cero de analfabetismo; programas radiofónicos de educación sexual a cada paso; “mamá, ¿tú qué usas?”; anticonceptivos a granel; “no te cortes, consulta a Rosa” en las revistillas, y nada. Pensemos.

“¿Qué se cuece por ahí?”. “Pues mire, señora ministra, por ahí se vende una píldora del día siguiente que es lo mismo que la anticonceptiva pero a dosis más potentes. Se toma dentro de las 72 horas siguientes a la fiesta”. “¿Y es segura?”. “Lo normal”. “¿Se nos echarán encima?”. “Lo normal: hay quien dice que es abortiva; de hecho está prohibida en algunos países”. “Bueno, mira, da igual, ¿y si así bajamos el número de abortos de adolescentes? Estoy viendo los titulares”.

Marzo de 2001. España aprueba la comercialización de la píldora del día siguiente y en mayo ya está a la venta. La entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, vuelve a la carga: “Ya que ha aumentado el número de abortos y de casos de SIDA entre los jóvenes, aconsejo que, si tienen relaciones sexuales, utilicen el preservativo”. También insistió en hacer un uso correcto de la píldora del día siguiente, aunque le parecía una irresponsabilidad pensar “hoy hago lo que quiero y mañana me tomo una pastilla”.

Marzo de 2003. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2001 –año en que fue aprobada la píldora del día siguiente–, en España se practicaron 69.857 abortos, un 9,6% más que en 2000 –año en que España era aún tercermundista sin la píldora del día siguiente–. La tasa de abortos por mil mujeres en edad fértil sube al 7,66. En el caso de las menores de 20 años la tasa de abortos asciende desde el 7,49 en 2000 al 8,29 en 2001. Nuevo récord desde la despenalización del aborto. Una campaña de promoción del aborto no habría sido tan eficaz en un solo año. Pero como se ha hecho creer a los jóvenes que las pastillas lo solucionan todo sin explicarles nada más, se han confiado, y claro. Pensemos.

“Oye, ¿y esa píldora que retrasa la menstruación? ¿Qué tal para mayo?”.

La píldora, el año siguiente, Ignacio Zabala
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El aborto como método de explotación capitalista. , Miguel Argaya Roca

El aborto como método de explotación capitalista.

Miguel Argaya Roca.

 

“Estamos en realidad ante una objetiva ‘conjura contra la vida’, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales”

Un estudio de hace unos años, realizado por Ermenegildo Spaziante, miembro de la Sociedad Italiana de Bioética y publicado por la Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Roma, fijaba en 38.896.000 el número anual de abortos en el mundo (casi 110.000 diarios). Ahora estas cifras han aumentado significativamente. Por poco sensibilizado que esté uno hacia el tema, no puede negarse que se trata de un hecho sin igual en la historia de la especie humana y adquiere tintes de genocidio universal. Por ello, debe evitar acometerse con puntos de vista estrechos y reduccionistas, que dejen el tema envuelto en brumas parciales. Y es que el problema del aborto en el mundo, por más que así se nos presente por quienes lo defienden, excede con mucho el problema de la liberación de la mujer: los fetos desechados pertenecen a ambos sexos –más aún, suele tenderse, al menos en el tercer mundo, a que pertenezcan mayoritariamente al género femenino-; como tampoco cabe, en sana lógica, situar una matanza de esta magnitud en el terreno de la revolución sexual, que se nos aparecería como desproporcionadamente cara por grandes que pudieran ser sus beneficios presentes y futuros. Por eso, consciente de la dificultad de ligar el tema a una dinámica puramente ideológica, todo el orquestado discurso proabortista ha tendido a presentar el tema desde una óptica individual y hasta casuística, buscando propiciar en el ciudadano la sensación de que se trata de un “problema de conciencia” en el que no tiene arte ni parte nadie sino la mujer afectada. No es así, sin embargo; y no hablo aquí de entrar en polémica sobre si el feto es ya un ser humano o no lo es; ni si el varón tiene derecho alguno a intervenir; ni si lo tiene la Iglesia, o la sociedad. El aborto, a nivel mundial, es, por encima de todo, un acto de imperialismo brutal a cuenta de los países ricos sobre los pobres. Y esto, que puede sonar a demagógico, no lo es en absoluto.

El meollo de toda la política antinatalista del mundo desarrollado sobre el subdesarrollado tiene su punto de origen en el problema de la competencia por mano de obra barata y en el fenómeno de la inmigración. Vayamos al segundo: es un hecho que, cada año desde hace treinta, un millón de inmigrantes del sur se instala en el norte. Lo es también que el norte no sabe ya cómo convencer al sur de que la causa de su pobreza es su sobredimensionado crecimiento demográfico. Y parece lógica esta dificultad: ¿no es verdad que la densidad de población de, por ejemplo, Japón (325 habitantes por Km2, y 23.000 dólares anuales de renta per cápita), sobrepasa con creces la de la mayoría de los países que se consideran “pobres” (como Tanzania, que con 25 habitantes por Km2, sólo alcanza los 130 dólares de renta per cápita)?. Cualquier persona medianamente informada –los países del Tercer Mundo son pobres, pero no tontos- sabe que una adecuada revolución demográfica es un factor esencial para cualquier proceso de promoción y expansión industrial de primera fase; más población es también más mano de obra –lo que la hace más barata-, y más mercado interior, elementos esenciales ambos para consolidar una mínima infraestructura industrial capaz de abrirse posteriormente a la competencia exterior. Europa, desde luego, tuvo su propia revolución demográfica, desde la inglesa, inaugurada a principios del siglo XIX, a la española, concluida en los años sesenta de nuestro siglo. Recordemos cómo, ya en el siglo XVII y XVIII, nuestros novatores e ilustrados supieron ver en la despoblación que entonces aquejaba a la península una de las causas de la decadencia nacional. Pero también es fácil colegir –y comprobar históricamente- que los beneficios de una expansión demográfica concluyen, e incluso comienzan a revertir negativamente, en el momento en que se alcanza un punto de saturación, si ésta no viene acompañada de un cualitativo empujón tecnológico. Europa solventó este problema mediante la emigración: chorros de europeos invadieron durante siglo y medio los continentes vecinos (África, América) y no tan vecinos (Oceanía, Extremo Oriente) hasta descongestionar sus respectivas poblaciones incluso a costa de sustituir a las poblaciones autóctonas en sus lugares de destino. En 1895, sir Cecil Rhodes afirmaba en el Parlamento británico que “para salvar los 40 millones del Reino Unido de una guerra civil funesta, nosotros, los políticos coloniales, hemos de tomar posesión de nuevos territorios para colocar en ellos el exceso de población, para encontrar nuevos mercados en los que vender los productos de nuestras fábricas y de nuestras minas”. A la vista de esto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una parte del Tercer Mundo pagó con la extinción el progreso del hombre blanco. Pues bien: el mundo en vías de desarrollo lleva veinte años necesitando del mismo modo, y con la misma urgencia, una descongestión demográfica que le arranque de la miseria y le aparte del peligro –ya peligrosamente constatable- de la guerra civil. El problema está en que, en ese camino, no ha hecho más que tropezar con el primer mundo, que sólo le ofrece parches, pero no soluciones efectivas. En la Conferencia de la Población de El Cairo, de 1994, por ejemplo, los países desarrollados se negaron repetidamente a ampliar sus cuotas de inmigración y a abrir las barreras aduaneras a la importación de productos del sur, tal como pedían los países pobres. En cambio, sí que supieron ofrecer notabilísimas ayudas encaminadas a la “planificación familiar” y, muy especialmente, al aborto. Resulta bien significativo que el presidente Billy Clinton, que no ha tenido empacho en negar al aborto, en su propio país, la cualificación de “método de planificación familiar”, impidiendo así que sea subvencionado con fondos federales, lo proponga en cambio como tal para el Tercer Mundo. Ya en la Conferencia de Población de Méjico (1984) el mundo rico intentó incluir el aborto en los países en desarrollo como “método de planificación familiar”, siendo rechazada la propuesta. En la de El Cairo se insistiría en las mismas pretensiones, fijando incluso un límite para la población del planeta, en 7.270 millones. El promotor de esta “luminosa” idea no es otro que el “Fondo para la Población de la Naciones Unidas”, fundación creada a iniciativa de los Estados Unidos para camuflar sus intereses en las campañas contra la natalidad para el Tercer Mundo.

No es, como digo, demagogia mencionar los intereses que el gigante capitalista tiene a la hora de frenar la expansión demográfica de los países en desarrollo: el mismo Juan Pablo II así lo afirmó en su rotunda y reveladora encíclica Evangelium Vitae, del año 1995, cuando decía que “estamos en realidad ante una objetiva ‘conjura contra la vida’, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales”. Como muestra, un botón: el 16 de marzo de 1994, poco antes de la Conferencia de El Cairo, el departamento de Estado norteamericano ordenó a sus embajadas que insistieran a sus gobiernos anfitriones en que los Estados Unidos consideraban el acceso al aborto voluntario un derecho fundamental de todas las mujeres, y, a comienzos del segundo mandato de Clinton, en febrero de 1997, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley presupuestaria de 385 millones de dólares (53.900 millones de pesetas) destinados a la planificación familiar y al aborto en el Tercer Mundo. Simultáneamente, era rechazada una moción del congresista pro-vida Chris Smith que, aludiendo a lo que llamó “imperialismo demográfico”, ofrecía aumentar la partida hasta 713 millones siempre que del programa antinatalista fuera explícitamente excluido el fomento del aborto. Obviamente, las intenciones del presidente Clinton y de sus compañeros de viaje no pasaban por esa exclusión. La razón la dio explícitamente la entonces nueva secretaria de Estado, Madeleine Albrigth, alegando que el control de nacimientos en el Tercer Mundo es pieza fundamental de su política de promoción de los intereses norteamericanos. Algunos otros congresistas supieron ser algo más explícitos y aludieron a necesidad de reducir la competencia por mano de obra barata en el mercado internacional (ABC, 16-2-97). Pero no se crea que este planteamiento estratégico-defensivo proviene de estos últimos años, o está únicamente representado por Clinton; tiene su origen, más bien, en el famoso “Documento 2000” del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobado el 10 de diciembre de 1974 por el presidente Gerald Ford, documento, como es obvio a tenor de la dureza de su contenido, originariamente secreto, y sin embargo desvelado en 1990 gracias a las presiones de algunos historiadores que supieron invocar con éxito las leyes de secretos oficiales. El documento, textualmente, afirma en algunos de sus apartados:

Punto 19: Los actuales factores de población en los países menos desarrollados suponen un riesgo político e incluso problemas de seguridad nacional para los Estados Unidos”.

Punto 30: Los países con interés político y estratégico especial para los Estados Unidos son India, Bangla Desh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia (…) El presidente y el secretario de Estado deben tratar específicamente del control de la población mundial como un asunto de la máxima importancia en sus contactos regulares con jefes de otros gobiernos, particularmente de países en desarrollo”.

Punto 33: Debemos tener cuidado de que nuestras actividades no den a los países en desarrollo la apariencia de políticas de un país industrializado contra países en desarrollo. Hay que asegurar su apoyo en este terreno. Los líderes del Tercer Mundo deben figurar a la cabeza y recibir el aplauso por los programas eficaces”.

Punto 34: Para tranquilizar a otros respecto de nuestras intenciones, debemos hacer énfasis en el derecho de los individuos y las parejas a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos, el derecho a recibir la información, educación y nuestro continuo interés en mejorar el bienestar de todo el mundo. Debemos utilizar la autoridad del Plan Mundial de Población de las Naciones Unidas”.

No sabemos si tendrá que ver con aquellas áreas de interés estratégico el hecho de que la primera conferencia de población se celebrase en Méjico, y la segunda en Egipto. Pero sí podemos constatar que el Fondo para la Población de las Naciones Unidas es una de las pocas oficinas de la O.N.U. que ve crecer sus presupuestos cada año, financiados en un 50 % por los Estados Unidos, y el resto por otros países del Primer Mundo. En 1994, por ejemplo, contaba con 246 millones de dólares, más otros 1.000 millones en programas destinados expresamente a frenar la natalidad de los países pobres. Sus actividades se centran en la esterilización, anticoncepción y aborto en el mundo en desarrollo. Con todo, su más rutilante actuación en los últimos tiempos, ha sido la convocatoria de la polémica Conferencia de El Cairo, encaminada en un primer momento a conseguir que los países destinatarios de los programas antinatalistas contribuyesen económicamente al sostenimiento de éstos.

Claro, que no es el Fondo de Población la única institución con que juegan los intereses estratégicos de los Estados Unidos: una gran parte de los 385 millones de dólares (al cambio, muchos millones de pesetas) que el Congreso norteamericano dedicó en febrero del 97 a la planificación familiar en el Tercer Mundo, habrían de ser encauzados a través de la International Planet Parenthood Federation (I.P.P.F.), una multinacional del aborto fundada a principios de este siglo en Estados Unidos (Brooklin, 1916) por Margaret Sanger a partir de una clínica abortiva. La I.P.P.F., por otro lado, tuvo mucho que ver con la redacción del documento propuesto –y afortunadamente rechazado- en El Cairo: el 31 de marzo de 1994, por ejemplo, I.P.P.F. se jactaba públicamente de que su presidente, Fred Sai, lo era a su vez de la tercera conferencia preparatoria, y de que la delegada de la organización abortista para el hemisferio occidental, Billie Miller, presidía el grupo de O.N.Gs y el comité de planificación. No decía, aunque era de dominio público, que Nafis Sadik, directora por entonces del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, había trabajado con anterioridad para la I.P.P.F., lo mismo que el secretario de Estado adjunto para Cuestiones Globales de los Estados Unidos, antiguo director de la I.P.P.F. en Denver. Junto a esa verdadera “multinacional de la muerte”, hay que citar también la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, el Alan Guttmacher Institute, que depende del I.P.P.F., o el Population Council, financiado por el gobierno norteamericano. Pero quizá el más importante instrumento de presión del “lobby” antinatalista sea el Banco Mundial, con su política dirigida a condicionar los créditos a los países pobres al grado de cumplimiento de las directrices marcadas por el Fondo para la Población de las Naciones Unidas. Recordemos que la deuda externa es uno de los más dolorosos cánceres del Tercer Mundo. Mozambique, por ejemplo, tuvo que desembolsar en 1996, por este concepto, el doble de lo que dedicó a educación y salud. Y no caigamos en la trampa –claramente racista- de culpar del desastre a una nunca demostrada “incapacidad” de esos países para valerse por sí solos o para escapar de la corrupción política. Tengamos en cuenta que durante los años ochenta, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los tipos de interés para los países pobres fueron en conjunto cuatro veces más elevados que para los países ricos. Del mismo modo, conviene no olvidar que el problema de la deuda externa tiene orígenes relativamente cercanos, pues se remonta a la crisis del petróleo de 1973. En esas fechas, los grandes bancos mundiales vieron crecer sus fondos por las imposiciones provenientes de los países de la O.P.E.P., que habían acrecentado sobremanera sus ingresos después de cuadruplicar el precio del petróleo, y se lanzaron desaforadamente a una arriesgada política de préstamos sobre los países en desarrollo. Como es natural, éstos recibieron ávidos esta inopinada lluvia de millones que, en muchos casos, no fueron a parar al objetivo para el que habían sido solicitado. Por otra parte, y al mismo tiempo, el aumento del precio del crudo provocaba en el mundo industrializado un galopante proceso inflacionario de difícil solución sino con medidas radicales. En 1979, el gigante norteamericano se vería obligado a un duro ajuste monetario, que fue inmediatamente seguido por todos los otros países del bloque industrializado. La consecuencia para el Tercer Mundo, que vivía de sus exportaciones, no se hizo esperar: en breve plazo, aquellos países que habían contraído deudas a tipos de interés variable –que eran, lógicamente, casi todos- vieron cómo los intereses de sus préstamos se multiplicaban. Las más de las veces la deuda se convertía en un peso insalvable: los pagos anuales, efectuados con notables sacrificios por los deudores, no alcanzaban a cubrir ni siquiera el montante de los intereses. En 1996, por ejemplo, la deuda externa acumulada por Zambia duplicaba su P.N.B. Ese mismo año, el mundo en desarrollo debía al primer mundo globalmente el doble que diez años antes, sólo en calidad de acumulación de intereses impagados.

Así las cosas, no es posible ignorar el funcionamiento interno por el que se rige la actividad del anteriormente mencionado Banco Mundial. Nacido, como el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), en julio de 1944 en Bretton Woods (EE.UU.), representó en su momento el deseo de diseñar las directrices económicas de un mundo que ya preveía la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y anhelaba extender y globalizar su capitalismo a escala planetaria. No cabe duda de que sus objetivos están cerca de cumplirse, si es que no lo han hecho ya. A finales de 1991 la revista The Economist y el New York Times sacaron a la luz un memorándum interno del Banco Mundial según el cual esta institución debía estimular la instalación en el Tercer Mundo de las industrias más sucias, por varias razones: la misma lógica económica, que invita a alejar de la propia casa los residuos, los bajos niveles de contaminación de esos países, a causa de su menor densidad de población, y la escasa incidencia del cáncer sobre grupos de gente cuya esperanza de vida es de por sí pequeña. ¿Puede extrañar a alguien, pues, que el primer mundo necesite perpetuar el déficit poblacional del mundo en desarrollo? Es preciso señalar que, en las decisiones del F.M.I., los Estados Unidos cuentan con un 17’80 % de los votos, y el mundo desarrollado en conjunto (unos quince países, de un total de poco más de ciento setenta y cinco), el 55 %. El porcentaje, por supuesto en un sistema cuya base es el dinero, viene determinado por las aportaciones económicas al Fondo, lo que deja fuera de juego a los países menos desarrollados. Por ejemplo, el grupo formado por Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay no suma más del 2’15 % de los votos.

El demógrafo Karl Zinsmeister ya demostró en 1994, en sendos artículos publicados por las revistas norteamericanas The National Interest y Population Research Institute Review, que el problema demográfico no existe en cuanto tal, sino como consecuencia de una injusta distribución de la riqueza. La misma División de la Población de la Naciones Unidas, organismo estadístico sin capacidad ejecutiva y por ello, hasta la fecha, libre de la infiltración estratégica de los países ricos, aseguró en 1994, en su documento anual “Perspectivas de la población mundial”, que el famoso “peligro demográfico” es cada vez menor, y que, por encima de pesimismos más o menos interesados, el crecimiento demográfico del planeta se está estabilizando. En 1960, la previsión mundial de población para el año 2000, era de casi 10.000 millones; a pocos meses del nuevo milenio, hay que revisar esa cifra notablemente a la baja. Y la razón, desde luego, no es la actividad antinatalista del F.P.N.U., sino la misma lógica demográfica, que determina que, a mayor nivel de vida, se corresponde un descenso en la cantidad del número de hijos por pareja. Por otro lado, no conviene magnificar desmesuradamente la triste situación económica del mundo. Hace sólo treinta años, el 80 % de la población de los países en vías de desarrollo vivían bajo el triste umbral de las 2.000 calorías per cápita, y en esos mismos países sólo un 2 % superaba las 2.700. Hoy no llega al 8’5 % la cantidad de población en vías de desarrollo que no alcanza el umbral mínimo, y supera el 15 % la que sobrepasa el de las 2.700 calorías. En este tiempo, y mientras la población mundial se duplicaba, el suministro medio de calorías per cápita del planeta pasaba de 1.950 a 2.475. En la actualidad existe, por ejemplo, un 60 % más de cereales disponibles por persona que en 1960. La F.A.O., en 1994, determinó que, de 1950 hasta ese año, la producción mundial de cereales se había multiplicado por tres, mientras la población sólo se había duplicado. Y, en 1996, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, este organismo internacional reveló que desde 1970 en los 55 países más pobres de la tierra la esperanza de vida se había disparado. En Tanzania, por ejemplo, ha pasado de los 41 a los 52 años; en Etiopía, de los 37 a los 47, y en Sudán, de los 40 a los 53. El catastrofismo, en todo caso, no es de hoy: ya en el siglo II después de Cristo, Tertuliano se quejaba de que el mundo no podía soportar más carga demográfica. De entonces ahora, algo ha llovido, y algo hemos avanzado. La realidad histórica demuestra que la capacidad de la técnica humana permite ampliar el ecúmene hasta límites insospechados. Roger Revelle, que fue director del Harvard Center for Population Studies, ha llegado a afirmar que las capacidades tecnológicas actuales, bien aplicadas, permitirían alimentar a 40.000 millones de personas en el mundo. Un buen ejemplo de esto es lo que se llamó la “revolución verde”, llevada a cabo por el doctor M.S. Swaminathan en la India a partir de un arroz de laboratorio, el I.R. 36, capaz de un rápido crecimiento y de una fuerte resistencia a las plagas y enfermedades, que permitió al país asiático, entre 1967 y 1987, multiplicar su producción de cereal por habitante en un período en que su población había crecido en 100 millones, e incluso acumular un stock de 50 millones de toneladas y convertirse, desde 1980, en país exportador. Por otra parte, la superficie cultivada es susceptible de aumentar: en China, por ejemplo, donde la política antinatalista se ha ejercido de la forma más brutal y donde su fracaso ha sido más evidente, la superficie apta para el cultivo de secano y no utilizada es de 2.500 millones de hectáreas, tres veces más que la que se dedica a la explotación. Lo mismo ocurre con el problema de la desertización. La F.A.O. ha prevenido frecuentemente contra la poca credibilidad de los mecanismos que se utilizan para evaluar la irrecuperabilidad de las tierras, y hay casos que desmienten muchas de estas clasificaciones, como el programa agrícola que devolvió la fertilidad a algunas zonas de Kenia, y que logró demostrar que una tierra clasificada como no restaurable puede dejar de serlo con sólo aplicar en ella la tecnología y los incentivos adecuados. Para qué hablar de las experiencias israelíes.

El problema, en cualquier caso, no es demográfico, sino de reparto. Aunque los países pobres son cada día, en efecto, menos pobres, los ricos son más ricos, de modo que las diferencias se acrecientan. En el año 1800, el P.N.B. por habitante era de 200 dólares entre los países del norte, y de 206 en los del sur. En 1900, ya el norte dispone de 528 dólares de P.N.B. por habitante, y el sur sólo de 179. A la altura de 1987, la diferencia es escandalosa: el norte disfruta de un P.N.B. medio por habitante de 14.430 dólares, y el sur sólo de 700. No cabe la menor duda de que, objetivamente, el sur ha mejorado en este tiempo; pero la pobreza es tanto más evidente, y se hace más injusta, cuando se la coteja con el lujo. Baste señalar que los Estados Unidos, por sí solos, podrían alimentar adecuadamente a los 6.000 millones de habitantes que viven hoy sobre la Tierra (un solo niño norteamericano consume anualmente lo que 422 etíopes), y que sólo poniendo en juego un 10 % de los stocks del mundo desarrollado, podría acabarse con los problemas de malnutrición del Tercer Mundo. Cada occidental consume y, en consecuencia, ensucia cuatro veces más que cada habitante del Tercer Mundo. Es significativo que la riqueza de 225 personas en el mundo equivalga a la de la mitad de la Humanidad, y que las tres personas más ricas del mundo (entre ellas Bill Gates) superen en conjunto el presupuesto de los 48 países más pobres, según denunció en septiembre de 1998 el director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, Alfonso Zumbado, en su Informe Anual de Desarrollo Humano. Mientras un 20 % de la población del Planeta vive aún por debajo de lo que se considera el umbral de la pobreza, el mundo rico se gasta anualmente en el cuidado y manutención de sus animales domésticos un montante de 17.000 millones de dólares, más otros 12.000 en perfumes y cosméticos. Claro que estas cifras cobran su verdadera dimensión cuando se sabe que serían suficientes 13.000 millones de dólares para lograr que todos los seres humanos tuvieran acceso a unos mínimos servicios de salud. Baste conocer, en suma, que el 40 % de la humanidad ha de valerse con tan sólo el 3’3 % de los recursos, mientras el 20 % del planeta consume el 82’7 % y, lo que es más escandaloso, produce simultáneamente el 80 % de la contaminación. A este respecto, no deja de resultar curioso que sean precisamente los países industrializados –es decir: aquéllos que contaminan en mayor medida- quienes abanderen el movimiento de la ecología como dogma ético de la globalidad mundialista, conminando a los países del Tercer Mundo a conservar vírgenes sus bosques y selvas (los “pulmones del planeta”) aunque ello les suponga a medio plazo el estancamiento económico. Curioso -y hasta cínico-, cuando comprobamos, como ha sucedido hace poco en la cumbre de Kioto, que el llamado “primer mundo” no está dispuesto a reducir su carrera hacia la opulencia ni siquiera ante la posibilidad más que probable de dejar la biosfera hecha unos zorros. Sin duda, es más fácil pedir al mendigo que limpie el basurero global mientras nosotros lo llenamos; en suma: que siga siendo pobre, para que podamos nosotros seguir siendo ricos. No podemos evadirnos de nuestra responsabilidad; y nótese que al utilizar la primera persona del plural incluyo en ese capítulo también a España, como parte del mundo rico. Debemos ser conscientes de que una parte –no me atrevo a asegurar que pequeña- de nuestra riqueza es espuria, sustraída al esfuerzo universal de la Humanidad gracias a una privilegiada –y no siempre honestamente conquistada- posición en la parrilla de salida.

Está claro que la solución no puede pasar por pedir a los países pobres que lo sigan siendo y abandonen sus expectativas de industrializarse, mientras el mundo “rico” continúa contaminando y disfrutando de los mismos niveles de producción y consumo que hasta ahora. La única solución ha de ser, fundamentalmente, asumir la interdependencia como un reto de futuro y como un compromiso moral, y no sólo como paisaje-escenario para el enriquecimiento rápido y para la explotación. El mundialismo económico, si ha de serlo, tendrá que reportar a sus protagonistas no sólo beneficios, sino también responsabilidades. Para ello, se haría preciso que los países ricos asumieran su parte alícuota de sacrificio sin reservas. Y ello, no sólo por un elemental deber de justicia (se calcula que por cada dólar que el mundo desarrollado invierte en el Tercer Mundo, recupera cuatro), sino también –para el caso en que lo anterior no fuera suficiente-, que tendría que serlo- como único modo verdaderamente eficaz de evitar el previsible big bang migratorio que se avecina y ya se apunta. El camino para ello, aunque suene a paradójico, pasa por la eliminación, o en su defecto por la ampliación, de las cuotas de inmigración en los países ricos y la desaparición de sus barreras aduaneras proteccionistas a las importaciones provenientes del mundo en vías de desarrollo. Sin olvidar la urgente condonación de al menos una parte de su deuda externa. Con ello, sin duda, se conseguiría a medio plazo una mínima descongestión demográfica y económica en esos lugares y, en un período más largo, seguramente una tendencia a un cierto grado de igualación en el nivel de vida de todos los habitantes del Planeta. A cambio, el primer mundo ganaría algunos siglos de paz. Claro, que tales medidas supondrían algunos notables sacrificios, tales como la inmediata caída de los salarios y la reducción en gran medida del bienestar individual y social, con la consiguiente pérdida de votos y de influencia de partidos políticos y sindicatos, cosa que, por otra parte, se me aparece precisamente como una de las causas de que sea hoy por hoy tan difícil poner en marcha un verdadero programa de estabilización económica mundial. Aunque hay otras, mucho más importantes y decisivas, y menos explicitables: el primer mundo, convencido en gran medida de su superioridad biológica como WASP (White, anglo-saxon and protestant), ha ido viendo cómo, en las últimas décadas, perdía puntos porcentuales en los patrones demográficos (mientras el total de los países “ricos” crecía, entre 1950 y 1990, de 832 millones a 1.207, los países “pobres” lo hacían de 1.684 a 4.086), lo que ofrece al Tercer Mundo unas posibilidades de futuro hasta ahora difícilmente alcanzables en el marco geopolítico. Es evidente que el siglo XXI no es, sin duda, el de la raza blanca: si en la O.N.U. los distintos países estuvieran representados democráticamente en función de su número de habitantes, los Estados Unidos contarían con cinco veces menos votos que la India, y con seis veces menos que China. Un hipotético –pero no imposible- cambio de reglas del juego político internacional supondría, pues, una verdadera revolución copernicana en el escenario geo-estratégico. Lo cierto es que el mundo “rico” anhela mantener su status y su ritmo de vida sin perder, además, la hegemonía política. Por eso necesita detener con urgencia el crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo, y, para ello, trata de convencer a éste de que su pobreza se debe a su exceso de población, mientras restringe las cuotas de inmigración y fortifica su proteccionismo. Es significativo, en este sentido, el formidable atasco en que los intereses egoístas de las superpotencias económicas tuvieron sumida a la llamada “Ronda de Uruguay”, desde 1986 y durante casi diez años, hasta la firma del G.A.T.T. Los países en desarrollo, por el contrario, alegan que su pobreza se debe a la carencia de medios para mejorar su productividad, y que tal carencia se hace insalvable ante su continua discriminación en los intercambios internacionales y las barreras aduaneras a sus productos en los países ricos. Señalemos al respecto que el precio de las materias primas –principal fuente de ingresos del Tercer Mundo- sigue una carrera “convenientemente” descendente en el mercado mundial, lo que resta a los países en vías de desarrollo la capacidad efectiva de acumular divisas. Crece así el déficit de su balanza de pagos corriente, que en 1991 era de 100.000 millones de dólares, y, con él, su deuda externa, arma fundamental que el mundo “rico” utiliza para su política antinatalista. Lo que los países “pobres” piden no es otra cosa que juego limpio en las relaciones económicas internacionales. Y también que el Banco Mundial y el FMI dejen de condicionar sus créditos al cumplimiento de los programas demográficos del F.P.N.U. En lugar de eso, se les fuerza a un durísimo –yo diría que inhumano- corsé demográfico, mientras se palian sus hambrunas y sus crisis con bondadosos envíos de ayuda humanitaria, ciertamente útiles en primera instancia frente a la urgencia de la muerte, pero que, al final, sólo sirven para que los beneficiarios se acostumbren a depender del exterior y pierdan el interés por su propia producción, sometida a una competencia desleal desde el punto y hora en que el suministro humanitario es de carácter gratuito. Lo que los países en desarrollo necesitan no es tanto una ayuda permanente, y menos aún una grosera e interesada presión sobre sus hábitos demográficos, sino tecnología y comercio, y sobre todo una válvula de escape para sus excedentes de población. Con razón, los países suramericanos supieron responder en El Cairo a las pretensiones de Estados Unidos, el Banco Mundial y el F.P.N.U., afirmando que el alarmismo apocalíptico de los países ricos sólo responde a una concepción pesimista –y seguramente protestante- de la existencia, que no acaba de comprender que el ser humano no sólo dispone de una boca para comer, sino de una mente para pensar y de unos brazos para trabajar. Yo añadiría que responde también a una inconfesada falta de fe en la capacidad de la civilización occidental para absorber, y occidentalizar también, los aportes culturales que recibe y que espera recibir. Claro que una sociedad que no confía en la capacidad de su propio bagaje espiritual para atraer y convencer al recién llegado, no merece sino desaparecer. Los españoles, y los mediterráneos en general, que sabemos algo de mestizaje biológico y cultural porque hemos sabido enriquecernos con él y también exportarlo a lo largo de la Historia, deberíamos ser un buen referente para atender a las nuevas necesidades a que obliga el fenómeno de la inmigración. Más aún: tendremos que serlo, de grado o por fuerza, pues nadie puede poner vallas al campo, y seguramente sea imposible frenar el curso natural de las pateras. Aprendamos, pues, a manifestar sobre el recién llegado aquel proverbial sentido hispánico de la hospitalidad, y reforcemos, a la vez, los pilares sobre los que se asienta nuestra civilización, no sólo para no perderla en el marasmo étnico que se nos viene encima, sino porque seguramente descansen precisamente ahí los los mecanismos del más hondo, eficaz e indoloro mestizaje. Por más que el ario se empeñe en ignorarlo.

 



 

El aborto como método de explotación capitalista. , Miguel Argaya Roca
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La libertad de no abortar. Rafael Serrano.

La libertad de no abortar. Rafael Serrano.

 

            Nos ha conmovido el heroísmo de Carla Levati, italiana de 28 años, que ha muerto por salvar al hijo que llevaba en sus entrañas. Tenía cáncer de útero y estaba embarazada; cualquier intervención quirúrgica que la hubiera permitido vivir, habría supuesto el aborto del niño. Ella prefirió, con plena conciencia, la vida de la criatura a la suya. Su caso recuerda el de Gianna Beretta, fallecida hace treinta años en circunstancias semejantes y por el mismo motivo. La hija que Gianna salvó con su sacrificio podrá presenciar dentro de pocos meses la beatificación de su madre. El pequeño de Carla, prematuro, respira en la incubadora.

            En medio del respeto y la admiración generales por estas mujeres, se ha oído también alguna voz aislada de crítica rastrera. En un periódico se ha podido leer: “Medios laicos destacan que la muerte de Carla es consecuencia de una pastoral católica que está a punto de elevar a los altares a Giovanna Beretta Molla, fallecida (…) por dar a luz una hija”.

            Pretenden hacernos creer que Carla estaba sugestionada, fanatizada por la “pastoral católica”. Y a las mujeres que no tienen cáncer, pero abortan, ¿quién les ha lavado el cerebro? Algunos admiten como del todo lógico abortar por motivos incluso triviales, pero no pueden explicarse, sin suponer supersticiosamente el efecto de una fascinación, que una madre sacrifique su propia vida con tal de que no se pierda la de su hijo.

            No pueden… o no quieren. Intentan convencernos de que la generosidad es imposible, de que en este mundo no cabe el heroísmo entre personas normales. Si alguien desmiente esta tesis con su conducta, aún se buscará una coartada del egoísmo interpretando la acción como fruto de una propaganda.

            Carla no dio su vida por fanatismo, sino por su hijo, en muestra de extrema libertad. En su diario anotaba: “Un día más para mi hijo, un día menos para mí”. Ocurre, sin embargo, que hoy se suele hablar sólo de una libertad unilateral: para elegir el propio provecho. Libertad para disfrutar dos sueldos sin el condicionamiento de unos hijos; para desprenderse del niño ya concebido, o producir uno en el laboratorio, y del sexo preferido. Carla tenía un chico y aspiraba a una hija: quería llamarla Sara. Cuando supo que estaba gestando otro varón, comentó: “Pues bienvenido sea”.

            Carla –al igual que antes Gianna– ha demostrado que tenía la libertad suprema: la que se ejerce a expensas propias. Esa libertad máxima que consiste en el poder de entregarse enteramente en favor de los otros. Esa libertad que algunos desearían que nadie tuviera, porque ellos no la quieren emplear.

 

 

Rafael Serrano

 

La libertad de no abortar. Rafael Serrano.
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El trasplante de células fetales para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Antonio Pardo

El trasplante de células fetales para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Antonio Pardo

¿Programar abortos para trasplantes?

En estos últimos meses, los medios de información nos hablan con cierta frecuencia del trasplante de células fetales como tratamiento para la enfermedad de Parkinson. El tema vuelve a ser noticia gracias a los resultados de las últimas investigaciones, que parecen confirmar las esperanzas puestas en el procedimiento. Pero es también noticia por la discusión que se ha organizado a su alrededor, debida a un hecho elemental: para poder realizar dicho trasplante es preciso matar al donante.

 

            Casi todos conocemos algún enfermo con el mal de Parkinson. Sus síntomas principales son el temblor fino, los cambios de personalidad, que se hace pasiva, indecisa y temerosa, la rigidez e inexpresividad del rostro y la dificultad para moverse con soltura. Sin embargo, los enfermos que solemos conocer son los que padecen la enfermedad de Parkinson senil. Los trastornos de la movilidad son una manifestación más del envejecimiento cerebral, que también se muestra en la pérdida de memoria reciente y en otros trastornos típicos del anciano.

            Hay otros enfermos que, sin ser ancianos, también la padecen, y en un grado tal que llega a ser completamente invalidante. El médico se encuentra ante enfermos jóvenes confinados en la silla de ruedas y que, con ayuda de la medicación hoy disponible, sólo consiguen valerse por sí mismos a ratos.

            Este cuadro tiene una causa bien conocida: la degeneración de unas 60.000 neuronas, agrupadas en el mesencéfalo. Al degenerar estas células, se deja de producir dopamina, sustancia básica para la coordinación motora. El resultado es el temblor y la invalidez típicas de la enfermedad de Parkinson. La administración de dopamina, o de sustancias que contribuyen a producir su mismo efecto, alivia el problema en los casos leves. Pero, en los enfermos graves, inválidos, la medicación, que tiene limitaciones por los efectos secundarios, no suele ser suficiente para permitir una vida aceptablemente normal.

 

Las primeras noticias esperanzadoras

            En los años ochenta se comenzó a hablar de la posibilidad de trasplantar células productoras de dopamina al cerebro de estos pacientes. En teoría, con esta técnica se conseguiría restaurar el funcionamiento de la coordinación motora de estos enfermos, que podrían llevar una vida relativamente normal. Se comenzaron los trabajos pertinentes de cirugía experimental con monos en los que se había producido la enfermedad de Parkinson, y se obtuvieron algunas mejorías apreciables.

            Animados por estos resultados, quizá de modo prematuro, se comenzaron los ensayos en enfermos. Hacia 1988, los medios de comunicación se hicieron gran eco del trabajo de Madrazo que, en México, había intervenido a algunos pacientes. Para realizar los trasplantes, con sus primeros enfermos empleó células de la médula de la cápsula suprarrenal del propio paciente (el otro tejido que produce dopamina en el organismo humano); posteriormente inició los trasplantes de células fetales productoras de dopamina. Los resultados no fueron espectaculares, pero sí esperanzadores; durante algunos meses los pacientes vieron relativamente aliviados sus síntomas y pudieron disminuir la medicación que recibían.

 

Estado actual del tratamiento

            Los trabajos realizados por diversos grupos de investigadores en los últimos años han ido poco a poco poniendo en claro algunas condiciones necesarias para la eficacia de los trasplantes. El trasplante de células suprarrenales es prácticamente ineficaz. Para que el trasplante de células fetales produzca resultados apreciables, deben implantarse en el mesencéfalo gran número de esas células (aproximadamente, las provenientes de 8 a 12 fetos por paciente trasplantado), pues en el procedimiento mueren bastantes células y cada feto posee sólo unas 15.000 útiles.

            El trasplante de células fetales no parece provocar rechazo inmunológico por parte del receptor, ni enfermedad del injerto contra el huésped. En cuanto a los resultados, después de un mes sin cambios apreciables en la enfermedad comienza una mejoría persistente del enfermo, que parece corresponder al establecimiento de conexiones neuronales entre las células trasplantadas y las del receptor, conexión que es posible gracias a la plasticidad propia de las células fetales. Para que se manifieste esa plasticidad, estas células deben pertenecer a fetos de 8 a 10 semanas de edad.

            Además de la relativa incertidumbre sobre algunos aspectos técnicos, se presentan algunos problemas insoslayables. Por ejemplo: la intervención es muy cara; no se sabe su eficacia a largo plazo, pues se ignora si la enfermedad del receptor afectará también a las células trasplantadas; la realización de las pruebas pertinentes sobre el tejido a trasplantar para evitar la transmisión de enfermedades virales (SIDA, hepatitis, herpes, citomegalovirus) no es nada fácil y costará tiempo y dinero averiguar cómo realizarlas sin agotar la pequeña cantidad de tejido disponible para el trasplante y sin obligar a una espera tan larga que comprometa la supervivencia del tejido.

 

El origen de la polémica

            Por lo dicho, podría parecer que el trasplante de células fetales es un tratamiento experimental más, que necesita madurar antes de que entre a formar parte de la práctica médica habitual. Y, básicamente, es así. No es planteable todavía una aplicación sistemática, pues todavía faltan pruebas de su fiabilidad. Sin embargo, la publicación reciente en el New England Journal of Medicine (1) de estudios algo más extensos que el famoso de Madrazo, ha inyectado optimismo a los investigadores para proseguir sus trabajos. Según los artículos publicados, los pacientes han mostrado una mejoría parcial, pero duradera y suficiente para llevar un régimen de vida muy mejorado. En dos pacientes, con Parkinson desencadenado por heroína sintética contaminada, la mejoría fue muy notable.

            Sin embargo, la continuación de las investigaciones necesita materia prima para la realización de los trasplantes experimentales: para cada uno es necesario programar de 6 a 12 abortos simultáneos que proporcionen las células que se han de transferir. Esto exige mucha coordinación, instalaciones adecuadas y personal especializado. Si se desea que las investigaciones prosigan a buen ritmo, será necesaria financiación estatal, y los investigadores la han solicitado.

            Hasta ahora, la administración estadounidense, a pesar de que el aborto es legal en ese país, se había negado repetidamente a financiar esta investigación con fondos públicos. Esta política ha estado plenamente vigente durante los mandatos de Reagan y Bush, de modo coherente con su postura de defensa de la vida: como es imprescindible el aborto del donante, no estaban dispuestos a ayudar a su realización con dinero federal, ni siquiera indirectamente.

 

Abortos para trasplantes

            Ante esta postura de los gobiernos republicanos, la revista Science, de conocida tendencia liberal, levantó ya su crítica el año pasado: si los abortos se realizan, y en cantidades fabulosas (se calcula un total en torno a un millón ochocientos mil cada año en USA), ¿qué hay de malo -se pregunta su editor- en aprovecharlos para un fin bueno, como es aliviar a los enfermos de Parkinson? Por su parte, el New England Journal of Medicine, en el número que recoge los artículos con los últimos datos científicos sobre los trasplantes, se ha unido a esta reclamación.

            En efecto, el número de abortos que se lleva a cabo en Estados Unidos es enorme. Pero los cadáveres desmembrados de los abortos ordinarios no sirven para aliviar el Parkinson. Se precisan células cerebrales vivas y fetos íntegros, no los despojos fragmentados del aborto normal. Los criterios vigentes para tomar algunos órganos de cadáveres para trasplante son aquí inaplicables pues, si se cumplieran, las células que interesa tomar vivas ya habrían muerto. Los fetos abortados por procedimientos comunes no son idóneos; los que se usan como fuente de células han de extraerse con precauciones especiales. Es necesario practicar la vivisección del feto, con la ayuda de la ecografía y un sistema especial de aspiración.

            Los hechos son terminantes: en el caso de trasplante de células fetales, el aborto se realiza con una técnica específica a fin de realizar el trasplante. Si no fuera así y se aprovechara un aborto “normal”, no podría aplicarse esa técnica especial en el feto todavía vivo para obtener las células que interesan. Como esa técnica especial existe, en esos casos el aborto se realiza para realizar el trasplante.

            Esto traslada la discusión a su verdadero terreno: el de la ética médica. ¿Puede el médico programar los abortos para aliviar a los enfermos de Parkinson? Indudablemente no. Sería equivalente a matar a un donante potencial de órganos para poder aliviar a otros pacientes con los trasplantes: una auténtica esquizofrenia médica.

 

Del “no” de Bush al “sí” de Clinton

            Para resolver los aspectos éticos de estos trasplantes, ya en 1988 se reunió una comisión nombrada por el Congreso. Su dictamen se mostraba partidario de proseguir los estudios, intentando conciliar los dos extremos incompatibles: matar y curar. Para conseguirlo, planteaba la cuestión de los abortos desvinculada de la acción del médico, y valoraba sólo los resultados. Así esquivaba la dificultad principal, que afecta a la ética personal del médico (“el médico no debe realizar abortos”), y acusaba al gobierno republicano de incoherencia: si los abortos se van a realizar (pues es legal realizarlos), el gobierno debería fomentar que se realizaran con un objetivo beneficioso, y no condenar los fetos al desperdicio negando la financiación. La mejor gestión del gobierno consistiría en financiar la investigación e, indirectamente, el aborto.

            Los presidentes republicanos no accedieron a esta propuesta. Entre otras cosas, la administración republicana respondió que, si una gestante indecisa supiera que su feto se va a a emplear para curar a un inválido, quizá se inclinaría hacia el aborto. Por tanto, no financiaría esa investigación, pues fomentaría el aborto, aunque fuera indirectamente.

            La comisión contempló esta posibilidad, y planteó desvincular al médico que aconseja a la gestante del médico que realiza el trasplante, y garantizar que la mujer no sepa si está ayudando a algún enfermo o no. De todos modos, esta “solución” es problemática, pues no informa a la mujer del empleo que se va a dar al cadáver de su hijo, según exige la ética médica; por tanto, la influencia de la donación sobre la decisión de la mujer es inevitable. De hecho, dos votos particulares, que no se sumaron a la opinión general de la comisión, expresaron sus reservas éticas para seguir la investigación, pues consideraban inevitable la conexión entre aborto y trasplante.

            Ante los intentos de la comisión, y de otras entidades, para convencer de la bondad ética de la investigación, el gobierno siguió negándose a financiarla. Para que no se le acusara de privar de un beneficio a los enfermos de Parkinson, adujo que se podrían aprovechar los fetos procedentes de embarazos ectópicos o de abortos espontáneos. El New England Journal of Medicine revisa esta solución y demuestra que es imposible: esos fetos no son aprovechables para trasplante. Y arremete contra el gobierno republicano.

            Ahora, la nueva administración demócrata está favoreciendo el aborto. Al plantearse el problema, Clinton ha decidido desbloquear la financiación de estas investigaciones aduciendo que hay que “liberar a la ciencia y a la medicina de las trabas de la política” sobre el aborto. Los pro-vida tendrán algo más por que luchar.

 

Hay otras soluciones

            Esta evolución confirma que en una sociedad donde el aborto es un derecho de la mujer, el valor de la vida humana no nacida queda extraordinariamente depreciado. Hasta los médicos olvidan que su profesión está dedicada a ayudar a la vida humana. Si, en ese ambiente, se plantea “aprovechar” los “desperdicios” del aborto, es fácil que la idea sea bien acogida. Los médicos que caen en este modo de argumentar no se dan cuenta de que han abdicado de su papel de curador y se han convertido en médicos que, para curar a unos individuos “de primera categoría” (los enfermos de Parkinson), matan a otros seres humanos “de segunda categoría” (los niños no nacidos).

            Un médico consciente de su deber hacia todos los hombres, nacidos o no nacidos, no aceptaría trabajar en esa línea de investigación y convertirse en un asesino. Porque no es la única salida. Existen otras, ya propuestas en las revistas médicas: introducir células productoras de dopamina dentro de microcápsulas porosas que permitan la salida de dopamina e impidan la entrada de los anticuerpos del receptor; introducir los genes que se encargan de la producción de dopamina en las células de las zonas afectadas por la enfermedad, etc. Y el ingenio médico, estimulado por su interés por el paciente, sabrá encontrar otras. Para que estas soluciones progresen al ritmo deseado hay que financiarlas adecuadamente, lo que parece justificado si se considera que en Estados Unidos el número total de enfermos de Parkinson ronda el millón. Y será una financiación respetuosa con la vida humana.

 

 

Antonio Pardo

 

Antonio Pardo es Profesor Adjunto en el Departamento de Bioética de la Universidad de Navarra.

 

_________________________

 

(1) The New England Journal of Medicine, vol. 327, nº 22 (26-11-92).

El trasplante de células fetales para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Antonio Pardo
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El derecho a la objeción de conciencia no es desobediencia civil, Ricardo de Lorenzo

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Si el Consejo Fiscal, con los votos particulares del Fiscal Jefe Cándido Conde Pumpido y tres vocales del citado Consejo, en su Dictamen sobre el proyecto de Ley del aborto aprobaron por mayoría la advertencia de su posible inconstitucionalidad en base a la desprotección del feto, cuya vida, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15, de la Carta Magna.

Si el citado Dictamen del Consejo Fiscal recordó que la protección que la Constitución otorga a la vida humana implica dos obligaciones para el Estado: «Abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación» y «establecer un sistema legal para la defensa de la vida (…)».

Si según el Informe, este segundo requisito no se cumple por el anteproyecto, cuando el texto «prefiere olvidar» que una simple declaración de voluntad de la mujer «supondrá nada menos que el “sacrificio del nasciturus”».

Si el propio Consejo Fiscal ha valorado por lo anterior que el anteproyecto es un «paso cualitativo que viene a ignorar que nos encontramos ante un bien constitucionalmente protegido» considerando que no es «jurídicamente aceptable», el tratamiento que la ley hace del aborto como si fuera «una medida más de planificación de la reproducción», recordando en el informe que «en puridad, no puede hablarse de un derecho al aborto, pues ello supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana».

Difícilmente podrá ser considerada la objeción de conciencia sanitaria como una desobediencia civil, máxime cuando la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental, que forma parte del contenido esencial de las libertades del artículo 16 de la Constitución (libertad ideológica y religiosa) y más en concreto de la libertad de conciencia, como núcleo común de ambas libertades. Así se desprende de los análisis de la doctrina y de las posiciones del derecho comparado, y muy especialmente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional contenido en la Sentencia 161/1987, de 27 de Octubre Ante la inexistencia de una legislación homogénea sobre objeción de conciencia y la presencia únicamente de reacciones a casos concretos dependientes del ordenamiento jurídico, dado que nuestra Constitución sólo la contempla en casos relacionados con el servicio militar y en el ámbito de los medios de comunicación, supone que, en ausencia de una regulación legal específica sobre la objeción de conciencia sanitaria, la eficacia constitucional directa de los derechos fundamentales deberá traducirse en una protección suficiente y efectiva del derecho de objeción de conciencia sanitaria, reconociéndose por tanto un derecho a la objeción de conciencia que en última instancia serán los jueces quienes harán una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto cuando en el caso concreto se planteen problemas.

De ahí que tanto desde el sector sanitario, como desde el Derecho Sanitario respaldado por el Comité de Bioética de España, órgano colegiado, independiente de carácter consultivo sobre las materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud, creado en Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica y adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo de España se haya solicitado, con todo el respeto a la modificaciones legislativas en curso, la necesidad “urgente” de que la nueva ley del aborto incluya durante su tramitación parlamentaria la objeción de conciencia del personal sanitario que intervenga directamente en ellas, como así se recoge en casi todos los países con legislaciones despenalizadoras del aborto, en las que la objeción de conciencia viene reconocida como un derecho específico, con cláusulas que prohíben la discriminación de los facultativos que se nieguen por motivos de conciencia a participar en las prácticas abortivas.

Publicado en Redacción Médica el jueves 3 de septiembre de 2009. Número 1062. Año V

El derecho a la objeción de conciencia no es desobediencia civil, Ricardo de Lorenzo
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22 argumentos abortistas para justificar la Ley, Juan Francisco Jimenez Jacinto

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Recogemos los argumentos que dan periodistas, filósofos, escritores y políticos para tratar de justificar la nueva ley del aborto que prepara el gobierno socialista

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó el pasado mes de marzo la síntesis de lo que iba a significar la nueva Ley de Plazos sobre el aborto y defendió la despenalización total del aborto.

Aído hizo públicas las propuestas definitivas del Comité de Expertos de su departamento para la elaboración de una nueva ley de plazos del aborto. La propia ministra defendió en la rueda de prensa el aborto libre hasta las 14 semanas, incluso en las adolescentes a partir de los 16 años y sin permiso paterno, y la despenalización total en cualquier caso.

 

Se pretende que el anteproyecto de la nueva ley vea la luz antes del verano. Así, el aborto podrá ejercerse libremente en las primeras 14 semanas del embarazo y se permitirá hasta las 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías del feto. No habrá ningún límite para los casos de diagnósticos tardíos de malformaciones.

 

A continuación presentamos la génesis razonadora de los abortistas: 22 argumentos en los que se basan para justificar las reformas de la ley del aborto:

 

1.- La ley no obliga a hacerlo.

Elena Arnedo, ginecóloga y escritora, afirmaba en el diario El Mundo del 30 de marzo que “la ley no obliga a nadie a abortar” y que “ninguna mujer aborta sin importantes y meditadas razones para hacerlo”.

 

2.- El aborto no es un drama sino la recuperación de un proyecto vital interrumpido por un embarazo.

Arnedo sugería que cada uno de los más de 100.000 abortos anuales “no suponen otros tantos dramas -el drama era la anterior situación- sino la recuperación de los proyectos vitales, de la integridad, de la dignidad, de la libertad, de la autonomía o de la salud de esas mujeres”.

 

3.- Es prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en el útero.

Asimismo Arnedo manifestaba que desde un punto de vista legal “existe un conflicto de intereses entre dos bienes constitucionales: el feto y la madre”, y añadía: “tanto la ley como el sentido común consideran prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en su útero fecundado”.

 

4.- Un ser no puede considerarse humano con criterios científicos.

Otra idea que desarrollaba la ginecóloga era que, según ella, el momento en que puede considerarse humano un ser “no puede establecerse mediante criterios científicos”.

 

5.- Penalizando el aborto se aboca a las mujeres a la clandestinidad.

Por último Arnedo denunciaba que si la Iglesia “consiguiera su propósito, la penalización total del aborto”, las mujeres “se verían abocadas de nuevo a abortar clandestinamente, poniendo en peligro su salud y su vida y corriendo el riesgo de ser encarceladas”.

 

6.- La prohibición del aborto empuja a las mujeres a abortar en condiciones sanitarias nulas.

Santiago Barambio, presidente de ACAI, ginecólogo abortista y recientemente condenado por malas prácticas abortistas, sostenía en un artículo de opinión publicado por El Periódico que “la prohibición legal del aborto provocado, se recurría y se recurre en condiciones sanitarias nulas”, hecho que, según el médico abortista “supone la muerte de muchas mujeres, principalmente por hemorragia e infección, y la presencia de secuelas como la pérdida de capacidad reproductiva”.

 

7.- El aborto como solución a la incorporación de la mujer en la vida laboral para quien el embarazo deja de ser el centro de su papel en la sociedad.

Barambio consideraba que las mujeres “incorporadas a la vida laboral” quieren acceder a la formación personal y a la independencia económica, por lo que “quieren planificar sus embarazos, que dejan de ser el centro de su papel en la sociedad”.

 

8.- La ley de 24 semanas de libre decisión como solución a evitar la clandestinidad o tener que salir de España para abortar.

Finalmente el ginecólogo concluía constatando que “otras fuerzas políticas y colectivos como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) proponen una ley de 24 semanas de libre decisión y sin límite para malformaciones fetales (como en Holanda), que evitaría que muchos miles de mujeres tuvieran que salir de España para abortar o hacerlo clandestinamente”.

 

9.- Es mejor abortar que venir al mundo en el sí de unos congéneres que no te desean.

El pasado 2 de abril, el filósofo Fernando Savater publicaba en el diario El País la siguiente afirmación: “Si alguien me preguntase, yo diría que la única justificación del aborto es precisamente el derecho de quien va a nacer a no llegar al mundo con el rechazo previo de los primeros semejantes que deben acogerle”.

 

10.- La vida no es un hecho biológico.

Asimismo, Savater denunciaba en el mismo artículo de opinión que se tratara este tema como “si la existencia de las personas fuese una cuestión biológica” y no “de interpretación social”. “No son argumentos de obstetricia ni de ninguna otra ciencia los que pueden zanjar legal ni mucho menos moralmente una cuestión tan delicada que compromete valores fundamentales de nuestra sociedad”, añadía.

 

11.- El embrión no es una vida humana.

En un artículo titulado ‘El aborto como un derecho’ publicado en El País el 2 de abril y con firma de Javier Martínez Salmeán, el miembro del Comité de Personas Expertas del Ministerio de Igualdad sobre interrupción voluntaria del embarazo recordaba que en el debate europeo de los años sesenta sobre ‘el aborto sí, aborto no’ ya se utilizaron argumentos “sobre la vida del embrión, equiparándola a la vida humana, que son idénticos a los que estamos escuchando en la actualidad”.

 

12.- El aborto hasta la semana 22 sí, porque a partir de este término (plazo) existe viabilidad fetal.

El  jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, consideraba que “a partir de la semana 22 de gestación, considerada como la fecha que delimita el comienzo de la viabilidad del feto independientemente de la madre, el derecho del feto debe prevalecer sobre la madre en sintonía con la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

 

13.- La legislación del aborto no aumenta su práctica.

Martínez Salmeán sostenía en su artículo que el aborto legal no incrementa su práctica “ni con la regulación ni con el tipo de ley, plazos o indicaciones”.

 

14.- La legislación del aborto enfrenta un problema de salud pública.

Asimismo, Salmeán cree que el Gobierno con la nueva ley “está respetando la postura de los creyentes”, pero “está legislando para regular de la mejor manera posible un problema de salud pública”.

 

15.- El aborto es un derecho.

“Al margen de los credos religiosos, consolidemos los derechos que permiten, en este caso a las ciudadanas, tomar decisiones amparadas en leyes honestas adaptadas al tiempo que vivimos y a su realidad social”, concluye Martínez Salmeán.

 

16.- Un hijo es demasiado importante como para que nazca por un error, una violación o porque la madre no se siente preparada.

La periodista Núria Ribó afirmaba en un artículo titulado “Yo sí, soy pro vida: pro vida digna” publicado por el diario El Mundo el 31 de marzo que un bebé es “demasiado importante”, como para que “nazca por un fallo, una violación o sobretodo, cuando la mujer no se siente preparada y no lo desea”.

 

17.- No se puede afirmar científicamente cuando un ser puede considerarse humano.

Javier Sampedro, periodista de El País, publicaba el 27 de marzo la información de que “las élites” de las disciplinas de la genética y la embriología constataban –contra lo sostenido por la Declaración de Madrid- que el momento en que puede considerarse humano un ser “no puede establecerse mediante criterios científicos; el conocimiento científico no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano. Esto entra en el ámbito de las creencias personales, ideológicas o religiosas”.

 

18.- El feto no es persona porque no tiene personalidad; el ser humano no es un ente biológico, sino social y cultural.

El escritor Lázaro Covadlo opinaba el pasado 27 de marzo en El Mundo que no creyera que el feto fuera “en verdad un verdadero ser humano. Al menos no lo es antes de nacer. Menos aún una persona. […] es el resultado del conjunto de actitudes, formas expresivas y roles sociales que vamos adquiriendo a lo largo de la vida”. El autor argentino añadía: “El humano es, más que nada, un hecho histórico y cultural. Obviamente, el feto no posee personalidad”.

 

19.- Si un feto es un ser humano, también lo podría ser una célula, y cada vez que tomamos el sol, cuando nos descamamos, cometeríamos un asesinato.

Covadlo hacía la siguiente reflexión: “Dado que un feto es un ser humano, una célula podría ser considerada como un feto”, y enlazaba esta reflexión afirmando que de ese mismo modo “deberíamos abstenernos de tomar el sol, ya que la piel se descama y mueren cantidad de células”.

 

20.- Como el 97% de abortos se realizan porque son embarazos de riesgo, hay que fijar una ley de plazos que lo regule.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reflexionó el 5 de abril sobre los puntos más polémicos de la nueva ley del Gobierno en un artículo publicado por El Mundo. En el texto la ministra recuerda que “en el 97% de los casos la interrupción se realiza en base al supuesto de la salud de las mujeres, que no tiene plazo límite en la regulación vigente” por lo que constata que “tenemos una legislación que se ha quedado vieja, con demasiado margen para la arbitrariedad”.

 

21.- La Ley de Autonomía del Paciente permite a los menores de 16 años operarse de lo que quiera sin consentimiento paterno.

Aído recuerda que “la Ley de Autonomía del Paciente permite a cualquier joven operarse de lo que quiera con 16 años sin consentimiento paterno”, aunque aclara las “curiosas” excepciones introducidas por el PP el 2002: “las intervenciones que guarden relación con la interrupción voluntaria del embarazo, los ensayos clínicos y la reproducción asistida”.

 

22.- El Estado no debe proteger por igual a un embrión de una semana que a un bebé de meses.

En el artículo titulado ‘Lo que nos une y lo que nos separa’ la ministra de Igualdad constata que lo que separa a las diferentes voces abortistas y no abortistas “es si el Estado debe proteger igual a un embrión de una semana, o incluso una célula embrionaria, que a un bebé de meses como el de la famosa foto” refiriéndose al de la campaña pro vida de la Conferencia Episcopal Española.

22 argumentos abortistas para justificar la Ley, Juan Francisco Jimenez Jacinto
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El valor de la vida, Ignacio Sánchez Cámara

El valor de la vida

Ignacio Sánchez Cámara.

Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad de La Coruña

 


ENTRE el capítulo de las promesas socialistas con destino a ser cumplidas parece que se encuentran la reforma de la legislación sobre la penalización del aborto, la supresión de los límites para la reproducción asistida y la autorización de la experimentación con embriones con fines terapéuticos. Resulta barato y puede complacer a los sectores más «progresistas», que se verían así compensados por otras promesas incumplidas. Existe un sector, acaso mayoritario, en el PSOE que parece empeñado en suscitar una «cuestión religiosa» que la Constitución y el sentir de la mayoría de los ciudadanos ya han resuelto. La libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la educación que han de recibir sus hijos, en igualdad de condiciones, alejan toda posibilidad de un anacrónico conflicto religioso en España.


Pero el aborto no es una cuestión religiosa, sino moral y jurídica. No enfrenta a los católicos y a quienes no lo son, sino a posiciones divergentes en cuanto a la naturaleza y los límites de la protección de la vida humana. Por lo tanto, en torno a su valor y dignidad. No es un asunto de sacristías y catequesis, sino que afecta al cimiento moral de la sociedad. La actual legislación, como es sabido, califica el aborto como delito y excluye la aplicación de la pena en tres casos. Su aplicación permisiva, bordeando en muchos casos, si no traspasando, el fraude de ley, podría hacer más aconsejable su limitación, o al menos, la lucha contra el fraude, que su ampliación. El proyecto del PSOE prevé la aprobación de una ley de plazos. Durante los tres primeros meses de la gestación, la madre, por así decirlo, podría decidir la interrupción del embarazo, es decir, la muerte del embrión. De ser un delito con tres excepciones pasaría a ser un derecho de la madre (y sólo de ella) durante los tres primeros meses de gestación. No sé si es muy coherente excluir de la decisión al padre y luego atribuirle el cuidado compartido de los hijos y de su educación. Esta modificación entrañaría una transformación radical de la actual legislación, que, por lo demás, encajaría muy difícilmente en la regulación constitucional.


Me limitaré, en las líneas que siguen, a una discusión y valoración de los aspectos jurídicos. La valoración moral, por razones que ahora no expondré, me parece clara y gravemente negativa. El problema jurídico reside en determinar si se trata de un asunto de conciencia que debe ser decidido por cada cual sin intervención de los poderes públicos (en sana doctrina liberal) o si (también en sana doctrina liberal) se trata de un asunto que afecta al orden público y a los fundamentos de la convivencia. De lo que en ningún caso se trata es de un conflicto entre el laicismo y el integrismo religioso. La proscripción del aborto no es asunto de fe. Otra cosa es que la doctrina moral de la Iglesia católica haya sido, y siga siendo, contundente. Pero no se trata de un dogma de fe o de un asunto de régimen interno para los católicos. Nadie argumenta así en lo que se refiere a la penalización del homicidio o del robo. Existen normas que obligan a los católicos, y sólo a ellos, en cuanto tales. Por ejemplo, la obligación de asistir a la Misa dominical. Imponerla a toda la sociedad sería lesivo para la libertad religiosa (y para el sentido común). Pero nadie rechaza o discute la conveniencia de castigar el homicidio porque lo repudie la Iglesia católica. La cuestión no es, por tanto, religiosa. Se trata de determinar si la proscripción del aborto se asemeja a la del homicidio o a la del precepto dominical. Y no se resuelve la cuestión apelando al laicismo. Si nadie argumenta que quien quiera matar que mate, y quien no que no lo haga, no es evidente que quepa argumentar así en el caso del aborto. Tampoco cabe limitar el derecho de la Iglesia a pronunciarse sobre la legitimidad de un Gobierno que apruebe esas medidas, ya que esa capacidad no se discute a otras instancias sociales cuando se han pronunciado sobre la política exterior o si reprobaran, con razón, eventuales permisiones de la tortura o de la pena de muerte o la adopción de medidas racistas por parte de una mayoría parlamentaria. Por lo demás, la argumentación no se sustenta sobre afirmaciones dogmáticas o de uso interno para creyentes, sino que apela a la concepción compartida de los derechos humanos y, en especial, del fundamental derecho a la vida. No es, pues, asunto de fe.


La consideración del aborto como un derecho (de la mujer) o la legalización de la producción de embriones destinados a la destrucción, aunque sea con fines sanitarios, contradicen el estatuto del derecho a la vida y la protección jurídica del embrión reconocida por el Tribunal Constitucional. Entrañan una violación del derecho a la vida y una subversión radical de nuestro sistema jurídico. Aunque las leyes tienen que fijar límites más o menos arbitrarios, por ejemplo, la determinación de la mayoría de edad, resulta arbitrario e injusto que la eliminación del embrión sea un derecho hasta los tres meses de vida para convertirse en un delito un día después. La creciente aceptación social del aborto es uno de los más graves síntomas de la perturbación moral de nuestro tiempo. Podría argumentarse que se trata de una cuestión moral, reservada al ámbito de la conciencia, en el que los poderes públicos no deberían intervenir. Algo semejante a lo que sucede, por ejemplo, con la prostitución o la pornografía. Mas no es así. Se trata de la protección de la vida humana, que es uno de los fines fundamentales del Derecho. Tampoco cabe invocar la libertad en casos como la ablación de clítoris o las prácticas eugenésicas. Lo que hay que determinar es si el aborto entraña la eliminación de una vida humana. Y, sobre eso, por más disquisiciones que se quieran hacer, no caben dudas. Por lo demás, ni siquiera cuenta con el grado necesario de consenso social para adoptar esa medida. Y bastante se nos ha bombardeado con el consenso y el diálogo, para regatearlo en cuestión tan grave. No se trata, pues, de imponer a todos las convicciones de algunos. Se trata de cuál es la convicción mayoritaria y, sobre todo, y por encima de las eventuales mayorías, cuál es la solución más justa. Por otra parte, existen los tres supuestos ya reconocidos, y la aplicación de las eximentes, como el estado de necesidad, y de las atenuantes, para eliminar o paliar los eventuales efectos nocivos o duros de la aplicación de las penas en muchos casos. Pero esto no puede eximir al Estado de su obligación de proteger el derecho a la vida.


Se encuentran en conflicto quizá dos concepciones antagónicas acerca del valor de la vida y de su dignidad. Para unos es un valor fundamental que debe ser protegido sin excepciones (en algunos casos, no en todos, porque se trata de un don de Dios). Para otros, parece tratarse de algo así como de una mera propiedad inmanente a ciertos seres, sin un valor especial, y sobre el que deben prevalecer la libertad y el bienestar de los adultos o la salud de otras personas. Por mi parte, me adhiero a la primera posición. Dudo que la segunda sea la mayoritaria, pero, aunque lo fuera, no se soluciona el problema adoptando una solución que vulnera el sentimiento jurídico y moral de muchos, máxime cuando caben posiciones intermedias, como la actualmente vigente. Por lo demás, tan dogmática sería, en su caso, una posición como la contraria. La aprobación de las reformas previstas por el Gobierno entrañaría una grave injusticia y, muy probablemente, la vulneración de nuestra regulación constitucional sobre el derecho a la vida.



El valor de la vida, Ignacio Sánchez Cámara
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Abortar es matar

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Los muertos vivientes del aborto, Victoria Uroz y Pablo Sánchez

Los muertos vivientes del aborto

 

Victoria Uroz y Pablo Sánchez

Revista Arbil nº 81

Si has sido víctima de desinformación médica en tu aborto provocado, falta de amparo institucional o presión social, o conoces a mujeres que lo hayan sufrido, AVA te ofrece atención cualificada psicológica, médica y social, además de amparo legal y económico ante Tribunales

El aborto es un crimen que genera víctimas. Las primeras víctimas son claras: los millones de seres humanos inocentes cuya vida es interrumpida violentamente durante su tiempo prenatal. 77.125 seres humanos murieron en su etapa embrionaria y fetal de manos de médicos en el año 2002 en España. Y, en numerosos casos, las segundas víctimas del aborto son las propias madres y padres que acuden al aborto pensando que es la solución de “su problema”, de su soledad o abandono, de su pobreza o incapacidad material, de su inmadurez, de su violación…  El aborto no puede solucionar todo esto. Tras el aborto, sucede lo contrario, la interrupción voluntaria de ese embarazo no hace más que agravar las circunstancias, como han demostrado las numerosas investigaciones científicas sobre las consecuencias médicas y psicológicas del aborto. Así lo entendemos desde la experiencia de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), constituida en Madrid en marzo de 2004.

La primera junta directiva de AVA quedó constituida por D.ª Carmina García-Valdés García, Presidenta, licenciada en Pedagogía; D. Pablo Sánchez, Vicepresidente, licenciado en Filosofía y Profesor de universidad, y D.ª Victoria Uroz, Secretaria, licenciada en Medicina y estudiante de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. AVA ha surgido como iniciativa espontánea de ciudadanos, algunos abogados y profesionales universitarios de varios puntos de España, ante el creciente fenómeno del aborto provocado en nuestro país  y la falta de conocimiento sobre las graves repercusiones sociales y personales a causa del mismo. La junta directiva se ha comunicado con otras asociaciones y han encontrado amplio apoyo en todas ellas para empezar su actividad.

A finales de mayo de 2004, ya son más de doscientos asociados en España y se están acercando mujeres y hombres que se sienten víctimas de su aborto provocado. Algunos ciudadanos de países de todo el mundo han secundado la iniciativa y quieren emprender AVA en sus lugares de origen.

Nuestro primer objetivo: las víctimas vivientes

Si has sido víctima de desinformación médica en tu aborto espontáneo o provocado, falta de amparo institucional o presión social, o conoces a mujeres que lo hayan sufrido, AVA te ofrece atención cualificada psicológica, médica y social, además de amparo legal y económico ante Tribunales. Pretendemos compensar a las familias víctimas del aborto, del provocado y del causado por imprudencia médica, haciendo oír su voz en los procesos administrativos y en las vistas judiciales pertinentes. Ya son cerca de 800.000 las mujeres que han abortado en España. Se están acercando a AVA mujeres y hombres que sufren el drama del aborto en sus vidas, que son víctimas vivientes de traumas originados de haber matado a sus hijos impunemente.

Y es que el aborto tiene graves consecuencias psíquicas y físicas científicamente demostradas. Se necesita un mayor conocimiento de las consecuencias del aborto en las mujeres y familias en las que acontece, y AVA solicita que en el consentimiento informado del aborto provocado se incluya la explicación a la madre de toda la información conocida sobre los efectos secundarios y adversos. Así lo exige la legislación vigente española (Ley 41/2002 y Ley General de Sanidad). Dicha información ha de concretarse en las siguientes diez consecuencias, de gran rigor científico y metodológico, resumidas por el comité médico de AVA en abril de 2004:

El índice de muerte materna vinculado al aborto es 2.95 veces más elevado que el de embarazos que llegan al parto en la población de mujeres de Finlandia entre los 15 y los 49 años de edad. Investigación realizada en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud de Finlandia, que concluyó que el embarazo contribuye a la salud de las mujeres.(Gissler M, Berg C, Bouvier-Colle MH, Bueckens P. Pregnancy-associated mortality after birth, spontaneous abortion or induced abortion in Finland, 1987-2000. Am J Ob Gyn 2004; 190:422-427). 

Las mujeres que se habían practicado abortos tuvieron un índice de mortalidad casi doble a las controles en los siguientes 2 años, persistiendo el índice de muerte incrementado elevado durante por lo menos 8 años. (Reardon DC, Ney PG, Scheuren F, Cougle J, Coleman PK, Strahan TW. Deaths associated with pregnancy outcome: a record linkage study of low income women. South Med J 2002 Aug; 95(8):834-41).

Mortalidad de 1.1/100.000 mujeres que abortaron a las 12 semanas de gestación , investigación realizada por Gynecologie-obstetrique et biologie de la reproduction, Universite Paris V (Rev Prat. 1995 Nov 15;45(18):2361-9).

Perforación asociada al aborto provocado de un 0.2% a un 1.2% de los casos . Realizado por el mismo grupo francés anterior (Rev Prat. 1995 Nov 15;45(18):2361-9).

Trombosis de la vena ovárica con presentación atípica, de Washington University/Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, Missouri, USA (Obstet Gynecol. 2000 Nov;96(5 Pt 2):828-30).

El aborto provocado o espontáneo no produce cáncer de mama según los mejores estudios hasta la fecha, pero está claro que la decisión de retrasar el embarazo tiene consecuentemente una pérdida de la protección que aporta éste, con un riesgo neto mayor aumentado, investigación de la University of North Carolina, USA ( Lancet 363; 1007, 2004; Obstet Gynecol Surv. 2003 Jan;58(1):67-79. Review).

El aborto provocado por aspiración produce un riesgo aumentado de pérdida del hijo en el siguiente embarazo, resultados de Shangai Institute of Planned Parenthood Research, China (Int J Epidemiol. 2003 Jun;32(3):449-54).

El aborto provocado aumenta los riesgos de alteraciones en el estado del ánimo (depresión y autolesión), un estudio de University of North Carolina, USA (Obstet Gynecol Surv. 2003 Jan;58(1):67-79. Review).

El aborto provocado puede tener secuelas psiquiátricas, difícilmente tratables e irreversibles, independientemente de la actitud previa de la mujer hacia el aborto, todas ellas englobadas en el síndrome postaborto (Melinda Tankard Reist, Giving Sorrow Words: Women´s Stories of Grief After Abortion, Sydney, Duffy & Snellgrove, 2000).  

Se han descrito alteraciones en las relaciones sexuales y el deseo sexual de numerosas mujeres que abortaron voluntariamente, investigación realizada en Polonia (Pieleg Polozna. 1988;(5):7-9 contd).

El síndrome postaborto es una realidad que vivenciamos en AVA. Antonio es uno de los asociados que recientemente nos ha relatado cómo vivió su aborto provocado él y su novia. Los primeros días fueron de liberación. Los dos se sintieron libres de un peso no deseado. Volvieron a reír y a disfrutar de la vida. Pero la conciencia llegó con un mes de retraso. Los dos sabían lo que habían hecho y habían tratado inútilmente de ahogar el peso de la culpa que ahora llamaba a la puerta. “No me apetecía jugar al fútbol, ni salir de copas. A veces no podemos dormir, y se nos quitan las ganas de comer. Éramos alegres y nos sentíamos cobardes. Todo te habla de embarazos y niños. Te sientes aludido por la palabra asesino. Siento que no me merezco pasarlo bien jamás”, cuenta Antonio entre lágrimas.

Rosa, recordando la interrupción voluntaria del aborto que se había realizado hacía seis días, nos dijo: ”Estoy muy arrepentida, me ha faltado apoyo, información médica y el aborto no me ha solucionado nada. Nunca volvería a hacer esto… pero…¡Es tan fácil abortar! Ahora me encuentro fatal y mi novio también”.

Recuperar la memoria de los ciudadanos que no nacieron

AVA también pretende recuperar la memoria de las víctimas que no siguen con nosotros: los 200 seres humanos que cada día mueren en este país a causa del aborto provocado, muertes voluntarias bajo el consentimiento de la madre, al amparo legal de tres supuestos de despenalización de dudosa aplicación. El objetivo es tener a todas estas víctimas presentes y vivas en la memoria colectiva: recordarlos asiduamente en actos públicos civiles y religiosos y levantarles monumentos para que el recuerdo dé sentido a sus vidas. Existe un monumento en una calle céntrica de Nueva York en honor y memoria de los no nacidos que pretendemos secundar en España, aunando las víctimas que han sobrevivido a sus muertes, pero que no les olvidan…

Una de las acciones concretas que se quiere emprender es pedir que se incluyan en las estadísticas oficiales de población española los más de 77.000 abortos anuales realizados en clínicas y que se informe de la riqueza bruta nacional perdida por todas esos ciudadanos españoles que han dejado de existir voluntariamente. Además, AVA va a solicitar, unida a asociaciones como HazteOir.org, la publicación exacta de la relación de causas médicas por las que en España, en el siglo XXI, puede estar indicado abortar por peligro de la vida y la salud de la madre. Más del 96% de los 77.125 abortos del 2002 se acogieron a este supuesto de despenalización.

Derecho a un entierro como todo ser humano

Por último, es un fin de AVA enterrar los restos de los abortos humanos piadosamente y no consentir que los restos de seres humanos abortados voluntariamente sean objeto de uso comercial o de investigación. Actualmente existen investigaciones españolas que se realizan con restos de fetos y embriones procedentes de clínicas abortistas. AVA ha hecho público los nombres de los equipos de investigadores españoles que utilizan y se benefician intelectual y económicamente de abortos provocados para sus experimentos en el Periódico Hispanidad.com de 23 de abril de este año. Este procedimiento es utilitarista, pues viola la ética médica y científica.

Recursos de AVA

Existe en AVA un grupo de abogados comprometidos por la causa, para defender los derechos de las mujeres que hayan sido violados en cada caso. Algunos de ellos pertenecen al Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Contamos con médicos psiquiatras, ginecólogos y psicólogos que se han ofrecido para atender a las mujeres o parejas de AVA que lo necesiten. Además, AVA colaborará estrechamente con numerosas asociaciones que realizan una amplia labor asistencial a las madres que tienen dificultades en su embarazo y que están investigando sobre las repercusiones psicológicas del aborto en las madres.

Todos somos víctimas

Examinemos más afectados por las interrupciones voluntarias del embarazo. ¿No es víctima el médico, farmacéutico o anestesista a quien se amenaza con represalias económicas, profesionales e incluso jurídicas por declararse objetor de conciencia a la interrupción de embarazo fuera de causa real médica? ¿No es víctima del aborto aquel contribuyente a quien se le obliga a sufragar un crimen con sus impuestos? ¿No es víctima el intelectual, escritor o periodista que es censurado o marginado por defender la vida humana no nacida?. ¿Acaso no es víctima del aborto aquel político que acaba fuera del partido por decisión propia o ajena al ser coherente con su conciencia en defensa a los derechos naturales?

Por último, ¿no es víctima cualquier ciudadano de a pie que lucha contra el mayor genocidio que ha conocido la historia, o incuso el que considera que no se puede luchar contra la poderosa estructura de los que siegan la vida?… Si estás en alguno de estos casos, AVA puede ofrecerte ayuda para actuar en tu defensa y auxiliarte.     

Para empezar, en tu declaración de la renta en España, te sugerimos desde AVA ejercitar el derecho constitucional de objeción de conciencia en su ámbito fiscal siguiendo las indicaciones de Impuestoporlavida.org. No existe ley ni norma que pueda obligar a subvencionar interrupciones voluntarias del embarazo con nuestros impuestos, si dichos procedimientos van en contra de la libertad de conciencia del que lo paga, amparada por el artículo 16.1 de la Constitución. Se trata de un perjuicio directo que ocasionamos a las mujeres y a sus parejas con el aborto provocado y tenemos derecho a objetar en conciencia para no cooperar en su realización con nuestro dinero. A los conciertos económicos en abortos médicos y quirúrgicos, se añade la píldora del día después, pues el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado su intención de repartir de modo gratuito la píldora abortiva del día después, píldora del día siguiente o píldora postcoital a todas aquellas mujeres que la soliciten desde septiembre de 2004. Se sabe científicamente que el consumo de dicha píldora provoca abortos en un 75% de las ocasiones en que la consumidora esté ciertamente embarazada (Contraception 63;111,2001). Más víctimas para un “síndrome post-píldora postcoital” que está comenzando a aparecer.

 

Los muertos vivientes del aborto, Victoria Uroz y Pablo Sánchez
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El Dolor del Feto, Alicia Errázquin

El Dolor del Feto, Alicia Errázquin

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Hasta los años ’80, en parte por miedo a los efectos colaterales de los analgésicos como por prejuicio, el dolor del recién nacido siempre estuvo negado. Anand fue el precursor de los estudios del dolor en esta edad de la vida. Anand demostró en el año 1987 que el feto y el recién nacido sienten dolor. Pensemos que hasta entonces las intervenciones quirúrgicas sobre los recién nacidos se realizaban habitualmente sin anestesia, aduciendo de acuerdo a lo reportado por Richards en 1985[1] que los prematuros y también los recién nacidos no tienen memoria del dolor y que no son “probablemente” capaces de discriminar el dolor de otros estímulos.

Desde entonces hasta ahora, el dolor ha sido motivo de consideración y los estudios se han multiplicado.

 

Los trabajos de Vial publicados en 1996, muestran que el feto posee desde el 4° mes de edad gestacional las estructuras necesarias para la percepción de las diferentes sensaciones.

Para percibir el dolor se necesita de los receptores, de la vía neuronal funcionante y de una corteza capaz de recibir e integrar la información.  Desde la mitad de la gestación estas estructuras están presentes.

 

Son interesantes también los estudios que se han hecho para determinar el nivel de ciertas hormonas indicativas del dolor (betaendorfinas y cortisona) antes y después de la punción de la vena hepática del feto en el útero, hecha por descubrimientos transfusionales. Se comprobó que el aumento de hormonas es indicativo del dolor como en adultos[2].

Annad y Hickey en 1987, y muchos otros trabajos posteriores, han demostrado con evidencia que el feto siente dolor por el eficaz desarrollo de las vías anatómicas del dolor mismo, en el feto.

 

A la semana 7° de gestación están presentes receptores para el tacto en la región perioral y puede ser evocada una “avoiding reaction” o reacción de fuga en el feto al tocarlo.

Según los estudios de Annad los receptores cutáneos cubren toda la superficie corporal desde las 20 semanas de gestación.

 

Los trabajos de Lagerkantz y Forsberg en 1991 y los de Fitzgerald en 1993 reportan que las vías nerviosas eferentes están establecidas desde la 7° semana, y numerosos neurotransmisores específicos acompañan desde la 13° semana de gestación. Estas vías arriban al tálamo, a la base del cerebro desde las 20 semanas, alcanzando la corteza cerebral en el período comprendido entre las semanas 17 y 26.

Es preciso significar también el hecho de que aunque las fibras todavía no estén totalmente mielinizadas, no es causa para aseverar que no puedan transmitir estímulos.

 

Un hecho notorio es que, en el neonato la densidad de receptores y de sustancia P (sustancia mediatriz del dolor) es mayor que en el adulto.[3] Este dato ha permitido sostener que la sensación dolorosa es mayor en el neonato que en el adulto.

En este sentido el New England Journal of Medicine precisa: varios transmisores denominados “tachykinins” (sustancia P, neuroquinina A, neuromedin K, y así sucesivamente)  han sido identificados en el SNC, pero solamente la sustancia P ha sido investigada a fondo; la que ha mostrado tener un rol en la transmisión y control de los impulsos del dolor. Los elementos neurales conteniendo sustancia P y sus receptores aparecen en los ganglios de la raíz dorsal y astas dorsales de la médula espinal entre las semanas 12 y 16 de gestación. Una gran densidad de sustancia P, fibras y células han sido observadas en múltiples áreas del tallo fetal asociadas a los caminos para la percepción y control del dolor y a las reacciones viscerales al dolor. Las fibras de sustancia P y células han podido ser encontradas también en el hipotálamo, en los cuerpos mamilares, en el tálamo y en la corteza cerebral de fetos humanos en temprano desarrollo[4].

 

Basta decir, el feto siente dolores verosímilmente más que un adulto.

 

En este acotado análisis del dolor del feto, merecen citarse los recientes e inéditos trabajos del Dr. Carlos Bellieni sobre la saturación sensorial como analgésico[5].

En dos estudios el Dr. Bellieni y su equipo se propusieron examinar la capacidad de la presencia humana para aliviar el dolor en niños prematuros y a término, durante la toma de muestra de sangre. Usaron una técnica de estimulación sensorial para confortar el niño. La llamaron “saturación sensorial”. Consiste en distraer y confortar a través del masaje, la palabra, la mirada, ofreciendo manos perfumadas y agua y azúcar en la boca. Registraron una disminución en el tiempo de llanto y de puntuación de dolor con respecto, tanto al grupo control, como a los niños a los que se administraron sólo agua y azúcar como analgésicos. El éxito lo atribuyeron a la teoría fisiológica del umbral de Walls y Melzack (Melzack 1965) según la cual el dolor es inhibido por otros estímulos que lleguen contemporaneamente al sistema nervioso. Como esta teoría comprende dimensiones afectivo-emocionales del dolor (Melzack 1999) intuyeron que hay algo más: dar azúcar o poner un chupete en la boca del recién nacido antes de pinchar el talón durante la toma de muestras produce escasa analgesia. La analgesia es mucho mayor si el recién nacido siente una presencia a su lado:  se establece una relación y los niños no se sienten solos y abandonados durante la experiencia dolorosa.

Comprobaron así, que el prematuro en el momento de afrontar el dolor tiene necesidad de una presencia humana que le haga compañía y que lo ayude, al igual que como se hace con un bebé más grande, pero que al tratarse de un prematuro lo es con más razón, pues se trata de un sujeto particularmente estresado[6] [7].

 

El dolor del feto y del neonato se revela como el dolor que experimenta un sujeto que aún no está preparado para sufrirlo.

 

Actualmente, en Francia se sugiere suministrar anestesia al feto en caso de “interrupción de la gravidez”( = aborto) a partir de la vigésima semana de vida, delineando que “no saben” si antes de esa etapa puede haber o no dolor.

 

El estudio del dolor del feto amerita una exhaustiva investigación futura, y para ello necesita del perfeccionamiento de estudios propios de la ciencia que sean capaces de explicarlo integramente. No hay al presente investigaciones que aseveren que antes de la semana 20 de gestación no exista percepción del dolor, por lo que no puede excluirse la presencia de éste desde mucho tiempo antes: “la actitud entre la 15° y la 24° semana es difícil de codificarse en ausencia de datos precisos sobre el dolor a esa edad”( Mathieu-Caputo,1999)[8]

 

 

 

                                                                                                                               Alicia Errázquin                                                  

                                                                                                                            Septiembre de 2005


[1] Richards T.(1985): “Can a fetus feel pain? “ British Medical Journal, 291, pp.1220,1221.

[2] Giannakoulopoulos X., Sepúlveda W., Kourtis P., Glover V., Fisk N. M. (1994): “Fetal plasma cortisol and beta-endorphin response to intrauterine needling” , The Lancet, 344, pp. 77-81.

[3]  Cfr. Bellieni, Carlo Valerio, “L’alba dell “io” Dolore, desiderio, sogno,memoria del feto”Società Editrice Fiorentina, 2004,  p 36. El Dr. Bellieni  hace referencia a los trabajos de Manolidis y colaboradores de 1989 y a los de Choonara  en 1998.

[4] New England Journal of Medicine, Vol 317, N° 21 (19 de nov. de 1987), pp. 1321-1329.

[5] Cfr. Bellieni, Carlo Valerio, “L’alba dell “io” Dolore, desiderio, sogno,memoria del feto”Società Editrice Fiorentina, 2004, pp. 33-35.

[6] Bellieni, Carlo, Bounocore G., Nenci A., Franci N., Cordelli D. M.,Bagnoli F.,(2001) “Sensorial saturation: an effective tool for heel-prink in preterm infants”, Biol. Neonate, 80, pp. 15-18.

[7] Bellieni, Carlo, Bagnoli F.,Perrone S., Nenci A., ., Cordelli D. M., Fusi M., Ceccarelli S.,Bounocore G., “ The effect of multi-senoty stimulation on analgesia in term neonates: a randomized controlled trial” Pediatr. Res, 51 (4) pp.460-463. (2002)

[8] Citado por Bellieni, Carlo Valerio, en el “L’alba dell “io”

El Dolor del Feto, Alicia Errázquin
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