ABORTO COMO VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

TÍTULO TERCERO: ABORTO COMO VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

CAPITULO PRIMERO: CONSIDERACIONES GENERALES

Sección Primera: Una correcta visión del aborto desde la perspectiva de los derechos humanos.

En los últimos años se viene desarrollando una postura orientada a considerar la criminalización del aborto como un grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Ello se sustenta en las dramáticas consecuencias que la práctica del aborto clandestino produce para la vida y salud de decenas de miles de mujeres en el mundo.

Las organizaciones pro-elección, argumentan que la penalización del aborto atenta contra los derechos humanos de las mujeres como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, a la igualdad, a la salud, entre otros. Consideran que las discrimina y de este modo se violan los postulados de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.

Estas organizaciones señalan que el aborto al igual que la violación son atentados a los derechos humanos de las mujeres, ya que ambos se fundan en el control de la sexualidad y libertad, afectando la integridad y dignidad de las mujeres.

En nuestra opinión, decir que la criminalización del aborto atenta contra el derecho a la vida de la mujer es el argumento más contradictorio que se puede hacer. Es evidente que lo que se produce en un aborto es la violación al derecho a la vida del feto. No le demos vuelta a las cosas.

Debemos recordar que los derechos humanos no dependen de la arbitrariedad social, sino de la dignidad intrínseca de la naturaleza humana, parámetro original de toda ley y de todo derecho.

Con respecto a los derechos humanos declara Juan Pablo II :

“En el panorama predominantemente negativo de la situación real del desarrollo en el mundo contemporáneo, aparece un aspecto positivo, o sea, la plena conciencia, en muchísimos hombres y mujeres, de su propia dignidad y de la de cada ser humano.  Esta conciencia se expresa, por ejemplo, en una viva preocupación por el respeto de los derechos humanos y en el más decidido rechazo de sus violaciones.  De esto es un signo revelador el número de asociaciones privadas, algunas de alcance mundial, de reciente creación, y casi todas comprometidas en seguir con extremo cuidado y loable objetividad los acontecimientos internacionales en un campo tan delicado.”

Pero, advierte el Papa:

“Aquí se inserta también, como signo del respeto por la vida- no obstante todas las tentaciones por destruirla, desde el aborto a la eutanasia- la preocupación concomitante por la paz; y, una vez más, se es consciente de que ésta es indivisible: o es de todos, o de nadie; una paz que exige, cada vez más, el respeto riguroso de la justicia.”

Se habla mucho de “derechos humanos”, sin embargo, toda esta historia de los derechos humanos termina convirtiéndose en un mito.

Si queremos ser consecuentes no condenemos solamente una serie de injusticias; condenémoslas todas. O como dice Basso, “… no condenemos ninguna, a fin de que la barbarie se torne más universal.”

 Todo tipo de aborto es una violación a los derechos humanos del concebido. Es por esta razón que no podemos estar a favor de ningún aborto.
 

El Sr. Ronald Reagan, cuando era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, citando una conocida frase de la Madre Teresa de Calcuta, no tuvo reparos en aceptar que “la miseria más grande de nuestro tiempo es la generalización del aborto infantil.”  Solamente en este país del norte, desde que, por un decreto de la Suprema Corte de Justicia, se legalizó el aborto inducido o provocado, en 1973, han muerto diez veces más seres humanos por este crimen- reconoce su propio presidente- que en todas las guerras sufridas por la nación durante su historia, o sea, 15 millones de personas.

Si el aborto es la realidad más trágica del mundo contemporáneo, cabe preguntar ¿por qué, entonces, en tantos países civilizados se ha legalizado esta práctica?

Señala Basso que precisamente por eso es una tragedia: tales legislaciones son intolerables.

Uno de los más valerosos luchadores contra el aborto en nuestro tiempo, el francés J. Lejeune, ha escrito sensatamente: “Cuando el conjunto de la sociedad
 

norteamericana acepte como moral (no como ley, sino como moral) que es absolutamente normal matar a los pequeños norteamericanos por medio del aborto ¿cómo se la podrá persuadir de que no es moral matar a los rusos grandes? Y, de la misma manera, los rusos que acepten matar a los chicos de su patria ¿cómo se podrá convencerlos de que, ya que pueden matar a su propia carne, no pueden exterminar a medio mundo con bombas atómicas, gases bacteriológicos o cualquiera de esas terribles armas?  Todo esto es absurdo.  Se les dice que pueden matar a sus hijos, pero no a sus enemigos. No tiene sentido”.

La mentira y la hipocresía de la sociedad moderna han hecho entrar en juego los sentimientos, las convicciones, la concepción de la vida humana y la interpretación de los derechos de la persona.  Las razones existentes  a favor de la dignidad de la vida humana y los derechos inalienables de los inocentes no las comprenden en la actualidad muchas personas.

¿Aprobaría alguien el hecho de que una madre o un padre, al encontrarse en grave peligro de muerte por terremoto, naufragio, incendio u otra catástrofe, y llevando en brazos a un hijo, lo arrojasen consciente y voluntariamente a la

muerte, por considerarlo el único medio existente para salvarse ellos mismos? En el caso en discusión, la madre lleva un hijo en su seno en lugar de sostenerlo en sus brazos.

¿No se terminará por admitir como normal que la sociedad pueda eliminar a los niños sobrantes, no ya antes de nacer por el aborto, sino también después de nacidos?  Muchos síntomas indican cómo por ese camino se ha comenzado ya a transitar. Tal es el caso del bebé Doe en Norteamérica:

“¿Qué corroboración más dramática necesitamos ante el caso del bebé Doe, en Bloomington, Indiana? La muerte de ese pequeño infante destrozó el corazón de muchos norteamericanos, debido a que era innegable que se trataba de un ser humano.  La disputa fue si se protegía o no la vida de un ser humano que padecía el síndrome de Down, un tara- deficiencia mental, y requería de una intervención quirúrgica para desbloquear su esófago y poderlo alimentar.  El médico que testificó ante el juez del tribunal sostuvo que, no obstante que el problema físico fuese corregido, el bebé Doe poseía una inexistente posibilidad para una mínima cualidad de vida, en otras palabras, la deficiencia mental quedó equiparada a un crimen que mereció la pena de muerte.  El juez dejó morir de hambre al bebé Doe y la Suprema Corte de Justicia de Indiana sancionó su decisión”.

Si en el presente, aceptamos tales atrocidades, en un futuro, la sociedad va a llegar a aceptar la eliminación de los niños sobrantes, no ya antes de nacer por el aborto, sino también después de nacidos, así como la muerte de todos aquellos que sufren alguna discapacidad,  o aquellos ancianos, que se piensa “no son útiles a la sociedad”.

La presión combinada de los legitimadores del aborto y de los defensores de la investigación sobre embriones humanos, llevó a la Asociación Médica Mundial a introducir, en 1983, un cambio en el texto de la Declaración de Ginebra de 1948.  La cláusula “Mantendré el máximo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción”, se cambió por esta otra: “Mantendré el máximo respeto por la vida humana desde el momento de su comienzo”.  De este modo se deja a la libre decisión de médicos y legisladores la fijación del momento del comienzo de la vida.

Lo anterior, a pesar de estar suficientemente demostrado, que la vida humana comienza desde la concepción.

Nuestra sociedad actual es profundamente contradictoria en sus juicios.  Por un lado parece decidida a defender con valentía la vida humana contra toda clase de atropellos – constantemente surgen instituciones defensoras de los derechos humanos- y junto a esta actitud de lucha por la dignidad y los derechos del hombre, la mayor parte de esas instituciones ha guardado el más profundo silencio, ante la matanza de  millones de seres humanos por el aborto.

No obstante lo anterior, Estados Unidos de América se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) por graves violaciones a los derechos humanos en su propio territorio y en otras naciones de América Latina. La denuncia la realizó una entidad civil denominada Portal de Belén, con domicilio en la República Argentina.

Se ha denunciado la eliminación sistemática de treinta y dos millones de niños no nacidos, en el vientre de sus propias madres en territorio norteamericano, desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. (con el precedente ROE vs. WADE), reconoció el “derecho” de la madre a eliminar a su hijo a su sola voluntad.

Asimismo fue denunciado por la presión ejercida sobre los países latinoamericanos para que amplíen sus prácticas abortivas, de forma tal que el aborto libre a simple voluntad de la gestante se imponga obligatorio en todos esos países.

Finalmente, Estados Unidos fue denunciado ante la Comisión, por el destino de fondos públicos norteamericanos a campañas de esterilización masiva de personas, en varios países integrantes de la OEA, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D.).

La denuncia, presentada en la sede de la Comisión en Washington D.C., acusa a EE.UU. de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) del año 1969, que consagra la inviolabilidad de la vida humana naciente a partir de la concepción, y la Convención Internacional sobre el Genocidio y la Tortura (1948), que define claramente como genocidio el impedimento masivo de los nacimientos dentro de un grupo nacional determinado.

También se mencionan como violadas una decena de formas de derecho internacional, que se mencionan expresamente en la denuncia.

En la denuncia se declara que:

“Es con tristeza inexpresable que los Solicitantes, Ciudadanos de los Estados Unidos, presentan esta Petición, habiendo decidido tomar tan grave medida porque ya no es posible guardar más silencio.
Presentamos a la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U., una petición que acusa al Gobierno de los Estados Unidos de cometer violaciones criminales de la Carta Magna de la O.N.U., su Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Convención de la O.N.U. para la Prevención y Castigo del Genocidio, que surge de su promoción indecible del aborto a petición en una escala masiva sin precedentes, con consecuencias premeditadas catastróficas para sus poblaciones minoritarias.
El Artículo II de la Convención define al genocidio como “cualquiera de los siguientes actos cometidos con intención de destrozar, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ya sea: (a) asesinando a miembros del grupo; (b) causando daño corporal o mental grave a miembros del grupo; (c) infligiendo deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física del grupo dado, en todo o en parte; (d) imponiendo medidas tendientes a prevenir nacimientos dentro del grupo…”
La Convención sobre Genocidio, que tiene rango de ley internacional formal, al describir ciertos crímenes específicos y sus respectivas sanciones, declara en su Artículo III que “los siguientes actos serán punibles: (a) genocidio; (b) conspiración para cometer genocidio; (c) incitación directa y pública a cometer genocidio; (d) intento de genocidio; (e) complicidad en el genocidio”.
Los que suscriben probarán que los actos de los cuales nos quejamos aquí constituyen realmente genocidio dentro de los términos y significado de la Convención y presentarán evidencia y documentación voluminosa al respecto, gran parte de las cuales fueron obtenidas del gobierno mismo, bajo el Acta de Libertad de Información. Dicha información prueba que la política de aborto a petición constituye “actos cometidos con intención de destrozar, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Raramente en la historia humana se ha encubierto con apariencias de respetabilidad y decencia una práctica tan insidiosa como lo es el aborto a petición. La documentación que sometemos a continuación revelará lo que es en realidad la política en lo que respecta al aborto en los Estados Unidos: un componente integral de la opresión institucional racial y de clase; un intento de controlar la población de los pobres y la minorías, motivado por el deseo de ahorrar sumas astronómicas de dinero y por falsas teorías eugenésicas.
Nosotros hacemos una petición ferviente ante la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U., para que tomen las medidas que consideren apropiadas bajo la Carta Magna y la Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio, para impedir que continúe el asesinato de un millón y medio de niños Americanos por año, crimen actualmente instigado por hombres brutales e instituciones sin principios.”

 

Sección segunda: El aborto no es un derecho: Es una violación a un derecho.

Gracias a descubrimientos científicos y médicos, y a las técnicas sofisticadas del ultrasonido y de la Biogenética, ha quedado demostrado que la vida del ser humano empieza desde la concepción, por tanto, el nuevo ser debe considerarse, desde ese momento, una persona, con todos sus derechos y prerrogativas. Este hecho, irrefutable por la ciencia médica, ha sido aceptado incluso por los más aferrados defensores del aborto, pues resulta un absurdo ir en contra de lo científicamente comprobado.

El momento más temprano al que puede referirse la definición de la vida humana es, conforme a los datos de la biología, el de la concepción; con más precisión, el momento en que se unen los cromosomas masculinos y los femeninos y se forma el cigoto. La protección de la existencia humana frente a intervenciones abusivas sería incompleta si no comprendiera también el período previo al nacimiento.

El no nacido es, desde la concepción, titular del derecho a la vida, el cual, como derecho fundamental, es de orden absoluto y, por su carácter primordial, no admite ataques ni por parte del Estado ni de los particulares, incluida entre ellos la propia mujer embarazada. El Estado está obligado a defender frente a todos la vida del no nacido. En consecuencia, una ley que autorice, en nuestro país a interrumpir voluntariamente el embarazo y a matar a un ser humano es inconstitucional por violar el mandato de prohibición del artículo 21: “la vida humana es inviolable”.

Asimismo, el aborto es contrario a la ley natural, por lo que nunca se puede matar a un inocente. El homicidio por aborto, aunque sea despenalizado por la voluntad del hombre, será siempre un crimen contra la ley natural. El ser humano no es un ser disponible, quien niega a un ser humano el derecho fundamental a la vida niega el propio fundamento de todos los derechos humanos.

Las leyes que legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes por medio del aborto, están violando totalmente el derecho  a la vida, propio de todos los hombres.

El aborto es una de las violaciones mas repudiables del derecho a la vida y a la justicia, pues castiga con la pena máxima a un inocente. En nuestra opinión debería considerarse y sancionarse como un homicidio con agravante pues se trata de un ser indefenso.
 
Nuestro Ordenamiento Jurídico presenta una evidente contradicción en relación con el derecho de igualdad, ya que no se protege de igual forma la vida previa y la posterior al nacimiento.

El artículo 21 constitucional, señala que la vida humana es inviolable. Sin embargo, nuestro Código Penal regula la vida humana de los no nacidos, con un valor distinto – un valor menor- que la del nacido.  La muerte del no nacido es configurada como delito del aborto y la de los nacidos como homicidio.

La muerte de un ser humano nacido, está castigada en el artículo 111 de nuestro código penal, con una pena de doce a dieciocho años por homicidio simple,  mientras que la muerte del no nacido se castiga en el artículo 118 del mismo código con una sanción menor de tres a diez años si obrare con consentimiento de la madre, o de uno a tres años si fue causado sin consentimiento de la mujer.

Nos parece incongruente la forma en que se sanciona el aborto en nuestro país, ya que está suficientemente demostrado que la vida del ser humano empieza desde la concepción, y resulta absurdo ir en contra de lo científicamente comprobado. Por tanto, no es aceptable que se sancione el aborto con una pena menor que el homicidio, ya que la vida del concebido un valor igual que la del nacido.

Como ya lo hemos señalado, en nuestra opinión, el aborto es un homicidio agravado, por tratarse de un ser indefenso y por tanto la sanción debería ser mayor que la de un homicidio simple.

En muchos países del mundo, cada día es más famosa la frase  de que la “mujer debe tener la opción de decidir”.

El argumento de que existe la libertad de elección y que es un derecho de la mujer el elegirlo, es totalmente absurdo, pues ¿cómo puede alguien tener la libertad o el derecho de matar a otra persona, y especialmente a un bebé inocente? Los derechos de cada persona terminan donde comienza el derecho ajeno.

Como lo hemos venido señalando, el ordenamiento jurídico es un sistema en el cual existe una jerarquía de valores tutelados y se establecen reglas de convivencia entre las personas y de coexistencia entre sus derechos. El derecho a la libertad de la mujer no debe enfrentarse con el derecho a la vida. El derecho a la vida es el primero de los derechos. Sin vida, no es posible siquiera hablar de otros derechos. El derecho de la libertad de la mujer termina donde comienza el derecho a la vida del concebido.

No estamos cuestionando la existencia y validez del derecho a la libre autodeterminación de la mujer, lo que se cuestiona es la extensión de ese derecho. La esfera de derechos de una persona llega hasta donde comienza la esfera de derechos de los demás. Esto no es religión, es Derecho.

Los movimientos feministas alrededor del mundo propugnan que la mujer no debe ser forzada a traer un niño al mundo y proclaman que “es el cuerpo de la mujer y por tanto tiene el derecho de hacer lo que desee con él”.
 
El cuerpo de la mujer no tiene dos corazones que laten, dos tipos de sangre, dos cabezas, cuatros ojos, cuatro brazos y cuatro piernas, son dos cuerpos separados; una mujer embarazada tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el bebé no es un órgano o una parte de su cuerpo es otra vida humana diferente de ella.

“La dialéctica opresor—oprimido  puede reproducirse fácilmente entre la madre y quien no ha nacido.  Después de una larga lucha de la humanidad por romper el círculo opresor hombre—mujer, puede surgir un silencioso círculo de dominación en el que la mujer deja de ser oprimida para convertirse en opresora.”

Según lo analizamos en el Título Segundo, Capítulo Primero, en Estados Unidos, en 1973, se legalizó el aborto utilizando como argumento el derecho de privacidad de la madre. ¿Hasta qué punto podemos extender el derecho de cada uno a la privacidad? ¿Acaso a los padres se les permite abusar o asesinar a sus hijos ya nacidos en la “privacidad” de su hogar?

El aborto no puede ser un derecho de la mujer, ya que los derechos fundamentales existen para todos los seres humanos. Si el aborto se acepta, se le está retirando un derecho básico a un ser humano: el derecho a la vida. Los derechos humanos deben de ser para todos, no sólo para algunos. El derecho al aborto implicaría que otra persona no merece derechos. No podemos decidir quién  debe vivir y quién no, pues el derecho a la vida es un derecho humano.

¿Y porqué solamente en el caso del aborto se argumenta que esa “opción” es absoluta? Usando este razonamiento se podría sencillamente decir que las personas tienen el derecho a usar drogas (es mi cuerpo), o el derecho a prostituirse. Las sociedades humanas no le dicen a la gente que tienen la “opción” de matar a sus hijos. No podemos hablar de un derecho a abortar, sería como decir que existe un derecho a matar.

No se habla del derecho al homicidio, o del derecho al robo, etc. ¿Entonces cómo se va a hablar del derecho al aborto? No existe tal derecho, NO ES UN DERECHO.

La mujer que aborta merece ser castigada por atentar contra la vida de un ser que es producto de sus entrañas y que no tiene derecho a eliminar.

Los pro-abortistas para lograr la legalización del aborto, utilizan argumentos de “salud reproductiva”. Sin embargo no nos podemos dejar engañar, el aborto es un delito en todos los casos. Además, una vez que la “salud” se convierte en justificación legal -no moral- del aborto, entonces el próximo paso es alegar falsamente que el aborto es un “derecho” humano, ya que los medios para intentar lograr, recuperar o mantener la salud, son derechos de la persona. Ninguna razón de salud puede justificar ningún tipo de aborto.

 

CAPITULO SEGUNDO: LA DEFENSA DEL ABORTO EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS SE FUNDAMENTA EN “JUSTIFICACIONES” ABSOLUTAMENTE INACEPTABLES.

Sección Primera: La realidad acerca del aborto eugenésico

Como se definió en el capítulo segundo, sección tercera, el “aborto eugenésico” busca eliminar a los niños con deficiencias basándose en que sufrirán mucho y le ocasionarán sufrimiento y gastos a los padres. Este aborto se basa en el falso postulado de que “los lindos y sanos” son quienes deben establecer el criterio de valor de una vida.

Con este criterio tan absurdo, ya se habría matado a todos los discapacitados ya nacidos y a todos aquellos que para la sociedad no son “lindos y sanos”.

El caso del aborto eugenésico es una franca y abierta discriminación hacia las personas discapacitadas de nacimiento, a quienes se les dice -por ley- que no deberían nacer. 

Quienes apoyan este criterio sostienen que un niño con deficiencias sufre mucho y sólo representa sufrimiento y gastos para su familia y argumentan que es una irresponsabilidad traer al mundo a un hijo que va a reclamar día a día su defecto y que no va a poder superar su complejo.

La Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley 7600) estipula en su artículo primero que: “Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes”
 
En nuestra opinión, nadie es capaz ni tiene el derecho de juzgar ni de determinar que a un niño con defectos de nacimiento “le conviene” no vivir, es decir que le conviene que lo maten, para que no venga a este mundo a sufrir, no podemos afirmar, bajo ninguna circunstancia, que su vida va a ser tan triste, que se encontraría mejor muerto que vivo.

Nosotros no tenemos ningún derecho de suponer cómo va a ser la vida de alguien y entonces determinar que no vale la pena vivir y escoger uno por los demás, violándose así el derecho a la vida que todos tenemos desde el momento de la concepción.

El derecho a la vida es un derecho universal del cual goza todo ser humano, independientemente de su condición. Lo que interesa es su condición de persona, sin importar si es saludable o si tiene alguna enfermedad o si es bonita o fea, o joven o vieja, etc.

Existen niños con defectos de nacimiento que están felices de estar vivos. De hecho, algunos estudios demuestran que los discapacitados no difieren de las personas normales en cuanto a la satisfacción de la vida, la actitud hacia el futuro y la vulnerabilidad a la frustración; ellos mismos se han manifestado en contra del aborto.

La experiencia nos demuestra que muchos seres deformes o con defectos físicos o mentales han reportado gran beneficio a la humanidad.  La siguiente anécdota, le ocurrió al partidario del aborto, Monod, en un debate que transmitió la televisión francesa:

“ – Si usted sabe- le dijo Lejeune- de un padre sifilítico y de una madre tuberculosa que tuvieron cuatro hijos: el primero nació ciego; el segundo murió nada más al nacer; el tercero nació sordomudo;  y el cuarto es tuberculoso. La madre queda embarazada de un quinto hijo. ¿Qué haría usted?

-Yo interrumpiría el embarazo- contestó Monod con toda la seguridad  del caso, a lo que su contrincante, con una sonrisa respondió:

-Pues hubiera usted matado a Beethoven”

El aborto Eugenésico implica introducir la desigualdad en Derecho y la arbitrariedad del más fuerte. Afirmar que sólo las personas sanas tienen derecho a nacer implica aceptar que la vida de éstos  tiene un mayor valor que la de aquél que es deforme. Y si la discapacidad es sobrevenida, ¿Se pierde el derecho a la vida?

No podemos olvidar que con esta mentalidad, acorde con la filosofía de Hitler, murieron millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, pues siguiendo este pensamiento, el presunto minusválido no debe nacer ni vivir.

Como señala Wilke, muy pocas personas saben que los primeros hornos crematorios fueron instalados por los nazis en los hospitales del Estado, y eran los propios médicos los que efectuaban los crímenes. Al principio, se ejecutaban únicamente a los más tarados, los que ocasionaban mayor molestia, pero progresivamente el precio de la vida humana fue bajando. Al quedar vacíos los hospitales psiquiátricos, se comenzó con las instituciones para niños defectuosos, luego con los insociables de las cárceles, instituciones de ancianos y casas de convalencia, para finalmente terminar con la “raza defectuosa”. Antes que a los judíos, los nazis ya habían matado a 300.000 alemanes de “pura sangre” porque los consideraban “parásitos inútiles”.

Algunos señalan que el aborto eugenésico es una medida preventiva. Nosotras consideramos que una cosa es prevenir un defecto (evitar que acontezca) y otra muy distinta, eliminar un ser humano.

Además, en estos casos se da un gran problema y es que científicamente, las pruebas prenatales no tienen un cien por ciento de certeza en determinar malformaciones o defectos. Algunas pruebas que han pronosticado que determinado niño nacerá con malformaciones, han demostrado no ser otra cosa más que un resultado falso y al finalizar el embarazo, el producto es un niño sin defectos.

Prueba de lo anterior, es un caso que salió publicado en el Periódico La Nación, acerca de una niña a la cual antes de nacer, le detectaron el grado más avanzado de labio leporino y paladar hendido. Todos los pronósticos médicos prenatales apuntaban a que la pequeña nacería con esa malformación congénita.

“… la mamá de María, supo del problema en su sétimo mes de embarazo. El ginecólogo le advirtió que la malformación congénita era tan grave que había la posibilidad que el bebé naciera sin paladar… Los últimos meses del embarazo consultaron a numerosos médicos del país y del extranjero. Incluso enviaron vídeos de los ultrasonidos al Children Hospital de Dallas Texas, que cuenta con especialistas para este tipo de mal.

Sin embargo, el 28 de noviembre de 1994 nació una criatura impecable, 100 % normal, sin ninguno de los defectos que se le habían apuntado.

Esto  prueba que los pronósticos médicos no son 100% confiables, y que por un error en estos resultados una mujer podría llegar a practicarse un aborto basándose en que supuestamente su hijo no va a ser “normal” y podría ser que el diagnóstico médico fuera erróneo. Sin embargo, como se dijo anteriormente aunque el niño si fuera a tener el defecto que se dice en la prueba prenatal, nosotros no podemos decidir acerca del derecho a la vida de ese niño.

En relación con este tema, algunas personas utilizan otro argumento para “justificar” el aborto, cual es que “un niño no deseado sólo viene a este mundo a sufrir”

Esta afirmación da por un hecho que ese niño nunca podría ser amado por sus padres (biológicos) o que necesariamente va a ser abandonado y que nunca tendría la posibilidad de ser amado por padres adoptivos, o que por ser “no deseado” correría el riesgo de ser maltratado física o emocionalmente el resto de su vida.

Esta afirmación también implicaría que otro niño, de verdad anhelado,
 

 tendrá todo lo necesario para vivir bien y que nunca carecerá de amor, de atención, de salud, de hambre, etc. Bien sabemos que esto hoy en día no sucede. Y de ello surgen todas las leyes y tratados internacionales para la protección de los derechos de los niños que insistentemente buscan darle al pequeño ser humano una vida “sin sufrimiento”.

Pero, ¿quién de nosotros está exento de sufrimiento? Decir que un niño no deseado viene a este mundo a sufrir sería como afirmar que existe la posibilidad de nacer y jamás sufrir.

Además, nuestra Constitución Política y la Ley –Código de Familia-, prohíben toda calificación sobre la filiación. Por lo tanto, el término “hijo no deseado” no puede jurídicamente diferenciarse de “hijo deseado”. Es decir, el adjetivo “no-deseado”  no puede tener efectos jurídicos.

Si clasificamos al abuso o maltrato físico o emocional como una desgracia, y proponemos como solución a este problema el abortar, estaríamos asegurando una desgracia con otra. Además, debemos recordar que nadie ha sido nombrado juez de la vida y de la muerte, por tanto, no podemos decidir sobre la vida de los demás.

Sección Segunda: Análisis del mal llamado “Aborto Terapéutico”.

 El aborto provocado para salvar la vida o la salud de la madre, cuando ésta corre peligro por el embarazo, es conocido con el nombre de Aborto Terapéutico. 

El artículo 121 de nuestro Código Penal contempla este tipo de aborto, el cual figura como una causa de justificación especial, es decir que el aborto terapéutico no es punible. Debe ser practicado por un médico o por una obstétrica autorizada, previa autorización de la madre.

Nuestra legislación no establece ningún límite temporal para realizar el aborto, por lo que se deduce que se permite practicarlo en cualquier momento del embarazo, sin importar la edad gestacional del neonato.

En las legislaciones de Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, también se regula este tipo de aborto, es decir, se permite el aborto para salvar la vida de la madre.

Asimismo, los códigos penales de  Panamá, Paraguay y México regulan el aborto terapéutico, sin embargo en estos países se requiere que una comisión o un grupo de médicos autoricen el aborto previo a su realización.

Merecen mención especial las legislaciones de Chile (Código Sanitario, 1931), Honduras (Código Penal, 1906), Colombia (Código Penal, 1936) y El Salvador (Código Penal, 1973), las cuales luego de haber aceptado por años el aborto terapéutico, desde 1980 en adelante han venido expulsando a esta figura de su ordenamiento legal. Así lo hizo Colombia en 1980, Chile en 1989, Honduras en 1997 y El Salvador en 1997.

Esto muestra que evidentemente existe una tendencia regresiva en la descriminalización del aborto. El fundamento central de esta tendencia es la protección absoluta de la vida del ser en formación. Es por ello que las legislaciones citadas no admiten ninguna causa de justificación para la interrupción legal de un embarazo.

Consideramos de gran valor la Declaración realizada por la Asociación Médica Nicaragüense en relación con el aborto terapéutico, la cual se transcribe a continuación:

“Declaración de la Asociación Médica Nicaragüense a favor de la vida y contra el aborto “terapéutico”

La Asociación Médica Nicaragüense, cumpliendo con su compromiso de aportar a la sociedad nicaragüense los conocimientos científico-técnicos actualizados por la investigación biomédica y bioética actual,
Reconoce que:
“El comienzo del desarrollo de la vida humana se establece en el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, momento a partir del cual se sucede una serie de mecanismos biológicos, químicos, moleculares, físicos, etc., que permiten que el nuevo ser adquiera características humanas, por lo cual, afirma que cada ser humano existe y comienza su desarrollo a partir de la unión de los gametos”.
“De acuerdo a nuestra Constitución Política, el derecho a la vida es inherente a la persona humana”, el Código Civil afirma que ‘Es persona por nacer la concebida en el vientre materno’, además de estar incorporado a nuestra Constitución Política, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, el cual reconoce el derecho a la vida desde la concepción”.
Basados en estos principios, y la situación actual de desarrollo de las Ciencias Médicas, especialmente en los ramos de la Gineco-Obstetricia, la Perinatología y la Neonatología, la Asociación Médica Nicaragüense
Declara:
Que no existe una situación, en la práctica médica actual, donde la vida humana, desde el momento de la concepción, deba ser intencionalmente destruida por medio del aborto con el propósito de salvar la vida de la madre. Un médico debe hacer todo lo posible para salvar la vida de ambos pacientes, madre e hijo. Jamás debe intentar la muerte de alguno de ellos.
Por tanto:
No existe indicación alguna para determinar que un aborto sea terapéutico.
Terapéutico significa que cura o intenta curar, en tanto el aborto no cura ninguna patología, y siempre produce la muerte de uno de los integrantes del binomio madre-hijo, como es el niño concebido en el vientre materno.
Managua, 29 de junio de 2000. “

Despenalizar el aborto, ya sea en un periodo determinado, o en supuestos concretos, como el caso del aborto terapéutico, supone desproteger la vida humana, y tal desprotección es arbitraria.  El legislador violaría el principio de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 33 constitucional, pues trataría mejor al nacido que al nasciturus, siendo ambos valores iguales. 

La muerte procurada de un no nacido, por cualquier razón que sea, ha de ser considerada como una violación al derecho a la vida de éste y debe ser sancionada, independientemente de si se trata de un nasciturus o de una persona ya nacida. Como lo hemos venido señalando, en nuestra opinión es incluso más reprochable la muerte del no nacido, por su estado de indefensión.

 En relación con la violación al principio de igualdad, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia señala que “Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o desconocer su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad”.

Asimismo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, señala que: “Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades, que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; entre los cuales está la vida, la libertad y la felicidad”

De igual forma, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establece que: “ Todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley”

En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) se reconoce que: “Toda persona tiene derecho a que ser respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”.

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se señala que: “ Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona “

Asimismo en la Declaración Universal de los Derechos del Humanos se establece en el artículo 7 que: “ Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Y en su artículo 2 se señala que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición”. Al decirse “cualquier otra condición”, se entiende que una condición es la de que sea nacido o no, lo que importa es que sea persona.

De los instrumentos internacionales citados anteriormente, se desprende que, en el conflicto de derechos entre la madre y el hijo, no se puede escoger a ninguno de los dos, ya que son iguales ante la ley y tienen igual valor.

Decidir entre una vida y la otra es una clara violación al derecho natural y a los instrumentos citados. No se puede preferir la vida de la madre sobre la del hijo, ya que las dos son vidas humanas con igual dignidad y con igual protección de la ley.

Sacrificar al hijo, para salvar la vida de la madre, es desigualar, por convenio humano,  lo que es igual por naturaleza, pues ambos tienen el derecho a la vida.

Se dice que en estos casos, el derecho a la salud de la madre, colisiona con el derecho a la vida del feto, ya que la salud de la madre se ve amenazada por el embarazo. A pesar de esto, el aborto no se justifica. Pensamos que el legislador no puede imponer restricciones al derecho a la vida del no nacido, alegando el derecho a la salud o libertad personal de su madre.

No se puede contraponer la salud de la madre con la vida de un niño. No se puede calificar de más valiosa la salud de la madre que la vida del niño. Debemos recordar que los derechos del hombre son muchos, pero no todos son de igual valor o de la misma categoría, hay uno fundamental, porque sin él son imposibles los demás: el derecho a la vida, sin éste, todo esfuerzo por obtener los demás derechos y libertades es ilusorio.

Nuestra sociedad tutela y protege determinados valores fundamentales y establece una jerarquía para clasificar su protección. Sin duda, el valor principal en la jerarquía jurídica es la vida,  y ésta se protege para asegurar la convivencia social.  La vida es el requisito sine qua non para la existencia humana.

El principio de la inviolabilidad de la vida humana, hace evidente que la destrucción de la vida de un individuo no pueda llegar a ser simple medio para salvar la de otro.

La vida del concebido y la del nacido son bienes de igual valor, ambas son vidas humanas y por consiguiente, se han de proteger de igual forma. Cada vida humana es única e irrepetible y en consecuencia, es imposible comparar unas con otras. Todas las vidas humanas son iguales en dignidad.

En ningún caso se puede afirmar que la vida del la madre deba ser preferida a la vida del niño. Es erróneo plantear la situación con la alternativa: o la vida del niño o la de la madre. Ni la vida de la madre ni la del niño pueden someterse a una valoración, para elegir entre una y la otra.  En realidad la exigencia no puede ser más que una sola: hacer todo esfuerzo para salvar la vida de ambos, la de la madre y la del hijo. Se debe hacer lo posible por salvar ambas vidas, utilizando todos los mecanismos que nos ofrece la ciencia moderna.
 

En el mismo sentido, el Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica  señala en el artículo 10 que: “ El respeto de la vida humana constituye el deber primordial de los médicos” y en el artículo 23 estipula que: “ En el transcurso de un parto distócico el médico debe actuar en defensa de los intereses de la madre y el hijo, sin dejarse influir por consideraciones de orden familiar o social”

De igual forma, en la Declaración de Ginebra , se dice que: “ En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica: Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la Humanidad; … Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción, y aun bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas.

Ciertamente, la mayoría de las veces, cuando la vida de la madre está en peligro, no es el hijo la causa del peligro, sino una enfermedad de la madre. Además, según los  principios de la Medicina, siempre se tiene que tratar de curar la enfermedad de la madre, y no matar al niño.  Si bien es cierto, hace algunos años existían enfermedades que no se podían combatir y la mujer embarazada no
 

 podía llevar su embarazo hasta el final. Actualmente, gracias al progreso de la medicina, es posible, incluso cuando hay un riesgo serio,  como el que se presenta en el fallo cardiaco materno, tratar a la madre y salvar al mismo tiempo a la madre y al hijo.  Entonces, no es el niño el que impide la vida de la madre, sino la enfermedad de la madre la que amenaza la vida de los dos.  En este caso la Medicina debe salvar tanto a la madre como al niño.

Pero, justamente, la ciencia ha logrado avanzar lo suficiente para evitar el tener que escoger entre una vida y la otra.  El avance de las ciencias ha sido tan grande que, actualmente, es mínima la posibilidad de que pudiera existir un conflicto entre la vida de la madre y la del feto.

Por ejemplo, en el caso de los abortos por embarazos ectópicos, sea el caso cuando el embarazo ocurre en algún lugar fuera del útero materno, o cuando se presenta en una trompa, en el ovario o en la pelvis, la ciencia médica nos ha demostrado que se pueden realizar los procedimientos quirúrgicos adecuados, sin necesidad de matar al niño.

Se ha señalado que en los casos de aborto terapéutico,  la madre ejerce el derecho de legítima defensa contra el niño cuando el embarazo amenaza su vida o su salud.  Se entiende por legítima defensa el derecho que tiene todo hombre a repeler coactivamente la agresión actual e incoada, aunque esta reacción determine, para el agresor, un daño que puede, en algunos casos, llegar a la misma muerte.

En nuestra opinión, el argumento de que la madre ejerce legítima defensa contra el niño es inaceptable, ya que el niño no es ni puede ser un agresor, tampoco el niño puede crear una situación de ataque contra su madre.  La legítima defensa implica necesariamente que la víctima repele la agresión actual de su agresor.  No podemos considerar al niño como agresor, cuando la salud o la vida de la madre se encuentran amenazadas por el embarazo. También se ha dicho, que en el caso del aborto terapéutico, la madre se encuentra en un estado de necesidad y que la única forma de salvar su vida es realizando el aborto.

Se  entiende por estado de necesidad, aquella situación de necesidad o peligro actuales, de la cual no es posible liberarse a no ser que se utilice la lesión de bienes ajenos. El bien utilizado debe ser el adecuado para salir de la situación de necesidad y además debe ser proporcional a dicha situación.

El deber de conservar nuestra propia vida no nos autoriza a disponer de la de los demás, aunque el sacrificio de la vida ajena se presente como absolutamente necesario para conservar la propia.

Consideramos que no es válido  alegar un estado de necesidad cuando el mal causado es igual o mayor que el que se trata de evitar. El privar a una persona de su vida para salvar la propia, no cumple con tal requisito, pues a nadie le es lícito valorar el perjuicio que para la sociedad representa el que se pierda una determinada vida y no otra, ya que existe un principio de igualdad de las personas ante la ley, el cual rechaza el trato discriminatorio en aquellas cuestiones que afectan a la dignidad de la persona, y con mayor razón la vida.

Equiparando la vida del nasciturus a la del nacido, la conclusión a la que llegamos es que ambos deben recibir necesariamente el mismo tratamiento protector por parte del Derecho y del Estado.  Cualquier destrucción dolosa de la vida del feto ha de ser definida como delictiva.

Sección Tercera: Aborto y violación

Existen personas que afirman que se debería legalizar el aborto en aquellos casos en que el embarazo es producto de una violación.

Practicar el aborto en estos casos, implica añadir a los resultados de la violación, las complicaciones físicas y psicológicas del aborto. Es decir, es sumarle al delito de violación, el de aborto, el cual se ha demostrado que en ocasiones conlleva peores consecuencias psicológicas que la violación misma. Aceptar el aborto en estos casos, implica la aceptación de un delito, como consecuencia de otro.

Algunas personas intentan manipular nuestros sentimientos y quizás más,  nuestra atención del fondo del asunto, obviando el hecho de que tan grave es abortar como el del violar. El problema, con dichas personas, es que insisten en hacernos ver únicamente los efectos psicológicos negativos de la violación y casi no hablan del trauma post – aborto. Los efectos psicológicos del aborto son mucho más dañinos que los de la violación. En la violación, la mujer es la que sufre la injusticia. En el aborto, la mujer es la causante de la injusticia.

La vida se debe respetar independientemente de las circunstancias en las cuales se conciba al ser humano. No es válido hablar de que el aborto, en casos de violación, es la excepción al principio general del derecho a la vida. Nuestras leyes amparan a las personas desde el momento mismo de la concepción. Tan valiosa es, por lo tanto, la vida de un ser concebido, como consecuencia de una violación, como la vida de una persona que nace producto del amor, en el seno de una familia bien organizada.
 
Es deber del Estado y de la sociedad, en todos los casos de embarazos difíciles, movilizar los recursos para resolver los problemas de una forma constructiva, con ayuda personal y financiera. La licencia para matar no es una solución constructiva.

Las mujeres violadas y, aún más, si resultan embarazadas, son dignas de toda consideración y de especial trato.

En estos casos, algunas soluciones posibles podrían ser: asignar mayores recursos a la seguridad y la justicia, aumentar al máximo las penas a los culpables de estos delitos, desburocratizar los trámites de adopción, amparar a la madre que pasó por este trance con leyes adecuadas, ayuda material y espiritual para llevar adelante su embarazo y posteriormente ayuda en la crianza del bebé.

Permitirles abortar, no sólo no soluciona su problema, sino que, por el contrario, lo agrava. No debemos dar licencia para matar a quien ha sido víctima de una atrocidad, y quien, como consecuencia de esto, se encuentra en una situación de ira y desconcierto que no le permite pensar objetivamente qué es lo mejor. Se debe atacar la violación, pero ataquémosla desde sus verdaderas causas.

Bajo ninguna circunstancia se puede admitir el asesinato de un ser indefenso y la negación de su derecho a la vida, por el hecho de que su madre haya sido víctima de una violación. En estos casos, la culpa del violador significa la pena de muerte del concebido, a causa de la violación.

Nuestras leyes deben velar para que el aborto sea condenado en todos los casos, sin ninguna excepción. No se configuraría la “no exigibilidad de otra conducta”, ya que esto es válido en ciertos casos,  por ejemplo, en la legítima defensa, en donde mato al que me intenta matar- en un caso extremo, ya que la ley no autoriza matar, sino defenderse proporcionadamente-. En el supuesto que nos ocupa, no podemos permitir que se mate, a un tercero, como consecuencia del crimen de una persona, con la agravante de que este tercero es inocente e indefenso.

El aborto por violación no está justificado. La violación es una injusticia y quitarle la vida a un inocente es otra injusticia. Aceptar el aborto por violación sería querer solucionar una injusticia con otra injusticia.

Un problema muy grande que se presenta en estos casos,  es que a las mujeres no se les informa acerca de las consecuencias del aborto. Es decir, por lo general, no se les advierte acerca de los posibles efectos psicológicos que pueden arrastrar como secuela para el resto de sus vidas ni del deterioro físico  permanente que puede dejar éste como resultado.

En el capítulo segundo, sección cuarta, se desarrollaron los efectos físicos y psicológicos que puede producir el aborto, entre los efectos físicos  encontramos los siguientes: esterilidad, abortos espontáneos, embarazos ectópicos, trastornos menstruales, hemorragias, infecciones, coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudoración, intenso dolor, pérdida de otros órganos, insomnio, pérdida de apetito, agotamiento, nerviosismo. vómitos, frigidez. e incluso la muerte.

Entre los efectos psicológicos se encuentran, entre otros: la culpabilidad, impulsos suicidas, insatisfacción, Sentimiento de luto, pesar,  remordimiento, inferior autoestima, ira, rabia,  desesperación, deseo de recordar la fecha de la muerte, intenso interés en los bebés, instintos maternales frustrados, odio a todas las personas relacionadas con el aborto, deseo de acabar la relación con su pareja, pérdida de interés en el sexo, incapacidad de perdonarse a sí misma, pesadillas, ataques, temblores, frustración.

Las mujeres que se practican un aborto, sufren emocional y espiritualmente lo que es conocido como el “Síndrome post-aborto”. Estos efectos del aborto incluyen sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, diversos tipos de neurosis y de enfermedades psicopáticas, tendencia al suicidio, problemas sexuales, problemas para dormir, etc.

El problema es que a las mujeres no se les brinda la información completa acerca de las consecuencias físicas, psíquicas y morales del aborto. Entonces, la mujer va a tener que sufrir no solamente el síndrome post- violación, sino que también va a tener que cargar con el síndrome post- aborto que podría llegar a ser incluso peor.
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia del trauma post aborto para las mujeres puede llegar a alcanzar hasta el 91% de los casos.

No es razonable privar de su vida a una persona, debido a que su madre fue víctima de un delito ejecutado por un tercero ya que no solamente resulta imposible reparar el daño por ella sufrido mediante la muerte del ser que alberga en su seno, sino también porque ese ser no es responsable ni autor de la lesión ocasionada a la madre.

“En un estudio hecho recientemente se menciona que, de las mujeres violadas que abortaron, el 93% aseguró que el aborto no solucionó sus problemas, y declararon que no se lo recomiendan a otras personas en esa situación. El caso de violación es un caso extremo que sólo sirve de bandera para la legalización total del aborto.”

Los que proponen al aborto como la “solución”, alegan que las mujeres que han quedado embarazadas por una violación, no deben sufrir el trauma adicional de dar a luz al hijo del violador. Sin embargo, los siguientes testimonios personales de mujeres violadas nos demuestran la falsedad de dicho argumento.

Jackie Bakker, señaló que:

 “Cuando tenía 19 años fui violada a punta de pistola, me sentí sucia, usada y robada de toda mi dignidad. Menos del uno por ciento de las mujeres que son violadas salen embarazadas, pero yo fui una de ellas. Primero me negaba a creerlo, pero mi cuerpo comenzó a sufrir cambios y me di cuenta de que ya no podía ocultarlo por más tiempo: estaba embarazada. Pensé que tenía que haber un modo de salir de esto. Recién me habían entrevistado para la posición como azafata, pero más que el riesgo de perder mi carrera, me preocupaba el tener que dar a luz al hijo del hombre que me había violado. Cuando mi hermana sugirió el aborto me sonó como la solución perfecta. El aborto todavía era ilegal, pero mi hermana hizo los arreglos. Conocí a un hombre que me llevó a la oficina de un médico, pero éste me dijo que no me podía hacer el aborto porque tenía una infección tan fuerte en la garganta y que si me llegaba al útero podía morirme. Por lo tanto, me envió a mi casa y tuve que vivir con el hecho de que estaba embarazada y seguir adelante. Más tarde me encontré un médico que me ayudó a ver que la vida es valiosa. Comencé a sentir amor y aceptación por mi bebé, especialmente después que lo sentí moverse. Me alegré por la nueva vida que llevaba dentro de mí y casi me olvidé de cómo había comenzado. Cuando finalmente se lo dije a mis padres, mi papá se horrorizó de que estuviera embarazada, especialmente de un violador. Otro médico nos puso en contacto con la Paternidad Planificada, donde me dijeron que el aborto era la única solución y no me ofrecieron alternativas. Les creí cuando me dijeron que mi pesadilla pronto acabaría y que podría continuar con mi vida después del aborto como si nada hubiera sucedido. Mis padres me hicieron testificar ante el Fiscal sobre la violación para que pudiera tener un aborto legal, pero cuando fue aprobado ya tenía 22 semanas de embarazo y quería conservar a mi bebé. Sin embargo, sentí una terrible presión de todos, especialmente de mis padres y al final cedí. Me inyectaron una solución salina y 18 horas más tarde…di a luz una pequeña bebita que estaba totalmente formada y era perfecta…esperaba que comenzara a llorar y que estuviera viva.
Sentí un vacío que nadie puede llenar, los efectos del aborto continuaron mucho tiempo después de los recuerdos de la violación. Por los próximos tres años experimenté horribles depresiones y pesadillas. Por el contrario de todo lo que me habían dicho, era mucho más difícil lidiar con el recuerdo del aborto que con el de la violación. La violación fue un crimen terrible contra mí, una víctima inocente. El aborto fue la matanza de mi hijo inocente y yo participé voluntariamente. Traté de convencerme a mí misma de que tenía una buena razón para abortar después de haber sido violada, pero el dolor no me dejaba pensar sobre ésto. . . .” 

Otro testimonio es el de Lianne Azevedo quien declaró que:

“Me engañaron haciéndome creer que el aborto pondría fin a mi pesadilla… porque en realidad el aborto era una cosa muy difícil. Fue el comienzo de una pesadilla para mí. Odié al hombre que me había hecho esto. Pensé que lo que él hizo era terrible y cruel, me había violado. Pero inmediatamente después que aborté a mi hijo me di cuenta de que lo que yo había hecho era aún más cruel. Yo había creado una nueva víctima y era la única persona responsable por ello. Me sentí mucho más culpable por el aborto ya que éste no me borro el recuerdo de la violación, solamente me dejó con otras cosas a las que tuve que enfrentarme.” 

Bajo el título de “Víctimas y vencedores: Hablando de sus embarazos, abortos y niños resultantes de asalto sexual” (traducción del título en inglés), tres investigadores estadounidenses escribieron un libro que -con amplia documentación y estudio de casos- derriba uno a uno todos los argumentos a favor de la legalización del aborto por violación. David C. Reardon, Julie Makimaa y Amy Sobie analizaron 192 casos de mujeres embarazadas a consecuencia de una violación o incesto y 55 casos de adolescentes y adultos concebidos en un asalto sexual. Estos testimonios fueron recogidos durante un periodo de nueve años por Fortress International y el Instituto Elliot. Algunos resultados extraídos de dicho libro son los siguientes: 

 De las 192 mujeres, 164 fueron violadas. El 69 por ciento de las entrevistadas decidió dar a luz, el 29 por ciento abortó y el 1,5 por ciento sufrió un aborto espontáneo. Desde la presentación de los datos, la obra desmiente que el aborto sea la principal o única opción para las mujeres embarazadas por un asalto sexual.

 Mientras 56 mujeres decidieron abortar, 119 las mujeres optaron por dar a luz. De éstas, el 36 por ciento decidió dar en adopción a sus hijos, mientras que el 64 por ciento conservó a sus bebés.

 De las mujeres violadas que abortaron, el 93 por ciento aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas y declararon que no se lo recomendarían a otras personas en su misma situación.

 19 de las 44 víctimas de violación que abortaron (es decir el 43 por ciento) indicaron que fueron presionados por sus familias o trabajadores de salud para abortar.

 Por el contrario, en el caso de las mujeres que decidieron dar a luz, ninguna se arrepintió de esa decisión, “los sentimientos de la mujer hacia el niño mejoran durante el embarazo y reconocen que el niño es una víctima inocente igual que ellas”.

 De los testimonios y cartas de las 133 mujeres que dieron a luz, los autores concluyeron que “más del 80 por ciento explícitamente expresó felicidad por haber dado a luz a su niño. Ninguna declaró que no quisiera a su hijo ni que ahora deseara haber abortado”.

 La mayoría declaró que no considera el aborto como una solución adecuada y afirmó que había rechazado sugerencias para abortar. Muchas resistieron una fuerte presión familiar, de amigos o trabajadores de salud.

“Es de notar que ni una sola mujer de las 133 que dieron a luz haya expresado remordimiento por haber dado luz a su hijo, ni algún deseo de haber escogido el aborto como alternativa”, agrega el libro.

Resulta de interés mencionar un dato que muchos no saben y que es que difícilmente una mujer violada, queda embarazada, ya que su estado emocional inhibe la ovulación; sin embargo, excepcionalmente se llegan a dar algunos casos. Por ejemplo, en España, de 55 mil casos de mujeres violadas presentados ante el Ministerio de Justicia, sólo 12 quedaron embarazadas.

Los embarazos como consecuencia de una violación son extraordinariamente raros, por varias razones. Por ejemplo, la tasa extremadamente alta de disfunciones sexuales en los violadores. En tres estudios se constató que el 39, el 48 y el 54% de las mujeres víctimas del ataque no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. En otro estudio se comprobó que el 51% de los violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron terminar el acto sexual. Otra causa por la que son extremadamente raros los embarazos por violaciones es la total o temporal infertilidad de la víctima. La víctima puede ser naturalmente estéril; puede ser muy joven o muy vieja, puede estar ya embarazada o puede haber otras razones naturales. El 43% de las víctimas se encontraba en estas categorías. La víctima también puede estar tomando anticonceptivos, puede llevar un DIU o haberse hecho la ligadura de trompas; el 20% se situaba en esta categoría. Así, sólo una minoría de las víctimas tienen una potencial fertilidad.

Además de la infertilidad natural, algunas víctimas están protegidas del embarazo por lo que se ha llamado estrés de infertilidad temporal como reacción a un estrés extremo. Es decir, el ciclo menstrual, regulado por hormonas, es fácilmente distorsionado por un estrés emocional y puede actuar demorando la ovulación; o si la mujer ya ha ovulado, adelantando prematuramente la menstruación.

Un estudio determinó que se registraron solamente 0,6% de embarazos en 1290 víctimas de violación. En una serie de 3,500 violaciones en 10 años en el Hospital San Pablo de Minneapolis, no hubo un solo caso de embarazo.

Confrontar el derecho de la libertad con el derecho a la vida, es un truco que han utilizado los medios y algunos grupos pro elección para justificar el aborto en casos de violación. No se trata de un sistema jurídico en el que cada persona
 “coleccione” derechos y los utilice frente a las demás personas para imponer su derecho sobre el de los demás. Se trata de un orden jurídico. Orden, pues precisamente establece la jerarquía de los valores tutelados, norma la manera de ejercer los derechos con los que cuenta cada persona, y establece las reglas de convivencia entre las personas y de coexistencia entre sus derechos. El derecho a la libertad de la mujer no debe enfrentarse con el derecho a la vida. El derecho a la vida es el primero de los derechos. Sin vida, no es posible siquiera hablar de otros derechos. El derecho de la libertad de la mujer termina donde comienza el derecho a la vida del concebido.

Pretender que el derecho de elección de la mujer puede determinar el derecho a la vida del no nacido, es tanto como decir que los hombres podemos ejercer nuestro derecho a ser libres y optar por matar, secuestrar, violar, etc… No se cuestiona la existencia y validez del derecho a la libre autodeterminación de la mujer. Lo que se cuestiona es la extensión de ese derecho. La esfera de derechos de una persona llega hasta donde comienza la esfera de derechos de los demás. Esto no es religión, es Derecho.

El aborto no puede ser un derecho de la mujer, ya que los derechos fundamentales tienen que ser los mismos para todos los seres humanos. Si el aborto se acepta, se le está retirando un derecho básico a un ser humano: el derecho a la vida. Los derechos humanos deben de ser para todos, no sólo para algunos. El derecho al aborto implicaría que otra persona no merece derechos. No
podemos decidir quién no debe de vivir pues es un derecho humano el derecho a la vida.

Sin embargo, se ha tratado de manipular la opinión pública, en el sentido de hacer creer que los “derechos de la mujer” se oponen al derecho a la vida del bebé, y que ella puede decidir si continúa o no con el embarazo, lo cual debe entenderse como eliminar al hijo que lleva en su vientre, o lo que es lo mismo, cometer un infanticidio sería el derecho de la madre. Es obvio el error en este planteamiento, pues nadie puede tener el derecho de matar a nadie.

La violación de la madre no justifica moralmente el aborto. Es un principio ético elemental de que un mal no se corrige ni compensa con otro que lo supere. Despenalizar el aborto en casos de violación no sería, en modo alguno, optar por el mal menor sino permitir el mal mayor. El aborto es “una cura” que únicamente agrava la “enfermedad”; la evidencia actual muestra que la violación es una fuerte contraindicación para el aborto.

La violación es sin duda una situación muy dolorosa, y afortunadamente pocas violaciones van seguidas de embarazos, pero aún en este caso la violación, que es un acto de violencia terrible, no puede ir seguido de otra no menos terrible, como es la destrucción de un ser vivo. Sería una decisión además de arbitraria, delictiva, por cuanto estaría mandando matar a un ser humano inocente sin juicio previo, sin debido proceso, sin derecho a defensa, sin delito alguno que lo justifique, sin que exista la pena de muerte en nuestra legislación.

El nonato no es un agresor, sino una segunda víctima inocente que no debía recibir la pena capital por el crimen de su padre. Ni siquiera al violador se le impone la pena de muerte.

 Quien está en favor de la vida no puede ser un homicida. Realmente, el delito de la violación no será eliminado con otro delito, como el asesinato de un ser inocente, además de exponer a la mujer a un trauma adicional, tanto físico, psíquico y moral, como es el aborto.

Sección Cuarta: La absurda frase: “Aborto Honoris Causa”

El Artículo 120 de nuestro Código Penal estipula que:  “Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta dos años de prisión.”

Este artículo  presenta un tipo especial de aborto que estipula una pena más liviana que los otros delitos de abortos regulados en la legislación penal.

En relación con el “honor”, el artículo 41 de la Constitución Política señala que “ocurriendo las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…”

De la misma forma, el artículo 145 del Código Penal estipula que “será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella.  La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa fuere inferida en público.”

El artículo 146 del mismo código, señala que “será reprimido con veinte a sesenta días multa el que deshonrare a otro o propagare especies idóneas para afectar su reputación.”

El artículo 147 del código penal sanciona con cincuenta a ciento cincuenta días multa al que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo. Y en el 148 sanciona con diez a cincuenta días multa al que ofendiere la memoria de una persona muerta con expresiones injuriosas o difamatorias.

La Convención Sobre los Derechos del Niño expresa en el artículo 16: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.”

De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en el artículo 17 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.”

El Código de la Niñez y la Adolescencia dice en el artículo 26 que: “ Las personas menores de edad tendrán el derecho  de ser protegidas en su honor y reputación. El Patronato Nacional de la Infancia dará el asesoramiento necesario para defenderlo.”

De igual forma, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se dice en el artículo 11 que: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad…”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12 establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”

Es necesario separar el honor o la fama jurídica de la fama u honor social:

Si para la sociedad, el hecho de que una mujer soltera tenga un hijo es visto como una “deshonra”, esta deshonra es social, no jurídica. No se le debería dar efectos jurídicos a un deshonor social, que ni siquiera debería existir.

En nuestra opinión, la defensa del aborto “honoris causa”  implica afirmar que la maternidad es causa de deshonra.

El derecho debería tener mecanismos de ayuda a las mujeres con este tipo de problemas, pero no debe permitir ni aceptar –a través de leyes- que solo nos deshonran. Una ley justa lleva a vivir la justicia, y una ley injusta conduce a la injusticia. Las malas leyes educan mal. La base de toda sociedad es la justicia, que parte de la igualdad humana. La función de la ley es, en primer lugar, proteger la vida; y en segundo lugar, proteger al débil.

Es inconcebible que el artículo 93 inciso 4) del Código Penal regule como causal de perdón judicial a criterio del juez, el que se haya causado un aborto para salvar el honor propio, es decir se autoriza al juez a conceder el perdón judicial al reo de este delito cuando el hecho estuvo rodeado de circunstancias que permitieron calificarlo como honoris causa, tomando en cuenta que la actitud asumida por el condenado fue motivada por defender el honor de la mujer. 

En nuestra opinión, una mujer que se practique un aborto, en estas condiciones no debería merecer un perdón judicial, pues es tan culpable, como cualquier otro delincuente que comete este delito, cualquiera que sea la circunstancia. No obstante, si se decide dar el perdón judicial es necesario que el delito sea considerado como tal. Es decir que se le considere como delito de aborto y no como “honoris causa”.

CAPÍTULO TERCERO: La ineficacia de la despenalización del aborto

Una de las estrategias para legalizar el aborto en América Latina, es la que se conoce con el engañoso nombre de “salud reproductiva” o “maternidad sin riesgos”.  Lo que aquí se argumenta es que el número de muertes maternas por aborto ilegal es muy alto, y alegan, falsamente, que es necesario legalizar el aborto, para que éste sea “seguro”.

Sin embargo,  la afirmación de que el aborto legal es seguro para la mujer  es un argumentos completamente falso. En Estados Unidos, el número de lesiones graves y de muertes maternas a causa del aborto, ha aumentado en vez de disminuir desde 1973 (fecha en la cual se legalizó el aborto, con la sentencia de Roe vs. Wade). La Comisión de Actividades Profesionales y Hospitalarias descubrió que en 1969, alrededor de 9,000 mujeres fueron admitidas en los hospitales de los Estados Unidos para recibir tratamiento, debido a lesiones directamente causadas por los abortos, sin embargo, en 1977, esa cifra se duplicó casi a 17,000. 

Es un hecho comprobado que todos los años en Estados Unidos, por lo menos de 50 a 100 mujeres mueren por causa del aborto. Se sabe también que a casi todas las mujeres que mueren varios días después de un aborto, se les adjudican otras causas de muerte distintas del aborto en sus certificados de defunción. Sin embargo, estas muertes deberían ser incluidas en el total de muertes maternas por aborto en ese país. 

Algunos grupos internacionales, caracterizan el aborto como un problema de salud pública de máxima severidad. 

Este enfoque fue reconocido en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994 y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995. En la Plataforma de Acción de ambas conferencias, se señaló que el aborto, en condiciones de riesgo, es un grave problema de salud pública el cual pone en peligro la vida de un significativo número de mujeres. 

Asimismo, en la plataforma de acción de estas Conferencias, se instó a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en
 

 condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia.  Planteó que en todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos.  Y dispuso que los países deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento post-aborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos.

Ahora bien, aunque a nivel internacional se estipuló la importancia de la preservación de la salud de la madre, también expresamente se estableció que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Es decir que por más importante que sea la salud de la madre, no se permitirá el aborto como método de planificación familiar.

No obstante lo anterior, consideramos que al señalarse que “… las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos”, se está aceptando que existe un “derecho al aborto”. Es por lo anterior que en nuestra opinión en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994 y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995 implícitamente se acepta el aborto.

Algunos grupos internacionales, caracterizan el aborto como un problema de salud pública y propugnan la despenalización para reducir el riesgo para la vida y la salud de las mujeres, dado que el aborto realizado en condiciones precarias es una de las principales causas de muerte materna. En realidad, en nuestra opinión la única forma de no correr el riesgo de muerte como consecuencia del aborto, sería no practicarlo.

De hecho, en los países en los que el aborto se ha despenalizado, el número de abortos clandestinos sigue siendo el mismo, porque aunque sea legal, muchas mujeres quieren ocultarlo, y en cambio el número de abortos legales aumenta considerablemente.

La despenalización del aborto no soluciona ningún problema de salud. Esto  último se puede lograr,  implementando un programa adecuado de salud pública, donde las mujeres embarazadas tengan atención y cuidado especiales.

Al igual que las personas con enfermedades terminales encuentran los mejores cuidados y clínicas especializadas en su tratamiento, las mujeres embarazadas deberían encontrar igual tratamiento.

En nuestro país, desde que el Gobierno actual comenzó su gestión, se han impulsado programas para madres adolescentes. Estos programas han sido desarrollados por el despacho de la Primera Dama de la República y cuentan con la coordinación técnica del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Actualmente existen dos programas: “Amor Joven” y “Construyendo Oportunidades”. En nuestra opinión se podría crear un programa paralelo a éstos dedicado a mujeres violadas.

Por otro lado,  según los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), -la agencia principal que recoge datos sobre la mortalidad causada por abortos-, como consecuencia de abortos legales en Estados Unidos,  se han muerto 608 mujeres entre 1973 y 1989.  De aquí se desprende que el hecho de legalizar el aborto, no garantiza la salud de la mujer.

 Este Centro ha admitido que las cifras de muertes maternas por aborto legal en ese país no se reportan en un 50% de las veces, pero que a pesar de esto el aborto es la sexta causa de muerte materna en EE.UU.

Año
Muertes maternas según el CDC Muertes maternas teniendo en cuenta el factor de sub-reporte del 50%
1973 57 104
1974 54 108
1975 49 98
1976 27 54
1977 35 70
1978 27 54
1979 34 68
1980 29 58
1981 36 72
1982 31 62
1983 27 54
1984 33 66
1985 47 94
1986 31 62
1987 29 58
1988 28 56
1989 34 68

 

El promedio anual de muertes maternas por aborto legal, que se aprecia en  la tabla anterior, es entre 50 y 100, lo cual coincide con el promedio anual de muertes maternas por aborto ilegal en EE.UU. Sin embargo, es muy probable que el número verdadero de muertes maternas al año por aborto legal sea aún más alto. El problema es que después de la legalización del aborto, han surgido algunas dificultades, para reportar las muertes maternas por aborto legal:

1. El reporte de muertes maternas es voluntario. En EE.UU., por ejemplo,  no hay ningún requisito legal que obligue a los médicos que practican abortos a reportarlas. Evidentemente, estos médicos tratarán de evitar el tener que reportar estas muertes.
2. La mayoría de las muertes ocurren después de que la mujer ha abandonado la Clínica.
3. El viajar oculta la identificación. Alrededor de la tercera parte de las mujeres que abortan viajan a otro estado para practicarse este procedimiento. Si al retornar a casa mueren como consecuencias del aborto, es muy difícil averiguar dónde se les practicó el aborto, ya que la razón de su viaje era mantener el anonimato.
4. Falta de investigación. Nadie ha podido realizar una investigación completa sobre los casos de negligencia médica en la práctica de abortos legales, ya que las maneras de reportar estos casos varían de estado a estado.

Como se ha demostrado, en Estados Unidos, con la legalización del aborto, el problema de salud de las mujeres no se ha solucionado. Es alarmante es número de muertes y lesiones graves de mujeres por aborto legal. Si esto sucede en un país desarrollado,  donde la medicina está tan avanzada, ¿qué sucederá en los países en vías de desarrollo?

En relación con este tema, transcribimos a continuación el testimonio de la enfermera Joe Davis, del cual se desprende que la legalización del aborto realmente no le garantiza la salud a las mujeres que se practican abortos:

“Un día una jovencita vino para un aborto tardío en el segundo trimestre. Nosotros poníamos fin a embarazos aún en su fase terminal. El doctor vino, le practicó el aborto mientras yo asistía con la sonografía y dejó la sala apenas terminó. Ella estaba todavía bajo anestesia general suministrada por una persona no profesional.  La llevé al cuarto de recuperación, me quedé con ella e hice todo lo posible para estabilizarla, pero comenzó a sangrar mucho y no pude contener la hemorragia. Corrí a donde estaba el médico y le dije: “tiene que ayudarme, se está desangrando y no sé que hacer.” El dijo: “examínela, averigüe porqué está sangrando y pare la hemorragia. Así de simple; estoy ocupado. Yo hice todo lo que sabía, pero ella seguía sangrando. Llamé a una ambulancia para llevarla al hospital, y cuando él lo supo se enfadó mucho, canceló la ambulancia y me dijo: “Yo soy el médico aquí y soy el que tomo las decisiones. No podemos enviar esta paciente al hospital en esa condición, nos lincharían. Trate de estabilizarla. Pero ya había sangre por todas partes. Salía a chorros y no podía pararla. Corrí a pedirle al doctor que me ayudara. Le dije:”si no me ayuda, se va a morir.” El me contestó: “Bueno, llame a la ambulancia; yo tengo que tomar un avión”, y se fue. Entonces llamé a la ambulancia, que tardó veinte minutos en llegar. Durante ese tiempo me di cuenta que yo no era médico, y me asusté mucho de haber permitido que me pusieran en esa situación de tratar de salvar una vida, sin saber cómo hacerlo.
Lo otro que pasaba por mi mente era que el doctor ya no era mi héroe. El hizo que yo llegara a ganar 100.000 dólares al año, pero en ese momento me di cuenta de que realmente era un cobarde: se había ido cuando la paciente más lo necesitaba. Se la llevaron y me alegré, por haberme quitado esa responsabilidad y porque estaría en el hospital, con médicos que podrían encargarse de ella. Hasta que me llamaron del hospital para decirme que había muerto. Entonces empecé a tener pesadillas en las que veía su cara cada vez que cerraba los ojos. Me sentí tan culpable y tenía tanta rabia de que el hombre que yo había admirado fuera tan negligente que todo esto casi me destruyó. Después, el Consejo Médico pidió los informes de la paciente y él se atrevió a cambiarlos, para dar la impresión de que no había sido tan negligente. Me dio los informes originales del historial clínico de la paciente y me dijo que fuera al sótano a quemarlos inmediatamente, que no podíamos ir al juzgado así porque nos iban a linchar; que teníamos que ocultar lo que pasado. Pero no pude: metí los informes en mi maletín, porque sabía que no podría mentir para favorecerle en éste caso. No podía ocultar más lo que él había hecho…” 

De igual forma, Judith Fetrow, declaró que:

“Es difícil estar involucrada en la industria del aborto por un tiempo y seguir creyendo que es un procedimiento seguro. Aún con los mejores médicos, hay muchas complicaciones menores y a veces, mayores. Vi como el Dr. William Pierd le perforó el útero a una mujer y después le mintió acerca de la gravedad de la perforación.” 

  En el mismo sentido, se encuentra el testimonio de Hellen Pendley, quien señaló que:

“Yo creo que en el futuro vamos a tener que lidiar con una generación de mujeres que han contraído hepatitis B y el SIDA a través del aborto. Si se reutiliza una cánula de aspiración al vacío, se infecta a la siguiente persona; pero cuando hay mucho trabajo en una clínica no hay tiempo para esterilizar los instrumentos, sino que se lavan y se vuelven a usar. Cuando el estado viene a inspeccionar los libros, le ponen una de esas cintas al autoclave, le anotan la fecha y la hacen pasar muchas veces por el autoclave para hacerles creer que ese día esterilizamos 15 cargas.”

Las terribles historias que cuentan estas personas, muestran la realidad: el aborto daña tanto a la criatura por nacer como a su madre. También demuestran que legalizar el aborto no lo hace un procedimiento “seguro”. Es fácil encontrar negligencia criminal que resulta en daño físico y en la muerte de las pacientes en las llamadas “clínicas seguras de aborto legal”.

Existen organizaciones que tratan de imponer al pueblo, a los poderes públicos y a los legisladores una mentalidad abortista. Se señalan diversos argumentos en defensa del aborto y para propulsar su legalización. Sin embargo,  en nuestra opinión las verdaderas razones que se esgrimen a favor de la legalización del mismo son razones estrictamente económicas. Se ha generado una industria del aborto.

En Estados Unidos, se ha demostrado que el aborto es un negocio lucrativo. En dicho país, se realizan aproximadamente millón y medio de abortos cada año y cada aborto cuesta de 200 a 900 dólares, según el tamaño del bebé no nacido, víctima de este infame crimen. Cada 20 segundos muere abortado un bebé antes de que pueda nacer.

En relación con este tema, encontramos el testimonio de Hellen Pendley, quién declaró:

“Parte de mi trabajo en la industria del aborto era relacionarme con otros abortistas. Así formamos un grupo de presión llamado Proveedores de Abortos en Georgia, para intercambiar ideas e influir en las leyes.
Por cierto que el “Centro de Cirugía de Atlanta”, en Georgia, salió en las noticias el 11 de Marzo de 1989, cuando Catherine Pierce sufrió un paro cardíaco. El Fiscal del Distrito vino al día siguiente; no cerraron la clínica, pero se llevaron los expedientes médicos así que nos reunimos, pero no para hablar sobre Catherine Pierce y el hecho de que estaba en coma e iba a morir, lo que sucedió en Octubre, después de pasar muchos meses en una clínica sin salir del coma. Eso ni se mencionó, nadie dijo ¿qué hay de esa pobre mujer? ¿Saben por qué? Porque no nos importaba lo que le pasaba a las mujeres; nos preocupaba lo que nos pasara a nosotros. Hablamos sobre lo que podríamos hacer para que no nos descubrieran, en caso de una muerte. Esa era nuestra preocupación y todavía lo es. Competíamos en la industria, pero nos protegíamos unos a otros. En ese sentido, hay unión en la industria del aborto…”

En relación con la legalización del aborto, como se mencionó anteriormente, en el Título I, Capítulo II, Sección quinta, se han propuesto dos sistemas para

regular los casos en que se debe autorizar el aborto: el sistema del plazo y el sistema de los indicadores.

El sistema de plazo autoriza el aborto en los tres primeros meses de la gestación. En nuestra opinión, este sistema supone la desprotección total del bien jurídico vida.

Los países que han adoptado este sistema, sustentan su decisión en lo que denominan una “política criminal del aborto”. Consideran que las estimaciones estadísticas ponen de manifiesto que las leyes represivas del aborto voluntario, se infringen masivamente y, por otro lado, la conciencia social y/o las instituciones encargadas de perseguir este delito no rechazan este fenómeno, de manera efectiva, de modo que se estaría ante un fracaso rotundo de la justicia penal.

Asimismo, los seguidores de este sistema, estiman que se trata de un método adecuado para  proteger el  respeto del derecho a la libre maternidad de la mujer ya que propugnan que es la propia mujer la que aprecia y valora las razones y circunstancias sobre la continuación o no del embarazo. Este argumento deja en manos exclusivas de la embarazada la decisión de abortar en los tres primeros meses, lo que en nuestra opinión, trae como consecuencia una desprotección absoluta del “nasciturus”.

Fernando Cruz opina que el “sistema plazo”, al dejar desprotegido al embrión durante los primeros noventa días, convierte la vida humana en formación en un bien jurídico individual bajo el control absoluto de la madre.  Este concepto es constitucionalmente inaceptable, porque la vida en formación es un bien que merece protección”.

Los defensores del sistema del plazo alegan que éste protege el derecho a la libre maternidad de la mujer, como derecho prevalente al del bien jurídico vida del ser humano en formación. Es decir, ante dos bienes desiguales (la vida humana frente a la salud o libertad de la mujer), la ley se decide a favor del menos valioso.

En nuestra opinión, es ilógico manifestar que el derecho a la libre maternidad pueda prevalecer sobre la vida del niño.  No se puede contraponer el derecho a la libertad con el derecho a la vida y, sin lugar a dudas, no se puede calificar de más valiosa la libertad de la madre que la vida de un niño.

En este caso estamos hablando de derechos del hombre, que no son de igual valor, ya que el de la vida es fundamental y sin él son imposibles los demás.

Los que favorecen el sistema del plazo alegan que por medio de éste, se protege la salud de la mujer, pues a partir de los tres meses la intervención abortiva puede llevar consigo mayor riesgo para ésta.

 Como mencionamos anteriormente y se demostró a través de los testimonios de distintas enfermeras de clínicas abortivas, existe negligencia de parte de los médicos. En numerosas ocasiones se realizan las intervenciones abortivas sin el cuidado debido y por ende surgen problemas como perforaciones de úteros y demás complicaciones.

Entonces nos preguntamos cómo pueden los defensores de este sistema, alegar que se protege a la salud de la madre si se permite la intervención abortiva dentro de los tres primeros meses, cuando reiteradamente se ha probado que en este tipo de intervenciones, aunque realizadas dentro de la primer etapa del embarazo, o realizadas en una clínica especializada, siempre existe una gran posibilidad de que surjan complicaciones para la salud de la madre. Es decir,  el “riesgo” siempre está presente.

Asimismo los defensores de este sistema apelan a las facilidades para abortar que concede éste a la embarazada (aborto libre, seguro y gratuito en algunas ocasiones) y argumentan que el aborto puede ser utilizado como un método de control de la natalidad, dejando de ser un remedio excepcional y provocando el abandono de los métodos anticonceptivos.

La solución de plazos infringe también el principio de igualdad, porque deja fuera de la protección legal un determinado estadio del proceso de desarrollo uterino, el cual comienza con la concepción. 

Con este sistema se abandona, por parte del ordenamiento, la protección del valor vida que sin duda es el que mayor protección requiere.

En Costa Rica la solución del plazo sería inaplicable, ya que tanto la Constitución Política en su artículo 21, como la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo cuatro inciso primero, establecen que la vida se inicia a partir de la fecundación del óvulo  por el espermatozoide y, por ende, protegen a la vida humana en formación como un bien jurídico autónomo que no depende de la voluntad de la progenitora.

El otro sistema es el Sistema de los indicadores,  en éste, el aborto consentido es punible, cualquiera que sea la causa de su realización, salvo que sea autorizado por la concurrencia de determinadas excepciones y por ello, se sostiene que opera con el sistema regla-excepción. Este es el sistema que ha sido adoptado por la mayoría de legislaciones de América Latina y El Caribe.

Las indicaciones más aceptadas y sobre las que se han efectuado mayor desarrollo legislativo y jurisprudencial son: la indicación terapéutica o médica, la indicación eugenésica, indicación jurídica, ética o criminológica y la indicación económica o social.

Los propulsores del sistema de indicaciones manifiestan que éste supone una solución, que permite tanto la tutela de la vida en formación, cuanto el derecho de la madre al libre desarrollo de su personalidad. Ello en razón que, a pesar que en principio, todo aborto consentido sería ilícito, se han de tener en cuenta las situaciones específicas que ponen en conflicto los derechos fundamentales de la mujer embarazada, con los derechos del ser en formación, que conlleva a que el ordenamiento estatal, luego de un proceso de ponderación de bienes jurídicos, no pueda exigir la continuación de la gestación a la embarazada, planteándose la posibilidad del aborto lícito.

En nuestra opinión, las indicaciones dejan de lado la protección de la vida del nasciturus. La mayoría de indicaciones reflejan actitudes egoístas de las mujeres. Se coloca como ejemplo el caso del aborto por violación y el aborto social, casos en los que se privilegia los sentimientos y las condiciones materiales de las mujeres antes que la protección del ser en formación.
 

Eventualmente, la burocracia y el procedimiento formal para obtener la autorización de interrupción del embarazo, pueden exceder el límite de los tres meses establecido para algunas de las indicaciones.

Fernando Cruz establece que los que se adhieren a este sistema, aunque admiten como regla general la protección de la vida del nasciturus, no rechazan las excepciones, cuyo contenido es mucho más amplio que las previstas para la vida humana independiente.  El menor valor que tiene en la legislación penal la vida del feto o embrión, permite ampliar significativamente las autorizaciones que legitiman la supresión de la vida del nasciturus.

 

ABORTO COMO VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA. ANÁLISIS Y COMENTARIOS
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