Aborto objeción de conciencia

PROBLEMÁTICA JURÍDICA
DE LA OBJECIÓN
DE CONCIENCIA*
DE NUEVO SOBRE EL FALLO DEL ABORTO

Ilva Myriam Hoyos**

 

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ALGUNAS PRECISIONES SOBRE
EL FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Después de más de tres meses del fallo de la Corte
Constitucional sobre el aborto sigue siendo difícil precisar
los alcances de esa polémica decisión porque
todavía no se conoce el texto de la sentencia, que se
identificará bajo el número C-355 de 2006 y llevará por
fecha el 10 de mayo, pero que se habrá notificado más
de catorce semanas después de haberse comunicado la
decisión. Hasta ahora los únicos soportes documentales
y oficiales son dos comunicados de prensa emitidos
por la Presidencia de la Corte Constitucional el 11 y el
12 de mayo de 2006, que no tienen valor jurídico, así
como las declaraciones que el magistrado ponente y
una de las demandantes han dado a los medios de
comunicación.
Diversos son los interrogantes que surgen de la lectura
de los comunicados de prensa y que ameritan una
detenida reflexión. Por ejemplo, (i) ¿cuáles son los
fundamentos que la Corte invoca para justificar su
decisión?; (ii) ¿cómo comprende el tribunal constitucional
el derecho a la vida de los no nacidos?; (iii) ¿qué
ponderación realiza entre los derechos del nasciturus
y los derechos de la mujer embarazada? Pero, sin duda
alguna, una cuestión clave es aclarar si el fallo estableció
una mera despenalización del aborto o una legalización
parcial del aborto.
He defendido, en varios foros académicos y en un
reciente escrito que he titulado La Corte Constitucional:
entre la ley de la gradualidad y la gradualidad
de la ley. A propósito del fallo sobre el aborto, la tesis de
que la Corte, a diferencia de lo que han informado los
medios de comunicación, no adoptó la despenalización
del aborto en tres circunstancias específicas sino que
legalizó algunas conductas abortivas. La diferencia no
es de simple matiz, sino que constituye la raíz articuladora
de la decisión. Explicaré por qué.
Despenalizar el aborto en ciertos casos significa que un
juez no puede iniciarle o no puede continuarle un proceso
penal a la mujer embarazada que ha realizado la
acción abortiva en los supuestos legitimados por la
Corte. De ser ello así, el aborto seguiría siendo delito,
pero el Estado, en algunos casos –que tendrían carácter
exceptivo–, no sancionaría penalmente ciertas conductas
específicas. En este sentido, la despenalización de ciertos
supuestos no implicaría reconocer el llamado «derecho
al aborto» a favor de la mujer embarazada que
quiere abortar ni, por tanto, implicaría la existencia de
deberes correlativos del Estado o de los particulares.

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